Rendición de Cuentas 2018

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas hizo entrega del informe de su gestión durante el año 2018, el cual refleja el cumplimiento de su misión social como dependencia adscrita a una universidad pública, puesta al servicio de las regiones y del país.
Reflejando el compromiso con el cumplimiento de su misión en los ámbitos de la docencia, la investigación, la extensión, la internacionalización y el bienestar para la creación, transmisión y preservación del conocimiento y la cultura jurídico - política con respeto por la pluralidad y la inclusión social al servicio de las regiones y el país.

Además del documento que se puede encontrar en el portal universitario de la Facultad, la decanatura realizó el acto público de rendición de cuentas el lunes 10 de junio, a las 10:00 a.m. en el auditorio "Horacio Montoya Gil (10-222). Entre los principales logros, el Decano Luquegi Gil Neira destacó
varios de ellos. señaló los principales retos que viene afrontando en el 2019.

En un principio se resalta la reacreditación del pregrado de Derecho y la visita de pares designados por el Consejo Nacional de Acreditación -CNA-.que terminó con la acreditación del pregrado de Ciencia Política. Ambos contarán con esta credencial por 6 años.

Además de administrar la investigación, unos de los propósitos del Centro de Investigación es promover el fortalecimiento y la cultura de la misma. El diálogo académico y las convocatorias abiertas para presentar investigaciones de diferente índole, han sido algunas de las estrategias utilizadas para cumplir con los objetivos trazados, como son la consolidación de la investigación para la participación de la medición de grupos en Colciencias, el aumento de la participación docente
y estudiantil, y el fortalecimiento de los semilleros de investigación. También se está trabajando en la creación de un proyecto para la política de investigación que abarque a todos los grupos de la Facultad.

Decreto 600/2017, un obstáculo para acceder al derecho a la pensión de invalidez para las víctimas del conflicto.

Raúl Alberto Arbeláez tenía 28 años cuando perdió su mano derecha junto con el 100 por ciento de la capacidad auditiva en su oído izquierdo y el 50 en el derecho. El domingo 27 de febrero de 2005, camino hacia otra jornada de trabajar la tierra del Carmen de Viboral, lo último que pensó encontrarse
cuando ese artefacto plateado que reposaba sobre el verde suelo del Oriente llamó su atención, era una bomba sin detonar. No llegó a trabajar ese día, tampoco volvió a trabajar como antes.

Según el mandato de la Sentencia C-767 de 2014, Raúl, como otras tantas personas que vieron comprometido un 50% o más de su capacidad laboral en sucesos relacionados el conflicto armado colombiano, tiene derecho a una pensión de invalidez subsidiada por el Sistema General de Pensiones, que tiene como objetivo "garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se determinan en la presente ley” (Artículo 10 de la Ley 100 de 1993), incluidas las contingencias generadas directa o indirectamente por lo acaecido en el marco del conflicto, siempre y cuando carezca de otras posibilidades pensionales y de atención en salud”

A pesar del mandato de la sentencia, su cumplimiento no era eficaz y conociendo la situación de vulneración y desventaja material y moral de las víctimas, en 2015, el área de salud y seguridad en el trabajo del laboratorio de la Facultad Nacional de Salud Pública y el Centro de Atención a Víctimas del Consultorio Jurídico Guillermo Peña Alzate, co-formularon el proyecto Valoración de la Pérdida de Capacidad Laboral en personas en víctimas del conflicto armado financiado por el Banco Universitario para Programas y Proyectos de Extensión (BUPPE). Su fin ha sido el de acompañar a las víctimas en situación de discapacidad en la búsqueda de la garantía del acceso a la pensión de
invalidez, brindando información previa al examen pericial de gran certeza y sin costo.

Hasta la expedición del Decreto 600 de 2017, era posible realizarse en la EPS o en Colpensiones una evaluación que determinara el porcentaje de pérdida o merma de la capacidad laboral para acceder a una pensión de invalidez; dictamen que podía ser apelado en distintas instancias judiciales, y en caso de superar el 50% materializar la protección del derecho irrenunciable a la seguridad social de las víctimas en situación de discapacidad y de sus sobrevivientes, resarciéndoles en parte, la calidad de vida que habían perdido en un conflicto del que no eran responsables.

Reflexiones sobre la Reforma Pensional en Colombia: Cátedra Abierta en Seguridad Social

Las últimas dos sesiones de la Cátedra Abierta en Seguridad Social fueron celebradas el 25 de abril y el 30 de mayo. Debates y Perspectivas de la Reforma Pensional en Colombia y Perspectivas, Retos y Alternativas de la Reforma Pensional en Colombia fueron los nombres de estas reuniones en las que participaron docentes, estudiantes, abogados, economistas, y representantes a la cámara.

El presente artículo aspira ser un recuento de lo compartido por los ponentes invitados durante las charlas de esas tardes.

Debates y perspectivas de la Reforma Pensional en Colombia 

La profesora Carolina Montoya Londoño, Abogada de la Universidad de Antioquia; y Bryam Monsalve Jaramillo, estudiante de último semestre en Derecho y miembro del Semillero de Seguridad Social de la UdeA, se encargaron de la primera de estas charlas. Primero se habló de la manera en que funciona el Sistema General de Pensiones y la necesidad que hay de una reforma al régimen dual que existe desde 1993 con la creación de la Ley 100 donde se encuentran dos tipos de fondos; el régimen de ahorro individual con seguridad-RAIS- (privados), y el régimen de prima media -RPM- (estatal).

