Raúl Alberto Arbeláez tenía 28 años cuando perdió su mano derecha junto con el 100 por ciento de la capacidad auditiva en su oído izquierdo y el 50 en el derecho. El domingo 27 de febrero de 2005, camino hacia otra jornada de trabajar la tierra del Carmen de Viboral, lo último que pensó encontrarse
cuando ese artefacto plateado que reposaba sobre el verde suelo del Oriente llamó su atención, era una bomba sin detonar. No llegó a trabajar ese día, tampoco volvió a trabajar como antes.
Según el mandato de la Sentencia C-767 de 2014, Raúl, como otras tantas personas que vieron comprometido un 50% o más de su capacidad laboral en sucesos relacionados el conflicto armado colombiano, tiene derecho a una pensión de invalidez subsidiada por el Sistema General de Pensiones, que tiene como objetivo "garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley” (Artículo 10 de la Ley 100 de 1993), incluidas las contingencias generadas directa o indirectamente por lo acaecido en el marco del conflicto, siempre y cuando carezca de otras posibilidades pensionales y de atención en salud”
