Acercar la justicia a las personas con discapacidad auditiva

Seña de "inclusión" por Ana María Valencia

El Consultorio Jurídico Guillermo Peña Alzate de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia contará con la asesoría de un docente sordo, para sensibilizar a profesores y estudiantes en materia de inclusión, y acercarle a la población sorda el acceso a la justicia, inclusive si no se comunica mediante la Lengua de Señas Colombiana.

Con la intención de ampliar la atención y la sensibilidad en materia de discapacidad, para la igualdad y la no discriminación, el Programa de Atención a Personas con Discapacidad del Consultorio Jurídico, viene trabajando en este compromiso de acercar la justicia a la población con algún tipo de discapacidad, en este caso auditiva. 

Por un lado, Anyela María Rodríguez Tachack, Ginna Esmeralda Cardona Gómez, Jhonatan Arley Rendón Moreno, Judith Elena Ortiz Blanco y Leidy Natalia Villa Restrepo, docentes del Consultorio, se han formado en el Diplomado de Lengua de Señas colombianas que oferta la Vicerrectoría de Extensión en la Universidad, con el profesor Anderson Valle Rúa.

Sin embargo, existe una diferencia significativa entre aprender la Lengua de Señas colombiana y ser intérprete de la misma, lo que llevó a la implementación de un plan piloto desde el inicio del semestre 2020-único, que se ofrece desde el Consultorio Jurídico Guillermo Peña Alzate. 

Primero se contrató a Ana María Valencia Zapata, una intérprete en Lengua de Señas colombiana quién realizó su formación en la Asociación Antioqueña de Personas Sordas–ASANSO– para eliminar la barrera comunicativa entre personas sordas que soliciten servicios jurídicos con los estudiantes y profesores oyentes que les atienden.

Esta intérprete que acompaña este proceso desde la ejecución de su piloto a inicios del 2020, resalta que es necesario tener contacto con personas sordas y conocerlas para entender su cultura e identidad, pues es una lengua viso-gesto-espacial, tridimensional y ágrafa, “los principales errores de este servicio se dan en la comprensión del español. Hay que poseer conciencia metalingüística, es decir, estar apropiados del contexto para ser exitosos en la interpretación de una segunda lengua. Se debe acercar a la cultura y a la comunidad sorda para tener elementos contextuales y pragmáticos, pues poseen una forma diferente a nosotros para relacionarse, habitar y concebir el mundo” señala. 

Según el Instituto Nacional para Sordos–INSOR– en Colombia viven más de 554.718 personas con discapacidad auditiva o sordera. Por su parte, Antioquia aporta cerca de 74.452 ciudadanos, es decir un 13,44% del total del país y se configura como la segunda región que más población sorda acoge, después de Bogotá (16,44%).

Con el piloto, que ahora es un proyecto en ejecución, se logró identificar que si bien fueron fructíferos los esfuerzos colectivos de la Decanatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y el Departamento de Prácticas y Consultorio Jurídico, para contar con una intérprete de Lengua de Señas Colombianas (LSC), Era necesario contar con una Persona Sorda para la enseñanza de su propia lengua a profesores y estudiantes y para acercarlos a su cultura; además para reforzar la sensibilización a los académicos y la atención a la población sorda, ya que en algunas oportunidades estos no son usuarios de la LSC.

Es así como se decidió que dada la necesidad de contar con una persona que conociera en primera persona las necesidades comunicativas de la población sorda para acceder a la justicia, y además, ofrecer más herramientas al equipo académico que les asesora,  se contratara a una persona sorda acreditada por ASANSO para impartir sus conocimientos tanto en LSC como en Lengua y Cultura, pues la comunicación entre población sorda presenta variaciones de diversa índole según el contexto de cada persona. 

El equipo encargado de la implementación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, está compuesto por las docentes Anyela Tachak y Ana María Valencia, quienes trabajan semestralmente con estudiantes de Derecho que se inscriben a la práctica y de Licenciatura en Educación Especial de la Facultad de Educación, quienes atienden a la población con algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial

La profesora Laura Portilla Ferrer, quien antes estuvo al frente del programa de discapacidad en el Consultorio, menciona que de manera errada se ha entendido que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones jurídicamente relevantes y, por lo tanto, los sistemas jurídicos autorizan la sustitución de la capacidad jurídica y designan a una tercera persona para que tome decisiones por la persona con discapacidad, pero la Ley 1996 de 2019, acogiéndose al Artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad,  establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad.

Históricamente, la población sorda ha enfrentado múltiples barreras para acceder a sus derechos fundamentales como la educación, la salud y la justicia. Con la ratificación por parte de Colombia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, la entrada en vigencia de la Ley 1618 de 2013 y la expedición del Documento Conpes 166 de 2013, Política pública nacional de discapacidad en inclusión social, surgieron una serie de obligaciones tanto para el Estado colombiano como para la sociedad en general, que se orientan a la adopción de las medidas necesarias para garantizar el goce los mismos derechos, servicios y oportunidades que los demás.

Según la Guía de atención a las personas con discapacidad en el acceso a la justicia, creada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y del Derecho, entre los principales obstáculos para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad se encuentran los estereotipos sociales y las creencias culturales que contemplan a las personas con discapacidad bajo el concepto de minusvalía y que hacen presuponer la ausencia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, “es por esta razón que es de suma importancia realizar los ajustes razonables para que toda persona, sin importar su condición pueda acceder a sus derechos, en este caso a la justicia”, concluyó.

De esta forma este proceso promete acortar las barreras de la población sorda en Antioquia para acceder a la justicia, pues se sensibilizará a la comunidad académica, se estudiará la implementación de nuevas señas para el contexto jurídico y se asesorará a la población sorda en su primera lengua.