De acuerdo con las exposiciones y planteamientos dentro del evento, al que asistieron más de 100 personas por sesión, los esfuerzos del Gobierno Nacional para garantizar los derechos de las víctimas resultan insuficientes y el problema en vez de disminuir, va en aumento. De cinco millones de víctimas de desplazamiento forzado hace dos años, hoy se tienen registradas ocho millones, lo que demuestra que la violencia en el país se ha recrudecido.
El encuentro logró reunir a altos funcionarios del Gobierno Nacional como Iris Marín, de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas y Diana Mendieta, de la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, así como representantes del sector académico.
El trabajo del CAV en estos 10 años
El programa de Atención Jurídica a las Víctimas de la Violencia –CAV- adscrito al Departamento de Prácticas y Consultorio Jurídico “Guillermo Peña Alzate” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ha beneficiado hasta la fecha, a cerca de 15 mil personas que han buscado asesoría socio jurídica para reclamar el cumplimiento de sus derechos fundamentales; siendo las mujeres las que más reclaman apoyo.
El CAV nació el 30 de agosto de 2005, por una propuesta de la ACNUR e ILSA –hoy Opción Legal-, para atender las necesidades de la población desplazada, cuya situación de vulneración a sus derechos humanos quedó evidenciada con la Sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucionales por tratarse de “la más grave tragedia humanitaria que afronta el país”.
Precisamente, desde esa fecha hasta hoy han acompañado el trabajo de asesoría socio jurídica cinco docentes asesores y 15 auxiliares y cerca de 300 practicantes del programa de Derecho a quienes en los últimos semestres se han sumado estudiantes de los pregrados de Ciencia Política y Sicología de la Universidad de Antioquia.
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