Granizal sigue esperando respuestas efectivas y a largo plazo

El 20 de febrero de 2020, la Sección Primera del Consejo de Estado obligó a la Alcaldía de Bello y EPM a iniciar los estudios de factibilidad que permitan la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado en la vereda Granizal, además de una correcta prestación de los servicios públicos independientemente de las dificultades técnicas, jurídicas, físicas o de legalidad de la zona y ratificó algunas órdenes del Tribunal Administrativo de Antioquia. Sin embargo, no ha habido un cumplimiento en términos generales de las órdenes dictadas por estas instancias.

Granizal es el segundo asentamiento humano más grande del país, el estimado de su población superaría las 25.000 personas. El proceso de ocupación comenzó a mediados de los noventa y a medida que crecía el asentamiento, los mismos habitantes hicieron sus propias redes artesanales de acueducto con una intervención a la tubería que conduce el agua de la represa Piedras Blancas a la Planta de tratamiento de Agua Potable de Villa Hermosa.

Debido a la falta de agua potable y las consecuencias salubridad pública del consumo de agua no tratada, un grupo de habitantes de Granizal se acercó al Consultorio Jurídico Guillermo Peña Alzate, que trabajó de manera conjunta con dichas personas para presentar una acción popular por el derecho al agua ante el Tribunal Administrativo de Antioquia en noviembre de 2015, que fue impugnado en 2019 y un fallo favorable en segunda instancia por parte del Consejo de Estado en febrero de 2020

Entre las órdenes que dictaron el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia se encuentran: hacer un correcto proceso de recolección de las basuras, llevar a cabo campañas de educación sanitaria, ejecutar un censo poblacional y realizar los estudios de factibilidad para la instalación de redes de acueducto y alcantarillado, para su posterior implementación.

Además, entre las conclusiones del fallo del Consejo de Estado se lee: “Independientemente de las dificultades advertidas, de la legalidad o la ubicación del predio donde se requiere el suministro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, las autoridades están en la obligación de garantizar la prestación de los mismos, a través de cualquier medio idóneo como medida provisional o alternativa para resolver las necesidades básicas insatisfechas de las personas”.

Sin embargo, Alexandra Fernández profesora del consultorio jurídico y de Derecho de la Universidad de Antioquia, cuenta que son muy pocos los avances en el cumplimiento de dichas órdenes, lo que quedó evidenciado en la audiencia de verificación del 5 de febrero de 2021. “La conclusión de la audiencia es que no se le ha dado cumplimiento al fallo, hay cosas en las que se ha avanzado, pero ha sido poco. En cuanto a las entidades, todas le han echado la culpa de los retrasos a la pandemia, sobre todo la Alcaldía y EPM, aunque esta última sí ha hecho muchas cosas incluso con la medida provisional para llevar agua potable a la vereda”, cuenta Fernández.

EPM comenzó a llevar agua a la vereda en carrotanques después de que un juez de Medellín diera respuesta a una acción de tutela que buscaba garantizar la protección de los derechos fundamentales de los habitantes de la vereda Granizal. Pero esta decisión no se dio a raíz del fallo del Consejo de Estado, sino por la tutela que presentaron miembros del consultorio jurídico en mayo de 2020 y que sigue en pie debido a la emergencia sanitaria mundial.

Además de los dos carrotanques que llevan agua a Granizal todos los días, a la fecha se han instalado más de 56 tanques estacionarios. Esto permite que todos los habitantes de la vereda puedan abastecerse de agua, recogiéndola en bidones, baldes y bolsas plásticas.

Jaime Agudelo, profesor del consultorio jurídico y de Derecho de la Universidad de Antioquia resalta que “hay que considerar la acción de tutela que se hizo el año pasado y no solo la acción popular, como medidas judiciales complementarias. Si fuera solamente por la acción popular la gente todavía no tendría agua, excepto dos sectores que sería Manantiales y El Pinar, pero la acción de tutela ha logrado que todos los sectores de la vereda puedan gozar de agua potable”.

Tanto Jaime Agudelo como Alexandra Fernández concuerdan con que la pandemia anticipó los procesos, así EPM ejecutó una manera de llevar agua provisionalmente a la vereda y debido a la necesidad de tener unas vías de acceso adecuadas para los carrotanques, la Alcaldía de Bello ha intervenido 3 3 kilómetros de la vía, para que el agua pueda ser llevada hasta lugares donde estos vehículos no podían llegar por las malas condiciones de la misma.

Si bien este es un gran avance para el cumplimiento del derecho al acceso al agua como garantía de una vida digna, Jaime Gómez, profesor de Medicina de la Universidad de Antioquia y quien ha acompañado a la comunidad de la vereda desde procesos académicos, sociales y de salubridad cuenta que “el impacto no va a ser definitivo mientras el agua no entre a las canillas de las casas Por esto, es necesario continuar con el proceso de verificación de cumplimiento de las órdenes dictadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado para que los habitantes de la vereda Granizal puedan condiciones de vida digna.