«... Colombia puede convertirse en brújula moral y en líder de la nueva ingeniería social que exigen nuestras complejas sociedades contemporáneas. La integración plena no es una utopía sino una realidad al alcance
de la mano que depende de tomar las decisiones correctas.»
El pasado 22 de febrero, el Gobierno de Colombia anunció la firma del decreto que permitirá la regularización de más de 2 millones de migrantes venezolanos. Esta decisión ha sido recibida de manera muy positiva por Naciones Unidas, movimientos a favor de los Derechos Humanos, el Gobierno de España, la Iglesia Católica, entre otras muchas instituciones políticas y sociales. Recientemente, la Administración de Biden ha puesto en marcha una medida similar inspirada en la tomada por Colombia. De manera contraria a la de la mayoría de organismos internacionales, el Gobierno de Venezuela ha calificado el decreto colombiano como una mera payasería.
Los firmantes de este artículo, que han participado en el proceso de revisión y comentarios al borrador del nuevo decreto a través del Programa de Protección Internacional de la Universidad de Antioquia, consideran, sin duda alguna, que esta norma supone una importante acción humanitaria para abordar un contexto de migración masiva proveniente de Venezuela y además constituye un hito en un mundo globalizado que se ha caracterizado por lógicas de expulsión y de divergencia durante las dos últimas décadas. Sin embargo, también entendemos que es importante abrir espacios de reflexión que permitan identificar los aciertos y los posibles desafíos de dicha norma, ya que apreciamos que el ruido mediático, la polarización política y las amplias facultades ejecutivas otorgadas a Migración Colombia en la implementación del decreto, pueden conducirnos a una desafortunada distorsión de las oportunidades que la nueva norma posibilitará.
En sus elementos fundamentales y constituyentes el nuevo decreto otorga, siguiendo un conjunto de criterios muy específicos, la posibilidad de que la población proveniente de Venezuela pueda acceder a la regularización de su estatus migratorio, lo que a su vez repercute en la oportunidad de acceso en condiciones de igualdad al derecho a la salud, a la educación y al trabajo, entre otros derechos fundamentales. Este acceso se garantiza a través de un sistema de protección temporal de 10 años de duración.
El marco temporal de 10 años sumará para acreditar la permanencia en Colombia en relación con los efectos de la acumulación del tiempo requerido con el fin de solicitar una visa de residente (párrafo 1, Artículo 11, Decreto 216 de 2021). Es preciso resaltar que este hecho no conlleva la adquisición de la nacionalidad colombiana y, por ende, del derecho al voto. No obstante, la nueva norma supone un avance progresista sobre todo teniendo en cuenta que la población migrante en Colombia es la segunda mayor del mundo en número tras la comunidad refugiada actualmente en Turquía. Al mismo tiempo resulta crucial entender que la norma, insistimos de carácter progresista, es difícil que tenga éxito por sí misma a no ser que en su desarrollo se efectúen medidas concretas que conlleven la integración factual de estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión.Por tanto, es imprescindible comprender que la regularización no es sinónimo de integración y que, para que la plena integración sea un hecho, el Gobierno de Colombia se va a encontrar con dos retos muy complejos. Por un lado, los niveles de xenofobia van a seguir subiendo a corto plazo en un país que presenta aún estructuras socio-económicas precarias. Para mitigar los efectos de la narrativa cultural xenófoba no sólo bastará con la difusión de la metáfora conceptual de que “regularizar es seguridad” presente de manera destacada en el texto de la norma y que infiere un sesgo inconsciente a priori en el que el migrante es asimilado a nociones de criminalidad, sino que además será necesario invertir recursos en campañas de atención a la diversidad de manera multidireccional en el ámbito educativo, cultural y comunicativo incluyendo a las comunidades de acogida en todos estos espacios y programas.
Por otro lado, el Gobierno de Colombia tiene el desafío por delante de asegurar que la ejecución y desarrollo de la norma a nivel de control de fronteras y de procedimientos administrativos no quede desvirtuada por una aplicación de facto que desincentive o desinforme a la población vulnerable en los procesos burocráticos para conformar su correcta regularización. En este sentido, el Gobierno de Colombia deberá reforzar la inspección y la implementación de la norma estando muy encima de que los órganos competentes cumplan satisfactoriamente con los trámites establecidos.
Finalmente, es necesario realizar una pedagogía clara y estratégica sobre las razones por las que las personas refugiadas, que se han visto obligadas a salir de Venezuela, requieren de acciones de protección urgentes y duraderas, que les permitan, al igual que a los migrantes, integrarse y desarrollar un proyecto de vida en el país de acogida. En este sentido, creemos que una posible manera de reducir las barreras de acceso a derechos de esta población podría centrarse en promover procesos más expeditos y accesibles para reconocer el estatus de refugiado en Colombia.
En una época marcada por la mercantilización del odio, Colombia ha tenido la valentía de ir a contracorriente. La importancia histórica de esta medida en este momento requiere de audacia en el desarrollo de la norma. Hay más de un millón de razones para asegurar un desarrollo de este decreto que esté a la altura de los principios humanitarios y solidarios que han estado presentes tanto en su escritura como en su revisión.
La inercia de las administraciones migratorias y el empuje de las narrativas culturales xenófobas deben superarse anteponiendo los Derechos Humanos a la especulación política. Colombia puede convertirse en brújula moral y en líder de la nueva ingeniería social que exigen nuestras complejas sociedades contemporáneas. La integración plena no es una utopía sino una realidad al alcance de la mano que depende de tomar las decisiones correctas.
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Este escrito se presenta, a propósito del conversatorio: Un café por la integración, Migración y regularización: más allá del Estatuto Temporal de Protección, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA y la Presidencia de la República.
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