De los 6 millones de pensionados que hay en la actualidad, tan solo 1,5 millones reciben una pensión completa y el 50% restante solo recibe un aporte de BEPS o Colombia Mayor. Si bien estas dos últimas constituyen una ayuda, no se pueden considerar como una pensión, pues los aportes son insuficientes. Por ejemplo, los 150.000 pesos bimensuales que ofrece el consorcio a quienes no alcanzaron una pensión real.

Algunas problemáticas del sistema pensional son por ejemplo que: el 65% de quienes se encuentra cotizando hoy, sólo podrá aspirar a BEPS, el gobierno da más de lo que recibe, lo cual viene generando un déficit en Colpensiones que crece con los años, en el RAIS las mujeres son
vapuleadas puesto que su expectativa de vida es más alta, alarga la edad del cálculo de la pensión y se reduce su mesada pensional, fuera de que tiene menos años para cotizar la misma cantidad de semanas.

El cálculo de pensión es diferente entre regímenes, mientras en Colpensiones los salarios más altos van reduciendo el porcentaje de la pensión, en el RAIS se calcula basándose en la expectativa de vida; se prometió que entre más capital se tenga, la pensión llegaría con mayor facilidad pero esto no se ha dado. Lo anterior se traduce en el traslado masivo de personas a Colpensiones, por la alta demanda el proceso ha sido lento y lleno de demandas lo que deja una sensación de inseguridad jurídica.

El BID, la OCDE, Fedesarrollo, ANIF, Asofondos y diversas entidades financieras vienen estudiando y proponiendo los cambios que consideran necesarios para que el sistema general de pensiones funcione y sea sostenible en el futuro. Cada organización realizó una propuesta diferente, entre las cuales se destacan algunas:
-Pensión mínima para todos: si cumplió mínimo 1150 semanas a pesar del capital, el estado debe responder (BID)
-Aumentar edad de Pensión (Fedesarrollo,ANIF)
-Cerrar el Régimen de prima media (OCDE, ANIF, Asofondos)
-Que la pensión de sobrevivientes por muerte del pensio-
nado disminuya al 75% del valor de la mesada (ANIF)
-Unificar la tasa de cotización al 18%(Fedesarrollo).

Perspectivas, Retos y Alternativas de la Reforma Pensional en Colombia

La del 30 de mayo fue una cátedra especial. Además de ser la última del pasado periodo académico, fue la encargada de recoger las conclusiones de las sesiones realizadas a lo largo del semestre pasado. La mesa de invitados estaba compuesta por el abogado José Domingo Ramírez, el Representante a la Cámara, integrante de la Comisión Séptima Jorge Alberto Gómez; y el economista Eric Alberto Orgulloso.

Para el profesor José Domingo, la reforma que protagonizan los famosos BEPs (Beneficios Económicos Periódicos) tiende a disminuir las posibilidades reales de acceso a la seguridad social en pensiones, a través de la eliminación del fondo público Colpensiones y también considera que una verdadera alternativa sería fortalecer el Fondo de Solidaridad Pensional, una subcuenta de la nación administrada por el Consorcio Colombia Mayor y adscrito tanto a Colpensiones como al Ministerio del Trabajo.

Lo anterior para dar subsidio a las cotizaciones para que, llegada la edad de pensión, todo aquel que registre el mínimo de semanas cotizadas contempladas por la ley (1300), tenga acceso a una pensión de un salario mínimo como está establecido constitucionalmente.
La solidaridad institucionalizada -que es lo que significa Estado Social de Derecho- no cuesta más dinero. Infortunadamente, lo que sí cuesta más dinero son La corrupción y el mal diseño de la administración de pensiones” declaró el Especialista en Seguridad Social. También denunció que las AFPs, creadas por la ley 100 de 1993, obtiene sumas de dinero que son colocadas en el mercado a tasas del 25 o 26% efectivo anual promedio, se pagan rendimientos al beneficiario de la pensión por un total de 7 u 8%, y el dinero restante queda en las Administradoras de Fondos de Pensión.

Parecida es la opinión del Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia Jorge Gómez quien descarta la idea de una “bomba pensional” y más bien contempla la incapacidad para pensionar personas. Él hablaba de un 70% de personas en edad de pensionarse que no pueden acceder a una pensión. “luego se inventaron los Fondos Privados de Pensiones, donde sólo se pensiona
aquel que logra ahorrar durante su vida laboral recursos suficientes para que los rendimientos del ahorro le acumulen unos intereses que le permitan vivir, esto es una deformidad de lo que constitucionalmente es una pensión”.

Una pensión es un reconocimiento que la sociedad le hace a una persona que gastó un porcentaje de su vida al servicio de la sociedad en la que habita, no sólo cotizando al sistema de pensión sino también pagando IVA, impuestos, etc. y Estado Social de Derecho tiene la obligación de sostenerla cuando ésta ya no está en edad laboral. “Este sistema debe estar basado en la solidaridad intergenera-cional, los que trabajan sostienen a los que ya no pueden trabajar”, apuntó el representante por el partido Polo Democrático Alternativo.

Ordenan otorgar la nacionalidad colombiana a niño de padres venezolanos.

