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| Ilustración: Samuel Tabares. |
Por: Leonardo Álvarez Arango - Periodista Comunicaciones Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Las apps gubernamentales para rastrear casos de covid-19 y las medidas estatales para flexibilizar el uso y transferencia de datos personales, prometen utilidad en el manejo epidemiológico. Pese a ello, sus límites y el tratamiento futuro de la información de los ciudadanos generan cuestionamientos.
Las apps gubernamentales para rastrear casos de covid-19 y las medidas estatales para flexibilizar el uso y transferencia de datos personales, prometen utilidad en el manejo epidemiológico. Pese a ello, sus límites y el tratamiento futuro de la información de los ciudadanos generan cuestionamientos.
La mayoría de los gobiernos del mundo han desarrollado herramientas tecnológicas para obtener y gestionar mayores y mejores datos que permitan contener, en el menor tiempo posible, el fenómeno sanitario por la covid-19 que enfrenta hoy el planeta.
La agencia estadounidense Centros para el Control y Prevención de Enfermedades —CDC por sus sigla en inglés—, recientemente recalcó que las herramientas virtuales mejoran la eficiencia y la precisión del manejo de los datos, así como la automatización de tareas. Sin embargo, esa garantía no convence a muchas organizaciones, expertos y ciudadanos que temen que, con la excusa de la emergencia sanitaria, los Gobiernos abran una puerta que resulte difícil volver a cerrar una vez se supere la pandemia, dejando expuesta la garantía de libertades fundamentales.
Según el informe Digital 2020 —publicado en abril por la agencia británica We are social— el 67 % de la población mundial usa teléfonos móviles. El dato evidencia cómo estos aparatos resultan claves en la interacción con los ciudadanos en el contexto de la pandemia. En buena medida, gracias al uso de tales herramientas, China, el país donde se originó el virus, posee ahora menos casos de contagiados que Estados Unidos y que varios países europeos. Sin embargo, su sistema de control ha sido criticado de forma constante por diversos grupos de derechos humanos y activistas del campo digital.
El Gobierno francés, por su parte, puso en marcha StopCovid, una aplicación de rastreo de contagios que, si alguien da positivo, inmediatamente alerta a quienes lo tuvieron cerca. Las autoridades insisten en el carácter anónimo y voluntario en el uso de esta app, y pese a que contó con la aprobación de la Comisión Nacional de Informática y Libertades, las voces críticas han señalado posibles inseguridades ante piratas, discriminación y la posibilidad de que el Gobierno francés perpetúe su uso para futuros controles.
El caso CoronApp
El Gobierno colombiano también dispuso de CoronApp, aplicación para teléfonos inteligentes que busca mitigar los alcances de la pandemia. Para John Freddy Duitama Muñoz —profesor de gestión y procesamiento de grandes conjuntos de datos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia—, «no se debe partir de la idea de una mala fe para el uso de estas plataformas, pues han demostrado ser de utilidad».
A través de CoronApp se promete detectar y monitorear casos, focalizar contagios y controlar la expansión del virus, para lo que pide a quien la descarga de manera voluntaria en su celular registrar nombre, identificación y teléfono de contacto, así como permiso para acceder a su ubicación.
El Gobierno nacional no solo ha explicado que toda esa información entregada por los usuarios está encriptada y protegida por la Ley de Habeas Data, sino que su uso, también, hará parte exclusiva del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, únicamente manejada por el Instituto Nacional de Salud. La aplicación —que se acerca a los nueve millones de usuarios—, incorporó, incluso, un «texto autorización de suministro de información a aseguradoras de salud», y un formulario en el que el usuario define con cuáles entidades de apoyo autoriza compartir la información que entrega en la app.
Pese a ello, como en otros países, no se han hecho esperar los llamados de alerta por la finalidad que podrían tener los datos recogidos de los ciudadanos, no solo mediante CoronApp sino también en otras acciones del manejo de la pandemia. Bernardita Pérez Restrepo —abogada constitucionalista y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia— explicó que, durante la emergencia sanitaria, las facultades especiales le han permitido al Poder Ejecutivo tomar algunas medidas en las que la protección de los datos y la privacidad pueden estar en alto riesgo.
Las medidas, básicamente, permiten que las entidades públicas tengan acceso a información personal de los ciudadanos sin su permiso. Por ejemplo, mediante una circular emitida el 23 de marzo por la Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— se autorizó a los operadores de telefonía móvil suministrar datos personales de los usuarios a entidades públicas. La circular se sustenta en la Ley de Protección de Datos Personales, que establece que las emergencias médicas y sanitarias son uno de los casos en los que no es necesaria la autorización del ciudadano para el tratamiento de sus datos.
También se suspendió la promesa de confidencialidad estadística, permitiéndole al Departamento Administrativo Nacional de Estadística —Dane—, entregar a las entidades del Estado que la soliciten información individualizada de los censos y encuestas, sin el consentimiento de los encuestados.
Escéptico sobre la utilidad de recoger tantos datos, César Caballero —politólogo, gerente de Cifras & Conceptos y exdirector del Dane—, señaló que hay cuestionamientos que todavía no tienen claridades, como por ejemplo, a cuáles entidades gubernamentales les compartirán información los operadores telefónicos, CoronApp y el Dane; cuánto tiempo tendrán acceso a la información esas entidades; qué pasará con esta cuando se acabe la emergencia; cuáles son los objetivos específicos de los datos para enfrentar la emergencia; y qué otros datos está recolectando CoronApp además de los que reportan los usuarios.
El profesor Duitama, por su parte, señaló que, pese a la utilidad de estas herramientas y de los datos, las medidas que las rodean requieren una supervisión mayor, tanto legal como técnica. «Es necesario poner límites a lo que realmente se necesita y particularmente tener todas las salvaguardias para evitar abusos con esta información», dijo.
Más allá de los asuntos técnicos, la profesora Pérez Restrepo advirtió también que «la pandemia podría normalizar el uso de instrumentos tecnológicos de vigilancia masiva y las medidas de excepción tomadas bajo el estado de emergencia podrían quedarse más tiempo con cualquier excusa, pues el poder sin control suele ser abusivo». Para ella, esto podría abrir las puertas a formas permanentes de espionaje, incluso más invasivas en el futuro.
Medellín desarrolló la plataforma Medellín Me Cuida, para conocer información detallada de los hogares paisas, prevenir el contagio y poder actuar rápidamente ante algún caso de la enfermedad. Recientemente una ciudadana resultó favorecida ante una acción de tutela contra la Alcaldía de Medellín, alegando que se vulneraban sus derechos a la intimidad, habeas data y trabajo, por lo que el Juzgado 45 Penal Municipal con función de conocimiento le ordenó al municipio que efectúe únicamente el registro en la plataforma de los datos de identificación personal y laboral necesarios.
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