Departamento de Prácticas y Consultorio Jurídico “Guillermo Peña Alzate” Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia
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Autonomía territorial en la minería, un debate jurídico y político vigente
Publicado originalmente en el periódico Alma Máter N° 675
Por Carolina Sánchez
En la actualidad, estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que participaron en la acción de inconstitucionalidad del artículo 37 del Código de Minas adelatan un proyecto de investigación próximo a culminar, y que tiene relación con el análisis de la sentencia C-273 de 2016, enfocado al caso de un territorio particular, el municipio de Támesis. El propósito es identificar cuáles son los lineamientos de formación jurídico política básica para las comunidades y para las autoridades territoriales que podrían existir a partir de dicha sentencia.
Por Carolina Sánchez
La Facultad participó del foro "La integridad en la formación de los abogados. Compromiso de las facultades de Derecho"
El Consultorio Jurídico Rural iniciará actividades
Este semestre se matricularon 47 estudiantes en esta modalidad de práctica obligatoria que busca “brindar educación y asistencia jurídica gratuita a las comunidades de escasos recursos económicos, especialmente a su población rural”. Cada quince días y hasta el fin de semana del 23 y 24 de junio, se desplazarán tres estudiantes a la sede de atención dispuesta en cada municipio, acompañados por uno de los asesores.
Reconocimiento al programa de prácticas Qirisia Qawai
Este un programa de prácticas sociojurídico en el que participan estudiantes de Derecho y de Ciencia Política de la Facultad.
La Facultad forma líderes indígenas en San Lorenzo
El Consultorio jurídico llega a Marinilla
Clínica Jurídica emite concepto sobre proyecto en Cocorná
Por solicitud del Colectivo Ambiental Cocorná Consciente y del Concejo Municipal, la Clínica Jurídica en la línea de estudios sobre minería asistió a una sesión donde se analizó un proyecto de Acuerdo a través del cual se busca prohibir la minería y el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en el territorio.
A propósito, la Clínica emitió un concepto en donde se analiza la vocación económica del Municipio de Cocorná, su esquema de ordenamiento territorial y presenta las reglas jurisprudenciales recientes a partir de las cuales se afirma la autonomía territorial para la regulación de los usos del suelo. Esto en un municipio donde hay mucha expectativa por los títulos mineros y por el desarrollo de microcentrales eléctricas. A su vez, el concepto recomendó un procedimiento para la expedición del Acuerdo municipal en ese sentido.
A este encuentro, realizado el 16 de mayo en las instalaciones del Concejo, asistieron los estudiantes Juan Pablo Restrepo Ruíz, Santiago Valencia, Bernardo Andrés Gómez y David Carazo Parra, quienes han venido trabajando en las otras actividades de la Clínica jurídica, que han tenido una relevancia nacional.
Diana Carolina Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica en la línea de estudios sobre minería, comenta que a través de ejercicios y actividades como esta “la Facultad de proyecta en la sociedad, lo que es muy importante en términos de apropiación social del conocimiento”, esto después de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 37 del Código de Minas, en donde, añade la profesora, “se ha buscado acompañar a la comunidad y a las autoridades locales a través de ejercicios de formación política y jurídica básica a través de los cuales puedan apropiarse de los mecanismos de participación y del conocimiento del ámbito de sus competencias”.
A propósito, la Clínica emitió un concepto en donde se analiza la vocación económica del Municipio de Cocorná, su esquema de ordenamiento territorial y presenta las reglas jurisprudenciales recientes a partir de las cuales se afirma la autonomía territorial para la regulación de los usos del suelo. Esto en un municipio donde hay mucha expectativa por los títulos mineros y por el desarrollo de microcentrales eléctricas. A su vez, el concepto recomendó un procedimiento para la expedición del Acuerdo municipal en ese sentido.
A este encuentro, realizado el 16 de mayo en las instalaciones del Concejo, asistieron los estudiantes Juan Pablo Restrepo Ruíz, Santiago Valencia, Bernardo Andrés Gómez y David Carazo Parra, quienes han venido trabajando en las otras actividades de la Clínica jurídica, que han tenido una relevancia nacional.
Diana Carolina Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica en la línea de estudios sobre minería, comenta que a través de ejercicios y actividades como esta “la Facultad de proyecta en la sociedad, lo que es muy importante en términos de apropiación social del conocimiento”, esto después de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 37 del Código de Minas, en donde, añade la profesora, “se ha buscado acompañar a la comunidad y a las autoridades locales a través de ejercicios de formación política y jurídica básica a través de los cuales puedan apropiarse de los mecanismos de participación y del conocimiento del ámbito de sus competencias”.