Cristóbal Pérez* es un bebé de siete meses a quien la Registraduría Nacional del Estado Civil le negó el derecho a la nacionalidad colombiana porque sus padres son migrantes venezolanos en situación irregular, pero el pasado 23 de mayo, gracias a una acción de tutela se le otorgó este derecho.

Cuenta el padre del niño que debido a las persecuciones políticas y a la situación económica y social que vivía en Venezuela, decidió migrar a Colombia con su esposa el 3 de mayo de 2016. Desde ese momento comenzó a construir una nueva vida, tanto así, que el pasado 3 de octubre de 2018 nació su primer hijo, Cristóbal Pérez. Con su nacimiento empezó una disputa entre sus padres y las Notarías Séptima y Décima del círculo de Medellín y la Registraduría Especial del Estado Civil de Medellín, para que el bebé pudiera obtener su registro civil y con ello, la nacionalidad colombiana.
Los argumentos de las Notarías Séptima y Decima junto con la Registradora Especial para no realizar el registro de Cristóbal* se basan en que el estatus migratorio de sus padres es irregular y no cumplen los requisitos para otorgarle la nacionalidad (no tener un domicilio establecido ni un ánimo de permanencia etc.).

Sin embargo, el padre del niño -quien cuenta con el acompañamiento del Programa de Protección Internacional de la Universidad de Antioquía (PPI)-se opuso a esta decisión porque consideró que esta fue basada en su estado de migrante irregular y no tuvo en cuenta el análisis de asuntos de más importancia como es la protección los derechos fundamentales al reconocimiento de la personería jurídica y a la nacionalidad. Además, cualquier tecnicismo respecto al domicilio de los padres, no constituye un argumento para negarle la nacionalidad puesto que este derecho está reconocido como
fundamental, especialmente en los menores de edad.

Respondiendo a esa tutela en primera instancia, en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Registradora Especial de Medellín, las Notarías Séptima y Décima de esta ciudad, la Dirección de Asuntos Multilaterales y Asuntos Jurídicos Internacionales y la Coordinación de Nacionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 5 de abril de 2019, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín le negó la nacionalidad al menor, considerando que no se habían utilizado todos los mecanismos administrativos que se tenían para lograr inscribirlo en el Registro Civil de Nacimiento.

Cabe resaltar que el derecho a la nacionalidad está consagrado en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención America- n   na sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño donde todos coinciden en reconocer: el carácter de derecho humano de la nacionalidad, la inviolabilidad del derecho a la nacionalidad y el derecho a cambiar de nacionalidad.

La Convención de los Derechos del niño, inscribe la obligación de los estados de registrar a los niños inmediatamente después del nacimiento, de modo que puedan adquirir desde que nacen un nombre y una nacionalidad, por su parte, la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 44 que: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión...”

Recuento Debates de Coyuntura

Debates de coyuntura es el espacio gestionado desde la Facultad –y más específicamente desde el pregrado de Ciencia Política- en el que se discute sobre los más importantes temas de orden político presentes en la agenda mediática, nacional o internacional.
Desde el miércoles 24 de abril, -día en que se realizó el debate sobre Venezuela en la agenda mundial-, no se llevaba a cabo una sesión del evento q
ue reapareció el pasado 12 de junio con el tema de la guerra económica entre China y Estados Unidos. El siguiente artículo buscar ser un recuento del análisis que académicos e investigadores hacen de la coyuntura en este escenario para la discusión.

La “crisis humanitaria” en Venezuela (Abril 24)

Seis días antes de que Juan Guaidó convocara a los venezolanos a una movilización masiva en aras del “cese de la usurpación” de la democracia, en la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, María Rocío Bedoya, Marco Antonio Vélez y Javier Eduardo Sánchez se sentaron a analizar la situación del vecino país desde diferentes aristas que logran complementar el panorama que condiciona la situación de la mentada “crisis humanitaria en Venezuela” en el contexto global.

La profesora María Rocío logró identificar 4 grandes grupos de factores determinantes en el éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia: 1. los factores estructurales –relacionados con las dinámicas comerciales y fronterizas-, 2. los factores geopolíticos –sobre el aislamiento ejercido a manera de presión por los EU y la UE para provocar un cambio en el orden político, 3. los factores regionales –que tienen que ver con las relaciones propias de Venezuela con otros modelos políticos latinoamericanos-, 4. los factores coyunturales –estos son los detonantes del fenómeno migratorio y tienen que ver con las crisis sociales y económicas que vive recientemente Venezuela.

Los datos entregados por la oficina de Migración Colombia señalan que en los últimos 4 años han ingresado al país a través de las fronteras cerca de 1’300.000 migrantes venezolanos, lo anterior representa un reto gigantesco para el gobierno nacional en materia de políticas públicas y de
garantías que aún no resuelve para los mismos ciudadanos colombianos.

Entrevistas semiestructuradas realizadas por la profesora Bedoya en el marco de sus investigaciones lograron determinar que los migrantes son principalmente detractores del régimen de Nicolás Maduro y que además son pertenecientes a la clase media venezolana, profesionales y técnicos que si bien huyen de la situación de su país no se cohíben de comentar que el sistema de salud y el pago por el
trabajo en Colombia son peores que en Venezuela antes de la crisis, sin embargo, se mantienen optimistas en que el gobierno nacional dará solución a sus peticiones. Obedeciendo a los patrones migratorios de otros países hay motivos para creer que muchos de estos migrantes no retornarán a su país de origen.

