Los estudiantes Luis Guillermo Osorio Jaramillo, Yorman Torres Ocampo, Juan David Franco Daza, Damián Ramírez Piedrahita y Miguel Arias integrantes de la Clínica Jurídica línea de énfasis en estudios mineros, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, que coordina la profesora Diana Carolina Sánchez Zapata, presentaron el pasado 2 de octubre del 2015, una Acción Pública de Inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra del artículo 37 de la Ley 685 de 2001 "Por la cual se expide el Código de Minas", el cual consagra una prohibición legal para que ninguna autoridad regional, seccional o local pueda establecer zonas del territorio que queden transitoria o permanentemente excluidas de la minería.
En la demanda, que fue admitida por la Corte Constitucional el 30 de octubre del 2015, se argumentó por qué el artículo 37 del Código de Minas es contrario a los artículos 151 y 288 de la Constitución Colombiana, en la medida en que estos consagran una reserva especial de Ley Orgánica para la promulgación de normas que traten acerca del reparto de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, la cual fue desconocida por el Legislador al expedir dicha norma a través del trámite ordinario.
Con la presentación de esta acción se busca reabrir el debate en torno a la competencia para la regulación de usos del suelo a favor de las Entidades Territoriales y las comunidades locales, que se consideraba cerrado por muchos puesto que han existido tres pronunciamientos anteriores de la Corte declarando la exequibilidad de la norma acusada.
En el desarrollo de este proceso, la Procuraduría General de la Nación ha tomado posición conceptuando a favor de los argumentos presentados por la Clínica. A su vez, los integrantes de la Clínica Jurídica han procurado fortalecer las actividades de litigio estratégico, vinculándose con organizaciones civiles y gubernamentales interesadas en reivindicar la autonomía de las entidades territoriales y los derechos al medio ambiente y a la determinación libre del desarrollo económico y social por los territorios, tales como la Corporación Penca de Sábila, la Federación Colombiana de Municipios y el Concejo Municipal de Jardín, quienes han suscrito y remitido intervenciones públicas ante la Corte, coadyuvando las pretensiones del trabajo desarrollado por la Clínica.
Asímismo, se está preparando un escrito de solicitud de audiencia pública ante el mismo Tribunal con el que se espera fomentar un debate público y democrático en el que participen diversas organizaciones civiles y académicas, a fin de que los Magistrados puedan recopilar mas información antes de adoptar una decisión de fondo, debido a la trascendencia que tiene el tema para el interés público nacional.
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