1NNOV4: Innovación e impacto social más allá del bloque 14
Por iniciativa de la Práctica en identificación, formulación y gestión de proyectos, con el apoyo de Consultorio Jurídico Guillermo Peña Alzate y la Unidad de innovación de la Universidad de Antioquia, se llevó a cabo el 9 de mayo la feria de servicios 1NNOV4 “Más allá del 14” - Proyectando saberes, la cual tuvo como objetivo dar a conocer en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas la importancia de la innovación social como paradigma a través del cual es posible pensar la satisfacción de las necesidades sociales así como aportar a la transformación de las problemáticas y a la resolución de conflictos, para de este modo comprender cómo se articula la innovación social en disciplinas como el Derecho y la Ciencia Política.
Una de las actividades principales de este evento fue la disposición de toldos, donde se ubicaron grupos de investigación, semilleros y centros de práctica de la Facultad, tanto de Derecho como de Ciencia Política y a través de estos se proporcionaba información a los interesados acerca de los contenidos que trabajaban, sus enfoques determinados y sus logros.
En total se contó con la participación de 12 stands, donde cada semillero, grupo de investigación y centro de práctica exponía de manera creativa sus contenidos, logros obtenidos, aportes a la Facultad y proyectos futuros; decorando el toldo de una manera llamativa. De este modo, se realizó un concurso al mejor toldo en el cual se tenía en cuenta no solo la creatividad, sino también la atención a las personas que se acercaban con alguna inquietud y la forma como lograron exponer de manera concreta sus objetivos.
Así, se realizó una premiación a tres toldos. En primer lugar, el semillero de investigación Estudios Críticos sobre Democracia, en cabeza de la profesora María Dolly Cuartas. En segundo lugar, el semillero de debate Lexis, a cargo del profesor Ramón Salazar y, en tercer lugar, el Observatorio de Derechos Humanos, quienes vinieron a participar desde la sede de Sonsón, Antioquia.
En esta feria se buscó visibilizar la diversidad que existe en torno a la oferta que posee nuestra Facultad en materia de investigación y extensión y mostrar a toda la comunidad universitaria, cómo en el bloque 14 se realizan procesos de innovación social desde cada uno de los servicios que se ofrecen y que tienen un impacto real en la sociedad, más allá del mismo bloque o la Universidad.
En el desarrollo del evento se realizó un foro acerca del tema de la innovación social, donde se contó con la participación del profesor Pablo Patiño Grajales, ex vicerrector de extensión; del concejal de Medellín Jaime Cuartas Ochoa, impulsor de la política de innovación en la ciudad y Carlos David Noriega, profesor de la Facultad, el cual estuvo moderado por Ana Lucía Pérez Patiño, directora del programa de Gestión Tecnológica de la Universidad de Antioquia, donde se pudo, al finalizar la jornada, compartir con el público alrededor de las preguntas que éste formuló.Encuentro de Saberes: una feria de conocimiento y experiencias
Este encuentro, organizado por el Departamento de Prácticas de la Facultad, contó con paneles temáticos sobre temas Inclusión y diversidad, Violencias, Educación y formación, Políticas Públicas, Asuntos Procesales y Asuntos Contractuales; en los cuales se habló a profundidad sobre estos proyectos expuestos y sobre los demás grupos de prácticas de la Facultad.
Uno de estos grupos fue el de Experiencias significativas en torno a la mediación escolar en la I.E. John F. Kennedy de Itagüí, el cual, cuentan sus integrantes, fue una experiencia enriquecedora tanto para los estudiantes de la institución educativa, como para los que hicieron parte del grupo, quienes expresaron que el ejercicio con ellos comienza desde una “especie de traducción de los lineamientos legales, para que pudieran llegar a percibir el conflicto como un elemento de estudio y análisis, lo que en un principio puede ser complicado para ellos pero con el tiempo lo asumen de una forma muy llamativa”.
Este proceso deja como resultado el que los estudiantes adquirieran de cierta forma, a la manera de ellos, la aprehensión del concepto de conflicto y las posibilidades de medicación de este.
Finalmente, Manuel Darío Cardona Quiceno, uno de los practicantes del grupo, rescata que “algo muy valioso fue que se pudo coordinar entre todos, ya que teníamos una amplia disponibilidad para coordinar metodologías, compartir con los estudiantes, crear dinámicas para trabajar con ellos y compartir diferentes puntos de vista, lo que nos permitió que fuera muy gratificante el trabajo con el equipo; una experiencia que aporta mucho a nuestra formación como abogados.