El Doctor en Estudios Políticos Javier Eduardo Sánchez Segura se encargó de profundizar en los aspectos internacionales y geopolíticos que permean la situación que atraviesa Venezuela. Para Sánchez, la crisis humanitaria en Venezuela hunde sus raíces en un fenómeno progresista que busca reivindicar y nacionalizar el petróleo de los países y que encontró lugar y momento en Venezuela
durante el gobierno de Rómulo Betancourt, estos esfuerzos concluirán años después en la conformación de la Opep (Organización de países exportadores de petróleo).

Una serie de gobiernos “alcahuetas” con los intereses de empresas norteamericanas sobre los combustibles fósiles venezolanos se traducirían en un cansancio generalizado de los pueblos con sus administradores. En Venezuela, a esta respuesta al neoliberalismo y al bipartidismo se le
llamó Hugo Chávez, como en Brasil fue Lula DaSilva, en Uruguay Mujíca y en Argentina los Kirchner.

Este fenómeno contestatario coincide con el emerger de nuevas potencias mundiales como China y la recuperación del prestigio internacional perdido por Rusia a raíz de la disolución de la Unión Soviética y un detrimento político estadounidense. Lo anterior explica la reconfiguración geopolítica mundial que posiciona a China como el segundo socio más importante de los países latinoamericanos
que aún conservan la hegemonía norteamericana.

Para el profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos, Marco Antonio Vélez, la confrontación de poderes que actualmente protagoniza la situación en Venezuela es el resultado del agotamiento de ese modelo de socialismo de siglo 21, que no logró asemejarse a sus comparables en el continente –modelos socialdemócratas, dice Vélez- y que ha llevado a Estados Unidos y varios países de la Unión
Europea a crear barreras comerciales.

Conclusiones de las últimas sesiones de la Cátedra Abierta Estudios y Prácticas de la Otredad y el Poder

Entre mayo y junio del presente año finalizó el Ciclo de Interseccionalidad de la Cátedra Abierta Estudios y Prácticas de la Otredad y el Poder, espacio pensado y realizado por el semillero homónimo de nuestra Facultad. La cátedra pretende ser un escenario para dialogar y repensar “la problemática y la posibilidad de la diferencia; de los conocimientos hegemónicos subordinados, ancestrales, emergentes e insurgentes; de las Interseccionalidades (Género, Raza, Sexualidad, Clase), y de los constructos de subjetividad, memoria y pensamiento que, por un lado, pueden naturalizar el poder dominante y, por otro, transgredirlo, posibilitando comprensiones y construcciones de existencia diferentes”.


Entre estos meses se llevaron a cabo 3 conversatorios que giraron en torno a diferentes temáticas. El orden de los encuentros fue el siguiente: Cuerpos racializados dentro del sistema sexo-género, La clase en la intersección entre género y raza; y la discapacidad, una mirada desde la interseccionalidad.
El presente artículo aspira ser un recuento de lo compartido por los ponentes invitados, en las charlas de esas tardes.

RAZA/ETNIA: Cuerpos racializados dentro del sistema sexo-género (8 de mayo)

Las dos expositoras de esta sesión fueron Nancy Eliana Gallo, Psicóloga, Criminóloga, epidemióloga y además coordina el Nodo Derechos humanos y política Social del Centro de Extensión de la Facultad Nacional de Salud Pública; e Ingrid Johana Chaverra, mujer Afro y lesbiana, trabajadora social y precandidata del movimiento Estamos Listas, por la reivindicación de los Derechos de las
mujeres y población afrodescendiente.

La exposición de Nancy empezó con la proyección de un video musical del rapero Fly so High llamado “Putas y Peluqueras”, en él se tocan algunas problemáticas a las que se enfrenta las prostitutas trans; sus temores, aflicciones y los retos que encaran en una sociedad que las discrimina por ser todo lo opuesto a lo que esta determina.

“Ser negra, ser marica, ser puta” es la frase con la que la psicóloga trata de reconfigurar las palabras que históricamente han servido para denigrar a las minorías. Para Gallo asumir la afro descendencia y la sexualidad como actos conscientes sin importar si esto rompe con la heteronormatividad, constituyen actos de resistencia que valen la pena resaltar, puesto que estas categorías inter seccionales pueden significar una mayor vulnerabilidad para estas personas dentro de la sociedad.

El concepto “Interseccionalidad” fue acuñado en el año de 1989 por la abogada afro estadounidense Kimberlé Williams Crenshaw, en el marco de un caso legal con el objetivo de hacer visible la invisibilidad jurídica y las múltiples dimensiones de opresión experimentadas por las trabajadoras afro descendientes de la compañía estadounidense General Motors.

Se puede definir la Interseccionalidad como un enfoque que subraya que al género, la etnia, la clase y la orientación sexual como otras categorías sociales que, lejos de ser “naturales” o “biológicas”, son construidas y están interrelacionadas, es el estudio de las identidades sociales solapadas o intersectadas y sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación.

La teoría propone que debemos pensar en cada elemento o rasgo de una persona (género, etnia, clase, especie, discapacidad, orientación sexual, religión, casta, edad, nacionalidad, etc.) como unido de manera inextricable a los demás, para poder comprender de forma completa la propia identidad. Este marco puede usarse para comprender cómo ocurre la injusticia sistemática y la desigualdad social desde una base multidimensional.

