Hace algo más de un año se podía percibir en el ambiente una tensión derivada
de las movilizaciones y el paro promovido por los profesores y secundado por
los estudiantes de las Universidades Públicas de todo el país. El movimiento,
aunque en un principio era en defensa de las condiciones laborales y salariales
de los docentes, fue más allá de las preocupaciones que tenía el gremio docente
de las universidades públicas, puesto que todos los estamentos de las
instituciones son conscientes de que el desfalco que sufre la educación deja
una mella algo más grande.El espectro de la problemática se puede rastrear
hasta la adopción de la Ley 30 de 1992, ley que prometía ser el verdugo de la
educación superior pública desde un principio por concebirla como “servicio
público”. Si bien la Sentencia T-068 de 2012 de la Corte Constitucional
sostiene que “la naturaleza de derecho fundamental del derecho a la educación
superior, contiene dentro de su núcleo esencial la garantía de que su goce
efectivo está a cargo del estado”, en 2018 el panorama planteaba una situación
muy distinta.