Seminario sobre discapacidad y atención en el Consultorio Jurídico
Con el fin de mostrar las diferentes concepciones sobre la discapacidad, enunciar características de esta y procurar la comunicación asertiva en las relaciones del Consultorio, se realizó el seminario ¿Cómo atendemos en el Consultorio Jurídico a personas con discapacidad?, el cual se llevó a cabo el 8 de mayo en el Auditorio principal del Edificio de Extensión.
Este evento, convocado por la Vicerrectoría de Docencia, Bienestar Universitario y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, entre otros; contó con las ponencias de diferentes expertos los cuales se enfocaban en el tratamiento de una discapacidad fuera motora, visual, cognitiva y trastorno mental, la auditiva y la intelectual.
Laura Manuela García Palacio es una estudiante de Derecho de nuestra Facultad, que asistió al Seminario motivada por la proximidad que tiene con una persona en situación de discapacidad cognitiva, afirma que como abogada en formación debe buscar la creación, a partir del conocimiento, de un puente entre las personas con discapacidad y la sociedad, para que les sean reconocidos sus derechos y puedan tener una vida digna.
Como enseñanzas que dejaron este evento, resalta Laura, están ligadas a la concepción de que las personas con cualquier tipo de discapacidad “tienen el derecho de ser incluidos en la sociedad, por el mero hecho de ser. Es a la sociedad a la que le corresponde replantearse y abandonar viejos estereotipos que lo único que hacen es aminorar al otro por la diferencia, y que es necesario empezar a reconocer las capacidades del otro, aceptando que todos somos diferentes”.
Finalmente destaca que es muy importante que la Facultad procure ese tipo de espacios académicos para que, a partir de la discusión y el aporte por parte de expertos en diferentes temas, se les brinden las herramientas a los estudiantes para que en su futuro profesional puedan aportar a ese ideal de sociedad inclusiva e igualitaria, fundamentada en las diferencias de todos.
Este evento, convocado por la Vicerrectoría de Docencia, Bienestar Universitario y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, entre otros; contó con las ponencias de diferentes expertos los cuales se enfocaban en el tratamiento de una discapacidad fuera motora, visual, cognitiva y trastorno mental, la auditiva y la intelectual.
Laura Manuela García Palacio es una estudiante de Derecho de nuestra Facultad, que asistió al Seminario motivada por la proximidad que tiene con una persona en situación de discapacidad cognitiva, afirma que como abogada en formación debe buscar la creación, a partir del conocimiento, de un puente entre las personas con discapacidad y la sociedad, para que les sean reconocidos sus derechos y puedan tener una vida digna.
Como enseñanzas que dejaron este evento, resalta Laura, están ligadas a la concepción de que las personas con cualquier tipo de discapacidad “tienen el derecho de ser incluidos en la sociedad, por el mero hecho de ser. Es a la sociedad a la que le corresponde replantearse y abandonar viejos estereotipos que lo único que hacen es aminorar al otro por la diferencia, y que es necesario empezar a reconocer las capacidades del otro, aceptando que todos somos diferentes”.Finalmente destaca que es muy importante que la Facultad procure ese tipo de espacios académicos para que, a partir de la discusión y el aporte por parte de expertos en diferentes temas, se les brinden las herramientas a los estudiantes para que en su futuro profesional puedan aportar a ese ideal de sociedad inclusiva e igualitaria, fundamentada en las diferencias de todos.
Conversatorio sobre Decreto 600 de 2017
Con la intención de informar sobre una nueva reglamentación y proponer un análisis crítico acerca de esta, se llevó a cabo el conversatorio “Decreto 600 de 2017: ¿Un retroceso en garantía de los derechos de las víctimas?”, por parte del equipo proyecto Buppe: pensión especial de invalidez como medida de reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano: presupuesto de garantía de sus derechos fundamentales.
Este evento, realizado el 15 de mayo en el auditorio de la Facultad Nacional de Salud Pública, tuvo como objetivo mostrar cómo un nuevo decreto, expedido por el Gobierno Nacional, es un detrimento para las garantías adquiridas por los sujetos víctimas del conflicto armado que, como consecuencia de él, quedaban con alguna secuela que los incapacitara para laborar.
Lina María Oquendo, quien hace parte del Centro de Atención Jurídica a Víctimas del Conflicto Armado, comenta que durante la exposición se hizo referencia a cómo las personas víctimas podían buscan, antes del decreto, una pensión por invalidez como medida reparadora por el hecho victimizante, pero que a partir de ahora deben buscar no una pensión, sino una “prestación humanitaria económica”.