Por su lado, Ingrid habló desde su experiencia personal lo que significa ser mujer, afro y lesbiana en un contexto cultural de características machistas como lo es pacífico y cómo hace de estos rasgos identitarios una postura política. La chocoana que desde hace 12 años vive en Medellín relató cómo el hecho de ser “afro gay” le ha traído varios retos gracias al sistema patriarcal que desde lo normativo les dicta cómo ser y cómo relacionarse, y el cómo aparecen barreras y brechas al momento
de romper con estos paradigmas.

A los 15 ya se es grande


Estrenando acreditación de alta calidad por 6 años, el pregrado de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas celebra sus 15 años.

El pregrado de Ciencia Política está cumpliendo 15 años y según su coordinadora, la Facultad tiene planeadas una serie de actividades que se realizarán en lo que queda del año para conmemorar que ya va década y media desde que la Universidad de Antioquia se la apostó por formar politólogos y politólogas, dotados de todos los elementos teóricos para desglosar y analizar los fenómenos políticos
del país y del mundo.


El día martes 7 de mayo se reunieron en el Salón Mutis del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe directivos y docentes, en un conversatorio con el Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Essex en Inglaterra, Sebastián Barros. El profesor Barros, viajó desde Argentina para compartir con nosotros su cátedra sobre Populismo en la América Latina del siglo XXI y a acompañarnos en esta

celebración. En la mesa lo acompañaron Paola Andrea Posada, coordinadora del pregrado y Gloria Naranjo Directora encargada del Instituto de Estudios Políticos.

Desde el comité de carrera se propone una reflexión en medio de las celebraciones, una reflexión que a la luz de las herramientas puestas a disposición por la teoría política nos ayudará a comprender los fenómenos y procesos que se vienen dando en américa latina y el mundo.

Por eso, complacido porque visita coincidió con esta importante celebración, el Doctor Sebastián Arrancó el conversatorio hablando sobre los debates actuales que protagonizan la discusión al interior de la teoría política, advirtiendo que se centraría exclusivamente en los fenómenos latinoamericanos, por una necesidad/deber de encontrar las particularidades propias de la región.

Entre las problemáticas esbozadas por el colega docente de la Universidad Nacional de la Patagonia figuraban las siguientes:

Los efectos populistas 

Según Barros, resultantes de una necesidad de nuevas objetividades políticas luego de finalizados varios proyectos de centroizquierda, socialismo del siglo XXI, socialdemocracias, etc. que generaron en su descenso varias demandas que los gobiernos populistas proponen resolver. El respaldo de dichas demandas provoca un cambió profundísimo del estigma que se tiene sobre el sujeto.

Las “ “nuevas” ” democracias

Nuevas, entre muchas comillas. Elegidas democráticamente las nuevas democracias son más similares a una “polioligarquía”, modelo de gobierno que, a través del consumo de medios de comunicación, por ejemplo, refuerza la idea de imposibilidad de un pueblo regido por sí mismo, sin ellos, sin la polioligarquía. De vuelta a la vieja pregunta de si las mayorías necesariamente están en lo correcto.

Violencia en sus múltiples formas

A pesar de que la violencia política es un tema ampliamente trabajado en Colombia, para el profesor Sebastián la militarización de los partidos políticos es una característica cada vez más frecuente en los gobiernos emergentes del cono sur, así como siempre ha sido una tendencia en los países latinoamericanos la violencia y la militarización de otros aspectos políticos como la
protesta social. 

Finalizada la reunión y con la promesa de ser apenas la primera de varias celebraciones, sólo queda recordar que es cada uno de los estudiantes, docentes y administrativos que con su dedicación han hecho posible que este pregrado egrese politólogos con la capacidad de aportar a la solución de las problemáticas sociales, conscientes de los fenómenos políticos, listos para generar alto impacto en la sociedad colombiana, pero sobre todo preparados para contribuir a la construcción de una democracia real y en paz. A los 15 ya se es grande.

Cinco graduandos fueron reconocidos por sus trabajos de investigación


El pasado 11 de junio la Facultad de Derecho y Ciencias políticas graduó a 79 estudiantes de los programas de pregrado y posgrado en el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo. Cinco trabajos de investigación fueron reconocidos por el Consejo de Facultad como trabajos
sobresalientes o excelentes.

La Facultad felicita a sus nuevos egresados y les desea éxitos en sus carreras profesionales. En pregrado, se graduaron 35 abogados (sede Medellín), 18 politólogos, 1 abogado de la sede de Sonsón, 13 abogados de la sede de Yarumal y cuatro abogados de la sede de Amalfi. Por su parte, en los programas de posgrado, se graduaron siete personas de las diferentes especializaciones y un magíster
en Derecho.
La ceremonia estuvo cargada de emotivos discursos del Decano Luquegi Gil Neira, la Secretaria General de la Universidad Clemencia Uribe Restrepo, y la representante de los graduandos Yeimy Leccett Tamayo Calle. Todos ellos inspiraron a los asistentes haciendo un llamado al compromiso que tienen como abogados y politólogos en Colombia, en especial en este momento histórico que atraviesa a nación.

