No se logró acuerdo en la Audiencia de Pacto de Cumplimiento en la que, de acuerdo con la norma sobre acciones populares, se buscó que las partes llegaran a un consenso respecto de las pretensiones y terminar de manera anticipada el proceso. En el caso concreto de la vereda Granizal de Bello, lo que se pide en la demanda es la construcción de un sistema de acueducto y alcantarillado para los sectores de Manantiales y el Pinar.
En la audiencia, la parte demandante planteó la necesidad que tiene la comunidad de un sistema de saneamiento acorde con las especificaciones básicas que garanticen los derechos colectivos a la salubridad, al acceso a un sistema de acueducto y alcantarillado y el derecho al agua potable para los habitantes de Granizal, entre otros.
Por su parte, los apoderados de los demandados, es decir, el Municipio de Bello, las Empresas Públicas de Medellín, el Departamento de Antioquia y el Ministerio de Vivienda y el Viceministerio del Agua y Saneamiento Básico, mantuvieron su postura cuando contestaron la demanda de Acción Popular.
El Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Antioquia, insistieron en no proponer acuerdo, argumentando no tener legitimación por pasiva en la causa.
A su vez, Empresas Públicas de Medellín planteó estar dispuesta a hacer la inversión correspondiente en Granizal, siempre y cuando el municipio de Bello regularice la propiedad, debido a que la vereda es habitada por poseedores y no por propietarios; establezca un nuevo uso del suelo, lo cual se logra a través de la reforma al POT; realice intervenciones para la mitigación del riesgo en la zona y se tengan los estudios de factibilidad que determinen que el terreno es apto para la construcción de las redes.
El apoderado del Municipio de Bello, señaló que de parte del alcalde no se haría ninguna propuesta de conciliación, porque faltan los estudios detallados del uso del suelo; la vereda no tiene las condiciones geotécnicas para desarrollar la obra; tampoco existe la viabilidad técnica, económica y financiera para hacerlo y porque los predios no están legalizados.
Durante la audiencia que encabezó el magistrado Gonzalo Javier Zambrano Velandia, además de los apoderados de las partes, intervinieron la Procuradora Ambiental y Agraria de Antioquia, Fanny Henríquez Gallo y la Defensora del Pueblo, Gloria Elena Blandón Velásquez como coadyuvante en el proceso. Esta última llamó la atención a los demandados para no seguir dilatando el cumplimiento de los derechos de las personas habitantes de la vereda Granizal.
En su intervención, la Defensora del Pueblo señaló que tanto el Ministerio de Vivienda, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, como la Gobernación de Antioquia, tienen obligaciones económicas para con la comunidad de Granizal, e instó al municipio de Bello a hacer las reformas correspondientes al Plan de Ordenamiento Territorial e incluir las partidas que correspondan en el Plan de Desarrollo local, para comenzar a solucionar los problemas de salubridad de la población de Granizal.
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