Esta nueva situación, añade, “le cambia la figura o la naturaleza a esa medida, es decir, la ley establece que una pensión, al pertenecer al Sistema General de Seguridad Social tiene unos recursos comprometidos y que siempre se tienen que garantizar partidas presupuestales para otorgarlas, en cambio, con el Decreto, ya no se habla aquí de pensión, se habla de una prestación humanitaria económica, entonces le están quitando ese blindaje que tiene la pensión, porque otro de los asuntos que establece el decreto es que dependerán los recursos del presupuesto nacional del Gobierno para reconocer esa prestación; entonces, las personas que están en una mayor condición de vulnerabilidad como son las víctimas que además de ese hecho victimizante tienen que soportar una discapacidad o una invalidez que no les permite acceder al mercado laboral, van a quedar en un riesgo total, en un riesgo evidente, por eso consideramos que se presenta un detrimento y redirección frente a derechos que ya se habían ganado y que las víctimas ya habían ganado”.
Otro de los aspectos a considerar es el obstáculo que supondrá a partir de ahora para quienes busquen adquirir esta prestación, que deberán hacerse evaluar por parte de las juntas de calificación de invalidez, para que estas determinen la pérdida de capacidad laboral. Esto, explica la profesora Lina Oquendo, “requiere unos gastos porque esas juntas están compuestas por médicos, abogados, psicólogos, son comités donde estudian la historia clínica del paciente y determinan si sí hay una pérdida superior al 50% de la capacidad laboral o no, y ellos tienen que cobrar un salario mínimo legal vigente - smlmv para dar el dictamen.
En estos casos especiales de personas víctimas del conflicto, el Decreto dice que lo deben hacer las Juntas, pero no dice quién va a asumir esos costos porque estamos ante una población totalmente vulnerable, esas personas no tienen ese dinero para pagarse un dictamen”. Eso de cierta forma deja a las víctimas en el aire, sin la certeza de si sí tendrán que asumir ese costo y, en caso de tener que hacerlo, es una cuestión previsible que estas personas que están en una situación económica deplorable no tendrán los recursos para hacerlo.
Finalmente, se estudió el Artículo 2.2.9.5.2. del decreto 600 de 2017, acerca del ámbito de aplicación, ya que este determina que solo “aplica a las víctimas que con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 418 de 1997, es decir el 26 de diciembre de 1997”, lo cual es un límite temporal que es regresivo en términos de garantías para las víctimas. Explica Oquendo que “las personas que sufrieron un hecho victimizante antes de 1997 y que hoy no pueden trabajar por su discapacidad, por su invalidez, no podrán acceder a la pensión especial de invalidez ni a esa prestación humanitaria económica y eso atenta contra el derecho a la igualdad, por lo cual se está pensando en presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de ese Decreto, desde el Centro de Atención Jurídica a Víctimas del Conflicto Armado en el marco del Proyecto Buppe, que se trabaja con la Facultad Nacional de Salud Pública”.
Este evento, realizado el 15 de mayo en el auditorio de la Facultad Nacional de Salud Pública, tuvo como objetivo mostrar cómo un nuevo decreto, expedido por el Gobierno Nacional, es un detrimento para las garantías adquiridas por los sujetos víctimas del conflicto armado que, como consecuencia de él, quedaban con alguna secuela que los incapacitara para laborar.
Lina María Oquendo, quien hace parte del Centro de Atención Jurídica a Víctimas del Conflicto Armado, comenta que durante la exposición se hizo referencia a cómo las personas víctimas podían buscan, antes del decreto, una pensión por invalidez como medida reparadora por el hecho victimizante, pero que a partir de ahora deben buscar no una pensión, sino una “prestación humanitaria económica”.
Esta nueva situación, añade, “le cambia la figura o la naturaleza a esa medida, es decir, la ley establece que una pensión, al pertenecer al Sistema General de Seguridad Social tiene unos recursos comprometidos y que siempre se tienen que garantizar partidas presupuestales para otorgarlas, en cambio, con el Decreto, ya no se habla aquí de pensión, se habla de una prestación humanitaria económica, entonces le están quitando ese blindaje que tiene la pensión, porque otro de los asuntos que establece el decreto es que dependerán los recursos del presupuesto nacional del Gobierno para reconocer esa prestación; entonces, las personas que están en una mayor condición de vulnerabilidad como son las víctimas que además de ese hecho victimizante tienen que soportar una discapacidad o una invalidez que no les permite acceder al mercado laboral, van a quedar en un riesgo total, en un riesgo evidente, por eso consideramos que se presenta un detrimento y redirección frente a derechos que ya se habían ganado y que las víctimas ya habían ganado”.