Además, fueron reconocidos los trabajos de investigación de 5 estudiantes:

El trabajo: Leer los proyectos a la luz de la teoría de la argumentación: una propuesta para formular y valorar, presentado por el estudiante Felipe Andrés García Díaz del pregrado en Ciencia Política a quien el profesor Carlos David López Noriega y la profesora Paola Andrea Posada recomendaron dar mención especial al resaltar que “El enfoque a partir del cual se abordó el proyecto
como instrumento de planeación, permite evidenciar el carácter político del mismo, a partir de su posibilidad discursiva para mantener o producir realidades en medio de relaciones de poder. En este sentido, la argumentación se presenta en este trabajo como un instrumento que dimensiona el diseño de proyectos como la posibilidad de asumir la lectura de los problemas y plantear respuestas a los mismos, empleando argumentos elaborados desde lógicas no hegemónicas, develando las formas de poder que subyacen a las realidades sociales que se pretenden transformar a partir de los proyectos”.

La profesora Verónica María Echeverri Salazar y el profesor Jonathan Zapata Flórez, emitieron concepto sobre el trabajo de grado La resolución del contrato por incumplimiento como opción del consumidor inmobiliario, en casos de fallas estructurales en la edificación, presentado
por la estudiante Daniela Suárez Sánchez del pregrado en Derecho y recomendaron otorgarle Distinción Especial.

Los profesores resaltaron que “La estructura y desarrollo del tema evidencian un trabajo sistemático y reflexivo en la identificación de una problemática socio-jurídica de tal envergadura como es la aplicación preferente y exclusiva de las disposiciones de la Ley 1480 de 2011 al gestionarse un conflicto entre el consumidor inmobiliario y el constructor frente a las fallas en la edificación que
habría de usarse como lugar de vivienda”.

Jhon Fernando Jaramillo Taborda, del pregrado en Ciencia Política también recibió distinción especial por su trabajo de grado Cuerpo y Resistencia. Una mirada micropolítica a la experiencia trans. El profesor Edwin Jader Suaza Estrada expresó que “su trabajo de grado va más allá de una lectura de lo que en el mundo de la razón y la academia se ha caracterizado como: sexo, lo masculino, lo femenino y la micropolítica. Considera este trabajo de grado como una manifestación de libertad, algo necesario y urgente en una sociedad como la que asistimos, un acto político digno de una experiencia de aprendizaje de la política y político en una universidad pública como la nuestra”.

La profesora Carolina Orrego Fernández Sánchez también se manifestó sobre el trabajando de John Fernando expresando que “El trabajo ofrece la posibilidad de comprender la importancia que reviste el cuerpo, ofrece la posibilidad de dar a entender que el cuerpo es un espacio que se produce, que es político, que no es inmóvil o estático y que, mucho menos, es homogéneo. El cuerpo es una producción tanto individual como social, es el resultado de las resistencias y luchas que emprenden los sujetos, el cuerpo es territorio que se explora y por ende no es el resultado de un decreto desde lo biológico, por ejemplo. Es el espacio primario, por medio del cual se
conoce el mundo”.

También obtuvo distinción especial el trabajo de grado Comprensiones teóricas y empíricas sobre los sistemas locales de justicia. El caso de la localidad de Kennedy (Bogotá), presentado por la estudiante Yesica Alejandra Guzmán Sossa del pregrado en Ciencia Política. El profesor Hernando León Londoño Berrio expresó que “El problema tratado es relevante desde el punto de vista académico y político. (...) es encarado de manera seria y responsable (...); el arsenal teórico y conceptual, es interdisciplinario, en particular, informados por la ciencia política y el derecho” y el profesor Gabriel Ignacio Gómez Sánchez dijo: “La estructura diseñada para la exposición de los argumentos y la presentación de la información, permiten responder con muy buena fundamentación teórica y empírica la pregunta planteada desde un comienzo y se constituye en un valioso aporte para la reflexión sobre la política pública de los SLJ en todo el país”.

En la Maestría en Derecho, modalidad investigación, la estudiante Bibiana Patricia Salazar Restrepo recibió la Distinción Meritoria por su investigación La gestión comunitaria del agua en la municipalidad: un análisis comparado de experiencias en Envigado y el Santuario, Antioquia. La profesora Luisa Fernanda Cano Blandón resaltó que “La reflexión propuesta es relevante y novedosa, en tanto, a partir de su trabajo de campo, el texto concluye que en el departamento de Antioquia perviven las acciones colectivas en torno a la gestión comunitaria del agua para su uso doméstico y personal y concluye con algunas recomendaciones de cómo sería una ley propia para los gestores comunitarias de agua”.

El pertinente comunicado del Claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas frente a las amenazas y asesinatos de líderes sociales

El 26 de septiembre de 2016 se constituyó como un día histórico para Colombia. Luego de más de cuarenta años de conflicto armado con las Farc, se dio la firma del Acuerdo de Paz para la terminación al conflicto en medio de una intensa disputa política y polarización que a la fecha continúan siendo unos de los temas más relevantes en la agenda política nacional.

Sin embargo, la firma de estos acuerdos es solo el inicio del arduo camino que tiene la nación para alcanzar la tan anhelada paz, y si bien, estos acuerdos son considerados como un paso firme hacia ella, la implementación y el panorama nacional alertan sobre diversos peligros para
el proceso.

