Los profesores de las facultades de Salud Pública, Derecho, Ingeniería y Economía pretenden realizar un análisis crítico de las políticas públicas adoptadas por el país para conjurar la crisis; crear un consultorio jurídico virtual que atienda las inquietudes sobre garantías de derechos de la ciudadanía y analizar los impactos socioeconómicos de la pandemia en materia de derechos laborales y seguridad social.
El Observatorio que se generó con la iniciativa de la Facultad Nacional de Salud Pública, se propone ofrecer, recopilar e interpretar información relevante sobre los derechos laborales y de la seguridad social en Colombia en el contexto del Coronavirus, que le permita ofrecer respuestas de intervención social ante los impactos que genera esta contingencia y producir información necesaria para la toma de decisiones, enfocados del Estado Social y Democrático de Derecho cimentado en la Constitución Política vigente.
Lo anterior le dio pertinencia a la realización del foro virtual Sobre El Decreto 538 de 2020: Un Golpe a Las IPS Y a los Trabajadores de la Salud, con el objetivo de analizar de manera crítica y propositiva dicho decreto en relación a la prestación de servicios de salud para pacientes afectados por el covid-19, La protección de las garantías laborales del personal de la salud y la atención del covid-19 en el ámbito del aseguramiento en salud.
Moderado por la Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, María Rocío Bedoya, el foro puso bajo la lupa el controvertido decreto desde las perspectivas de la Bacterióloga, Salubrista y Bioeticista, Mónica María Lopera; la Abogada María Isabel Lopera y el Médico y Magíster en salud ocupacional, Mario Quiroz Palacio.
Para los docentes, el decreto 538 que en teoría adopta medidas en el sector salud, para contener la pandemia y garantizar la prestación de los servicios de salud, profundiza algunas inequidades preexistentes y no protege al personal de la salud, como lo ameritan la crisis y algunos tratados internacionales.
Argumentan que la crisis en el sistema de salud no es reciente y está relacionada con la política neoliberal aplicada en los últimos 27 años, pues se ha desprotegido el sector público con la des financiación de los hospitales públicos, la flexibilización del trabajo, y la precarización laboral del personal de la salud, señalando una posible crisis del capitalismo, que, a su vez, da cuenta de las profundas inequidades del país.
La crítica principal a este decreto, se centra en la sobreprotección otorgada a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la imposición de cargas a las Instituciones Prestadoras de Servicios. En otras palabras, se cuestiona que las responsabilidades que se le asignan las IPS son desproporcionadas frente a la capacidad instalada y el desfinanciamiento que aquejan.
Actualmente, el país registra cerca de 17.000 contagiados por el Covid-19, incluidos más de 400 profesionales de la salud que se están enfrentando a la enfermedad sin muchas de las herramientas necesarias. Ante este riesgo La Organización Internacional del Trabajo ha aconsejado mejorar las condiciones laborales del personal formal e informal de la salud, consideraciones que debería fomentar las acciones de prevención en el decreto 538. Es lógico que se debe aumentar la capacidad instalada de la salud, lo cual, también implica un compromiso de arrancar la acción del virus en todos los sectores de la población, sobre todo en quienes lo enfrentan diariamente.
La OIT también sugiere designar apoyos inmediatos a la población trabajadora informal y empresas medianas y pequeñas. Los expositores argumentan que el decreto debería provocar acciones inmediatas en contención, mitigación y prevención, por parte de la academia, la empresa privada y el Estado, pues el covid-19 solo terminará en el momento de conseguir la inmunidad o recibir la vacuna. Por ello, es inminente la necesidad de incrementar la capacidad instalada del sistema de salud, protegiendo a sus trabajadores, estimulando la economía, respetando las garantías laborales y mitigando los impactos negativos que puedan influir en una recuperación rápida y sostenida. Finalmente, la profesora María Isabel Insta a los trabajadores de la salud para que conozcan sus derechos y no desfallezcan.
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