«... las cifras establecidas por la JEP, aunque fácilmente pueden ser confundidas con las de cualquier dictadura latinoamericana del siglo pasado, contribuyen al esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y sin duda reflejan lo execrable de una política de Estado que repudió la vida humana...»
“La discusión que se plantea desde los sectores del uribismo respecto al número de casos, pone la atención en el árbol para olvidar el bosque; es decir, aunque por supuesto el número de víctimas mortales es importante y da cuenta del nivel de cosificación de la población civil en la guerra, el fondo de la discusión está precisamente en que la práctica sistemática de este crimen fue alentada por la política de Seguridad Democrática (…)”
En días pasados, la Jurisdicción Especial para la Paz — JEP — dio a conocer a través del Auto 033 del 12 de febrero de 2021, la estrategia de priorización dentro del Caso 03, “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” o como se reconocen eufemísticamente “falsos positivos”. El auto en cuestión ha generado una fuerte polémica nacional a causa del número de víctimas fatales que estableció el alto tribunal de paz para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, con un total de 6402 casos; cifra casi tres veces mayor a la presentada por la Fiscalía General de la Nación, que en su momento reportó a la JEP un total de 2248 casos entre los años 1988 y 2014.
Esta abrumadora diferencia, fue presentada por la JEP después de la contrastación de los distintos informes recibidos por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, los cuales le permitieron concluir que aproximadamente el 78% de la victimización histórica de este crimen se presentó mientras se desarrollaba la política de Seguridad Democrática instituida por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez; esto es, entre los años 2002 y 2008, con una especial concentración de casos entre los años 2006 y 2008; cifras que pueden seguir aumentando, al menos según lo manifestado en el susodicho auto.
Ahora bien, el número de casos referidos por el alto tribunal en dicho lapso no es otra cosa más que la reafirmación por parte de una autoridad judicial de lo que ya muchos sectores del país han denunciado, que la política de Seguridad Democrática aumentó de forma dramática una de las prácticas más monstruosas que se ejecutaron en medio del conflicto armado colombiano.
Como se sabe, la Seguridad Democrática valoró a la fuerza pública por el número de “bajas” propiciadas a grupos armados ilegales, estableciendo diferentes recompensas institucionales para el efecto: dinero, ascensos, honores, condecoraciones, vacaciones, entre otros. Este fue sin duda el combustible que terminó con la vida de miles de civiles y que sea dicho de paso, alentó la criminalización de la pobreza, puesto que la mayoría de las víctimas pertenecía a los grupos más vulnerables y marginales del país.
Y si añadimos a esta dolorosa ecuación el número de bajas en combate para este mismo periodo, 13992, a la cual se refiere el mismo expresidente en sus redes sociales, estaríamos ante una realidad desgarradora, y es que el 47,3% de estas pérdidas humanas en la guerra corresponde a civiles inocentes; es decir, casi la mitad de las “bajas” reportadas por el entonces Gobierno Nacional fueron fabricadas en el marco de un total desprecio por los derechos humanos.
Ya la misma Fiscalía General de la Nación en su oportunidad confirmaba lo abominable de esta política de Estado (aunque en menor medida por sus números), puesto de los 2248 casos reportados por el ente acusador, el 59,3% se dieron entre los años 2006 y 2008. Ahora, la discusión que se plantea desde los sectores del uribismo respecto al número de casos, pone la atención en el árbol para olvidar el bosque; es decir, aunque por supuesto el número de víctimas mortales es importante y da cuenta del nivel de cosificación de la población civil en la guerra, el fondo de la discusión está precisamente en que la práctica sistemática de este crimen fue alentada por la política de Seguridad Democrática, lo cual se excluye de la discusión para evadir responsabilidades, llegando al absurdo de defender los datos de la fiscalía, incluso a pesar de lo macabros que son por sí solos.
De lo anterior se entiende el odio visceral que a diario manifiestan ciertos sectores del uribismo en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz, incluso al punto de proponer su eliminación. Es claro que no les resulta cómodo que constantemente se revelen hechos de esta dimensión que exhiben, recuerdan y ponen en la escena nacional e internacional las atrocidades de una política que los enorgullece por sus resultados contundentes en contra de los “grupos armados ilegales”; una política que realmente fue cimentada sobre la vida de miles de inocentes y el sufrimiento de sus familias, un triste ejemplo de lo que pudiera denominarse terrorismo de Estado.
Es precisamente en esta línea que pueden observarse discursos disímiles y contradictorios, pues mientras por una parte el presidente Iván Duque pide a la comunidad internacional dejar la indiferencia ante 'crímenes atroces' cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en el caso de los “falsos positivos” ha salido a exigir a la JEP, como si se tratará de un reproche a los datos revelados, una verificación caso por caso; en pocas palabras, que pruebe cada uno de los 6402 crímenes informados, en un claro apoyo al líder de su partido y en detrimento de las víctimas.
La apariencia de triunfo y elevada confianza que mostró en los medios de comunicación como un logro de la política de Seguridad Democrática no era más que la escenografía de un campo de batalla ficticio en el que sus actores principales eran privados de su libertad y condenados a pena de muerte en condiciones de indefensión, con el único propósito de enviar un mensaje político de victoria y salvación que al día de hoy todavía hace eco en los ciudadanos desprevenidos y que brinda réditos electorales (paradójicamente, aunque la cuarta parte de las 6402 víctimas mortales informadas por la JEP se presentan solo en Antioquia, este departamento se destaca por sus mayorías “uribistas”).
Finalmente, lo cierto es que las cifras establecidas por la JEP, aunque fácilmente pueden ser confundidas con las de cualquier dictadura latinoamericana del siglo pasado, contribuyen al esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y sin duda reflejan lo execrable de una política de Estado que repudió la vida humana y demostró una vez más que “ponerle precio a la muerte siempre conlleva a cosificar la condición humana y aniquilar el valor de la vida” (Hernando Londoño).
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