Departamento de Prácticas busca apoyo por el inminente impacto negativo de resoluciones de la Unidad de la Víctima

El Programa de Atención a Víctimas de la Violencia convocó a la institucionalidad en pleno y la intervención de la Corte Constitucional, a través de su sala de seguimiento, ante el anuncio de notificación masiva de resoluciones de la Atención y Reparación Integral de las Víctimas –UARIV.

Adicionalmente por decisión de la Directora del Departamento de Prácticas, Águeda Torres, se propuso a la Red de Consultorios y Centros de Conciliación de Antioquia solicitar la intervención de la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional y buscar sinergias con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, los personeros municipales y la Unidad Permanente para la Protección de los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, para el apoyo que requerirán las víctimas que sean notificadas de las decisiones.

“Con la notificación masiva en Antioquia de unas cien mil resoluciones por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, anunciada por esa entidad, podría presentarse una situación de revictimización para cientos de familias que ven satisfechos sus derechos gracias a los programas de la entidad”, advirtió el coordinador del Centro de Atención a Víctimas, Jaime Agudelo, quien explicó que cualquiera que sea la causa de las resoluciones, de ser contrarias a las víctimas “la ausencia de asesoría profesional en materia jurídica impactará de manera negativa sus derechos fundamentales, porque se verán obligados a recibir asesorías de los “tramitadores”, quienes hacen de esta situación un negocio, advirtiendo que en su mayoría son personas que no cuentan con la formación profesional para realizar asesoría jurídica, y esto se produce en razón de decisiones administrativas de la UARIV”.

Señaló que muchos de los actos administrativos que se notificarán a las víctimas, pueden contener decisiones de suspensión de entrega de ayudas humanitarias, pese a continuar el estado de vulnerabilidad de las víctimas, con lo cual se desconocería el desarrollo que la Corte Constitucional le ha dado a esos temas, e incluso implicarían una regresión en el alcance y garantía de los derechos de ellas.

“Ha de recordarse que, en principio, el bajo nivel de formación académica de las víctimas –25% no tienen ningún nivel de escolaridad y el 30% solo primaria – y su desconocimiento específico de los mecanismos jurídicos para la garantía de sus derechos los hacen aún más susceptibles de la violación de sus derechos fundamentales, y para el caso específico, no les permitirían a ellos mismos hacer uso o instaurar los recursos y en ese sentido, quedarían esas situaciones jurídicas consolidadas, lo que implicaría, como única opción para los afectados, acudir a la Acción de Tutela, siendo este el último mecanismo para la protección de sus derechos fundamentales; lo que de paso ocasionaría una mayor congestión del sistema judicial”, enfatizó el profesor Agudelo.