La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia realizaron la socialización de los hallazgos de las investigaciones Criminalización secundaria y desplazamiento Forzado en el barrio La Honda, que se concentra en la operación militar Estrella VI, en la comuna 3 y Balance de balances sobre desplazamiento forzado intraurbano en Medellín y dicha comuna. Con el propósito de aportar a la paz territorial urbana y la paz total se escucharon distintas voces y perspectivas de ciudad de representantes del sector académico, entes gubernamentales, líderes y lideresas.
Para Ana Victoria Vásquez Cárdenas, Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, estas investigaciones contribuyen al conocimiento sobre el conflicto armado en la región. Permiten indagar sobre lo ocurrido, acercar a la academia con las comunidades y acercar a la Justicia Especial para la Paz a la Universidad. En este sentido, comenta que, “estamos contribuyendo de manera decidida y comprometida desde nuestros saberes y ejercicios académicos e investigativos a los acuerdos de paz”.
Estas investigaciones centran su atención en una problemática olvidada, los barrios que tuvieron proceso de constitución mientras hubo conflicto armado en el país, como lo fue la Cruz y la Honda. Como comentó el director del Instituto de Estudios Políticos, Juan Carlos Arenas Gómez: “fueron tiempos de migración en medio de la guerra y marcó las formas en las que se constituyeron las organizaciones y tejidos sociales barriales”
En el marco de las operaciones militares que se dieron entre el 2002 y el 2003, el desplazamiento forzado en Medellín incrementó considerablemente. La operación Orión constituyó un modelo de recuperación del control estatal, con el objetivo de recuperar el control territorial en barrios con presencia de guerrillas.
La Operación Estrella VI fue presentada como una continuación de Orión. Desde el 13 de enero del 2003, la comuna 3, Manrique, vivió tres días de operativos donde la Fuerza Pública capturó a 68 personas sindicadas de participar en los delitos de rebelión, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y homicidio, etc., etc. Además de las operaciones militares, la población que arribó a la Cruz y a La Honda después de haber sufrido el destierro por causas asociadas al conflicto armado, vivieron desalojos de los distintos asentamientos de la ciudad de Medellín. Sobre las personas desplazadas internas se proyectaron discursos que las estigmatizaron y a los propios territorios que llegaron a habitar, especialmente en las zonas donde se activaron procesos de organización social para agrupar a la población desplazada y para reivindicar sus derechos a habitar la ciudad de Medellín.
Para la representante del Proceso Memorias Colectivas y Paz Territorial de Manrique nororiental, Claudia Rengifo, Estrella VI hoy muestra, “la paramilitarización de la que fuimos objeto y con estos la estigmatización, persecución y violencia política ejercidas a las ONG locales, las organizaciones sociales, comunitarias y de víctimas desplazadas”.
Criminalización y desplazamiento forzado
Diana Patricia Arias Holguín, una de las investigadoras principales del proyecto de Criminalización secundaria y desplazamiento forzado en el barrio La Honda (Medellín), que abordó el tema la operación militar Estrella VI, manifestó que se hizo una lectura sobre el modo en que la criminalización secundaria recayó sobre las personas desplazadas, a quienes se les desestimaron sus luchas y reivindicaciones por una vida en equidad y dignidad. “Antes de nombrar a las personas de los asentamientos como víctimas del conflicto armado, las personas desplazadas forzosamente fueron etiquetadas primero como invasoras y después como criminales".
La investigación fue adelantada por un equipo interdisciplinario conformado por investigadoras e investigadores de los grupos de Derecho y Sociedad, Estudios Internacionales: Derecho, Economía, Política y Relaciones Internacionales, ambos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el Grupo de Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos, todo ellos de la Universidad de Antioquia y el Grupo Ratio Juris de la Universidad Autónoma Latinoamericana y el Colectivo Raíces.
Para Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, la investigación es importante porque parte de la voz de las personas afectadas y ayuda al esclarecimiento histórico y la lucha por la verdad. “El informe hace un análisis del papel de la justicia, ya no solamente es una justicia de impunidad, sino desde la justicia que persigue, que estigmatiza, que la ciudadanía le tiene miedo”, dice la investigadora.
Este informe lo presentaron en tres documentos descriptivos. El primero fue el análisis de 245 noticias seleccionadas de la prensa entre los años 2002 al 2004. El segundo es la descripción del expediente judicial del proceso penal de los capturados en el operativo, y el tercero, son cinco entrevistas de personas que vivieron la operación en diversos roles.
De esto se pudo evidenciar que los periódicos privilegiaban la voz oficial de las autoridades locales y no contrastaban la información con la comunidad afectada. Además, la participación en acciones colectivas para la integración social influía en la decisión de criminalización de los capturados; observando una relación entre ser víctima de desplazamiento forzado con ser miembro de grupos guerrilleros.
La problemática del desplazamiento forzado se agravó luego de los operativos militares que vivió Medellín. La estigmatización de las personas desplazadas internas y el daño territorial que vivieron, está relacionado con la manera en la que el Estado y la justicia omite sus responsabilidades y deja de lado las comunidades de las periferias.
Por su parte el informe del proyecto Balance de balances sobre desplazamiento forzado intraurbano en Medellín y la comuna 3, coordinado por Gloria Naranjo y Clara Atehortúa, más allá de analizar la Estrella VI, busca la defensa del territorio, procurando el derecho a la ciudad como respuesta al daño territorial del que han sido víctimas los habitantes de la comuna 3, Manrique. El proyecto busca la mirada territorial donde las víctimas, pobladores, comunidades y barrios sean los que cuenten lo que viene pasando con respecto al enfoque de daños territoriales, resistencias y reparación.
En el evento estuvo presente de manera virtual La Jurisdicción Especial para la Paz. El magistrado Oscar Parra, quien ha documentado el desplazamiento forzado y su funcionamiento, comentó que estos informes son cruciales para las tareas que adelanta la JEP, en el macrocaso 08 que investiga los crímenes de la fuerza pública.
“Este tipo de informes, queremos cruzarlos con otros informes para mirar el mejor camino que cobije la mayor cantidad de casos y operaciones en el marco del análisis del desplazamiento intraurbano en Medellín”, comentó el magistrado.
Agregó que han documentado, con la visualización de estos informes, la forma como se genera estigmatización y persecución contra organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, asentamientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como pobladores urbanos de barrios populares. Mostrando que sectores sociales y comunidades completas fueron señalados como integrantes de las guerrillas, simplemente por su rol social o por habitar los territorios.
Octubre 5 de 2023
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