Otro de los aspectos a considerar es el obstáculo que supondrá a partir de ahora para quienes busquen adquirir esta prestación, que deberán hacerse evaluar por parte de las juntas de calificación de invalidez, para que estas determinen la pérdida de capacidad laboral. Esto, explica la profesora Lina Oquendo, “requiere unos gastos porque esas juntas están compuestas por médicos, abogados, psicólogos, son comités donde estudian la historia clínica del paciente y determinan si sí hay una pérdida superior al 50% de la capacidad laboral o no, y ellos tienen que cobrar un salario mínimo legal vigente - smlmv para dar el dictamen.
Finalmente, se estudió el Artículo 2.2.9.5.2. del decreto 600 de 2017, acerca del ámbito de aplicación, ya que este determina que solo “aplica a las víctimas que con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 418 de 1997, es decir el 26 de diciembre de 1997”, lo cual es un límite temporal que es regresivo en términos de garantías para las víctimas. Explica Oquendo que “las personas que sufrieron un hecho victimizante antes de 1997 y que hoy no pueden trabajar por su discapacidad, por su invalidez, no podrán acceder a la pensión especial de invalidez ni a esa prestación humanitaria económica y eso atenta contra el derecho a la igualdad, por lo cual se está pensando en presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de ese Decreto, desde el Centro de Atención Jurídica a Víctimas del Conflicto Armado en el marco del Proyecto Buppe, que se trabaja con la Facultad Nacional de Salud Pública”.
El Centro de Conciliación tramitó más de 700 casos en el 2016
El Centro de Conciliación “Luis Fernando Vélez” tramitó durante el año
2016 un total de 720 casos, de los cuales 219 correspondieron al área civil
-comercial y 501 al área de familia.
Prácticas y Formación brindaron inducción a estudiantes
Los estudiantes de Derecho del séptimo al
décimo nivel recibieron inducción previa a la matricula por parte de los
Departamentos de Práctica y de Formación Universitaria.
El Departamento de Formación realizó las
inducciones para los estudiantes del séptimo nivel en las que se les explicó lo
relacionado con la matrícula de cursos cortos y la programación de los mismos,
igualmente los estudiantes que iban a matricular cursos de profundización
tuvieron la oportunidad de conocer la oferta que cada una de las áreas dispuso
para el semestre 2017-1.
Las prácticas alternativas continúan con su labor social
¿Llegaría a pasársele por la cabeza que a
partir de un ejercicio académico pudiera afectar positivamente la vida de
millones de personas de Colombia o mejorar la calidad de vida de alguien en
particular?
El 27 de enero la Feria de servicios del Departamento
de Prácticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas puso a disposición
de los estudiantes de pregrado 17 diferentes programas de práctica y prácticas
institucionales, algunos de los cuales ofrecen “algo distinto a lo que es la
práctica común del abogado o del politólogo”, según nos cuenta Viviana Higuita
Ortega, coordinadora de Prácticas alternativas.
Profesores recibieron capacitación
Con el propósito de fortalecer los procesos
pedagógicos de los profesores que acompañan las prácticas académicas en la
Facultad, se realizaron las jornadas de formación “Dispositivos metodológicos
para un encuentro de saberes”, donde se abordaron los temas: trabajo
cooperativo, entrevista a los usuarios, metodología del taller, lenguaje
comunicativo y habilidades sinestésicas, manejo de herramientas tecnológicas y,
finalmente, habilidades psicosociales.
350 niños recibieron regalos de navidad en las actividades del Consultorio Jurídico
Las actividades se realizaron en la vereda la
Primavera del municipio de Barbosa y en el Edificio Antigua Escuela de Derecho,
donde docentes y estudiantes se congregaron para entregar alegría y regalos a
los hijos de los usuarios de los servicios del Consultorio Jurídico “Guillermo
Peña Alzate”.
En las cárceles municipales de Fredonia y Santa Fe de Antioquia se brindó asesoría jurídica
Un total de 43 personas detenidas por diferentes delitos en las
cárceles municipales de Fredonia y Santa Fe de Antioquia se beneficiaron de las
jornadas de atención jurídica realizadas por los estudiantes del Consultorio
Rural y la práctica penal, en esas poblaciones del suroeste y el occidente
antioqueño.
Satisfactorio cierre de prácticas en Clínicas Jurídicas
Con los proyectos formativos sobre el fallo de
inconstitucionalidad en el tema minero, la realización de tres conversatorios
sobre género, la visita al Barrio Granizal y el avance de la Acción Popular por
el Derecho al agua potable, cerró este semestre el programa de Clínicas
Jurídicas.
65 estudiantes de derecho visitaron Granada este semestre