Sin aún empezar a implementarse en su totalidad, ya se evidencian sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contra de quienes están interesados en hacer valer lo pactado en La Habana, tanto así que a la fecha han sido asesinados 702 líderes sociales desde la
firma del acuerdo.

El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville señaló que están alarmados por el chocante número de activistas asesinados, acosados o amenazados en Colombia, y el hecho de que esta terrible tendencia parece empeorar. Colville agregó con preocupación, que algunos de ellos parecen haber sido tomados como blanco por su demanda para
que se cumplan ciertos aspectos del Acuerdo de Paz de Colombia, en particular la restitución de tierras, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y los programas de sustitución de cultivos de hoja de coca.

Una clara prueba para evidenciar la situación de lideresas y líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y de excombatientes de las FARC-EP es el informe de Derechos humanos: Todos los nombres, todos los rostros a cargo de La Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo – INDEPAZ quienes presentaron la última actualización al
informe el pasado 30 de abril de 2019.

Sobre el panorama actual de homicidios aseguran que entre estos dos grupos que requieren especial protección del Estado ha habido 837 personas asesinadas entre enero de 2016 y mayo de 2019. De esta cifra, 702 serían líderes sociales y 135, excombatientes de las Farc. Además, según las organizaciones, desde la llegada de Iván Duque a la presidencia tienen registro de 236 líderes asesinados, un repunte en las cifras en los diez meses que lleva en el cargo.

Para el Programa Somos Defensores, entre los factores determinantes para el incremento de todos los indicadores en esta materia está, por un lado, la no implementación efectiva de lo pactado en La Habana, sobre todo en materia de seguridad, y por otro, la reconfiguración del mapa de actores
armados ilegales en los territorios que antes estuvieron dominados por las Farc.

Indepaz y Marcha Patriótica publicaron el informe "Todos los nombres, todos los rostros", una radiografía de estos crímenes en el país. Allí, además de diagnosticar el problema, proponen soluciones al gobierno.

Según el informe, los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos tienen un factor geográfico. Entre el 1° de enero y el 22 de mayo del 2019 se han presentado 88 asesinatos en 55 municipios, mientras que en el 2018 hubo 282 asesinatos en 138 de municipios. Para Indepaz, en el 2017 y en el 2016 los departamentos donde más se registraron estos crímenes fueron Cauca, Nariño y Antioquia.

Otro factor determinante, para las organizaciones, es la identidad de las víctimas. De los 702 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, la mayoría pertenecían a minorías y comunidades rurales. Desde la firma del Acuerdo, 499 víctimas de homicidios han sido
líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y comunales. Los crímenes también tendrían una relación con la construcción de género. De los 702 asesinatos registrados, 604 víctimas fueron hombres y 98 mujeres.

Entre los activistas que son blanco de violencia y defienden las más diversas causas, se encuentran líderes de la comunidad afrocolombiana, de los indígenas, de los campesinos, de los LGBTI y por los derechos de las mujeres. También han caído colombianos que se han alzado en defensa del medio ambiente y contra la explotación irresponsable de recursos naturales, así como periodistas y políticos por sus denuncias. Es así que los líderes comunitarios parecen los más perseguidos y representan siete de cada 10 asesinados.

El movimiento Marcha Patriótica, que también participa como autor del informe, asegura que 200 de sus integrantes han sido asesinados desde su creación. De estos, 77 casos han ocurrido desde la firma del Acuerdo. Según el movimiento, en 20 de los 32 departamentos de Colombia se han presentado homicidios en contra de sus integrantes.

Un mapa que hoy incluye entre sus actores a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Puntilleros, los Pachenca, los Caparrapos, el Frente Oliver Sinisterra, Los Pachely, el Eln y el Epl, entre muchos otros. La diversificación de los grupos armados ilegales dificulta, además, la identificación de los responsables de las agresiones a líderes.

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas entre las 20 mejores de Latinoamérica


La agencia internacional Quacquarelli Symonds, QS, evaluó para este año a 1.222 universidades de 153 países en cinco áreas del conocimiento para el ranking general y 48 disciplinas o temáticas específicas en el ranking por materias. Según la agencia, el objetivo es clasificar y resaltar las fortalezas de las universidades alrededor del mundo en diferentes disciplinas, para que los futuros
estudiantes puedan identificar las más importantes en su campo elegido.

El Ranking QS es el encargado de clasificar las mejores universidades del mundo, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas ingresa por primera vez entre las 20 mejores de Latinoamérica y la Universidad de Antioquía ocupa el puesto 15 de la región. Para la creación de este escalafón se tienen en cuenta los votos de más de 83.000 académicos de acuerdo con su campo de especialización, así como 42.000 votos de empleadores globales en todos los sectores e industrias.

Además, se considera el Índice H de prestigio y productividad científica que se calcula a partir de las citaciones que recibe un investigador y la cantidad de publicaciones que ha realizado. Por último se reconoce la citación por documentos en Scopus, una base de datos de citas y resúmenes de literatura, revisada por pares de investigaciones en ciencia, tecnología, medicina, entre otros.

En el escalafón por materias, la Facultad aparece en el puesto 19 en América Latina y en el 376 a nivel mundial, además se ubica como la tercera mejor dentro de la Universidad de Antioquia, solo detrás de Lenguas Modernas y Agricultura-Silvicultura. El Alma Máter, sigue posicionándose en la región; en el 2019 se encuentra en el puesto 15, superando el escalafón 17 de 2018 y el y el 22 del 2017.

El Vicerrector, Sergio Cristancho Marulanda, expresó que el objetivo principal de la Universidad no es obtener buenos puestos en los rankings, pero que estos, sirven entre otras cosas, para observar cómo es valorado el esfuerzo que se hace en la investigación en un entorno local, nacional e internacional. «Allí se ve reflejado el fruto de un esfuerzo institucional de largo aliento, porque creemos que la apuesta por la investigación además mejora la calidad de la educación y genera un mayor impacto en el entorno social y económico del país, debido a los procesos de transferencia de tecnología e innovación», destacó Cristancho Marulanda.

El Decano de la Facultad, Luquegi Gil Neira, concuerda con el Vicerrector, en que el objetivo de la Universidad no es el de clasificar en rankings, pero resalta la importancia de tener una visibilidad a nivel nacional e internacional del trabajo diario de estudiantes y docentes, así como la relevancia de tener un impacto a partir de lo que se publica, investiga, forma y expresa en sus diferentes contenidos. «Este ranking demuestra que está siendo valorado externamente su trabajo», expresó, Gil Neira.

En Apartadó ya hay Consultorio Jurídico de la Udea

En Apartadó se inauguró una sede del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que pretende atender y asesorar, de manera gratuita, a la mayor cantidad de personas posible en la región del Urabá.

Ya pasó un mes desde que se inauguró la oficina del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia sede Apartadó. La ceremonia se llevó a cabo en la alcaldía del municipio, lugar en el que durante marzo los estudiantes del séptimo semestre de derecho de la sede Carepa, brindaron asesoría jurídica gratuita a los habitantes del Urabá.

En Apartadó se encuentran concentrados la mayor y más diversa cantidad de juzgados de la zona, es por eso y por su centralidad en la región que se convierte en un punto estratégico para la regionalización, además de la disposición de la administración para contribuir con los requisitos mínimos del Consultorio para su funcionamiento.

Hasta a Apartadó llegaron el Decano de la Facultad, Luquegui Gil Neira; la Jefe del Departamento de Prácticas y Consultorio Jurídico, Águeda Torres; el Coordinador de Prácticas en Regiones, Juan Felipe Vallejo y el Coordinador del Pregrado en Regiones, Cristian Guardia. Allí fueron recibidos por el Director de la Seccional Urabá, Jorge Quiroz Ortega y por el Alcalde del municipio, Gonzalo Giraldo Aguirre, junto con los cerca de 34 nuevos practicantes y los 4 asesores de la práctica.

Este espacio es posible gracias a un convenio realizado por la Alcaldía y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que consiste en el préstamo de las instalaciones a cambio del servicio social que la universidad facilita a través de sus practicantes. Para Cristian Guardia la importancia del proyecto radica en que desde la Universidad se haga una labor por la sociedad a la vez que los estudiantes de la
Facultad toman cancha y completan una etapa en su desarrollo como abogados. Así mismo anotó que, si bien, la oficina se encuentra ubicada en la alcaldía, el servicio y la autonomía siguen siendo exclusivos de la Universidad y de la Facultad.

Desde el Consejo de Facultad se medita la posibilidad de volver a Caucasia, municipio al que hace 15 años llegó por primera vez la regionalización del pregrado de Derecho, así como se adelantan intentos para llevar hasta las regiones al de Ciencia Política. El programa está proyectado para durar 5 semestres, hasta que las dos cohortes abiertas en la sede de Carepa culminen su ciclo académico.

Sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia no satisface las demandas de los habitantes de la vereda Granizal de Bello

Las soluciones dictadas por TAA obligan al municipio de Bello y a EPM a proveer de agua potable y a manejar los residuos sólidos de los habitantes de la vereda Granizal, pero no a adelantar procesos para la construcción de un sistema de acueducto y alcantarillado.

La vereda Granizal del municipio de Bello es el asentamiento de población desplazada más grande de Antioquia y el segundo más grande del país, superado únicamente por Altos de Cazuca en Soacha. Se estima que su número de habitantes se eleva hasta los 25.000 y desde su fundación en la década de 1995 ha tenido una problemática relacionada con el suministro de agua potable y el manejo de residuos sólidos.

La población se abastece gracias a un complejo de mangueras que toma el líquido de una intervención artesanal a la tubería que c
onduce el agua de la represa Piedras Blancas a la Planta de tratamiento de Agua Potable en Villa Hermosa.
El análisis microbiológico y físicoquímico presentado como prueba pericial en la demanda interpuesta por habitantes de los sectores Manantiales y El Pinar, arrojó alta presencia de coliformes totales y de E. Coli, bacterias que comprometen seriamente la salud de quien las ingiere, entre otros factores como el precario tratamiento de las aguas residuales.

El Consultorio Jurídico Guillermo Peña Alzáte desde hace varios años viene trabajando con la comunidad de la vereda Granizal por el derecho al agua potable y al resto de derechos fundamentales que de este se desprenden. El mes pasado, el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió la Sentencia No S4-008, en la cual se reconoce la vulneración de los derechos e intereses colectivos de los sectores Manantiales de Paz y El Pinar de la vereda Granizal de Bello, sin embargo, no se dictan medidas certeras que estén dirigidas hacia una solución de fondo.