Quien ha conversado con el profesor Julio González en su oficina mientras lo ve soltar humo a bocanadas, sabe que escucharlo hablar reconcilia con la academia. Es difícil resumir los más de 40 años en los que el maestro Julio ha ido tejiendo lazos con esta Universidad, con la Facultad, el derecho y la docencia. En 1971 cuando ingresaba por primera vez a la UdeA en calidad de estudiante, la Facultad estaba inmersa en un álgido debate protagonizado por las ideas del Gavirismo y el Contragavirismo, una discusión esencialmente política que atañe también al derecho y a la enseñanza del mismo.
Según el profesor Julio la discusión se generaba en quienes creían en el método pedagógico tradicional en que de manera memorística se aprehendían manuales, sentencias, códigos y demás información, pero que frente a la crítica y el cuestionamiento defendían una mala suerte de mutismo que desconocía la realidad de la sociedad en la que se vive, y por otra parte, los que defendían la idea de que el estudiante tiene que entender el derecho y no memorizarlo, debate impulsado por la entonces llamada Asociación para la Reforma de la Enseñanza del Derecho (ARED), movimiento conformado por estudiantes de diferentes universidades del país que creían que superando ese esquema legalista y decimonónico, el derecho podría volverse un verdadero instrumento para el cambio social.
Este proceso que encuentra sus primeros indicios en 1968 duró hasta mediados de la década de los 80, cuando según el profesor se empieza a pensar una reforma que introduce conceptos sumamente novedosos como lo son el eje de contexto, el eje de integración, elementos que si leemos los pénsum de las demás universidades, no existen con esa intencionalidad tan clara que tienen en esta Facultad. Esas iniciativas se vieron acentuadas por la Reforma Constitucional del 91 que además de empezar a hablar más de valores que de leyes, creó en muchos sectores un gran optimismo de cambio en la sociedad, dejó de ser el instrumento en el que se apoya la autoridad para ejercer dominio y pasó a ser una herramienta para integrar a la gente y otorgarle derechos, ejemplo de esto fue la implementación de la acción tutela que se ha vuelto el mecanismo de protección por excelencia en el país.
Cuando el profesor Julio empezó a dar clases en la Facultad aún no había egresado, hacia el final de su carrera fue designado como auxiliar de cátedra, una figura que en el 75 le dio la oportunidad de impartir clase bajo las directrices de su tutor y colega Fernando Meza, a quien le atribuye su encarrete por el derecho penal debido a las concepciones que tenía sobre la pena, la libertad y el Estado que ponía a girar las discusiones en torno a las garantías de los derechos de las personas y no a los poderes del Estado. Él –Julio– considera que las enseñanzas del profesor Meza son indelebles y que a eso dedicó su vida docente en estas aulas, a perpetuar el legado que le dejó durante esos años en que estuvo en el poder Turbay Ayala y que hoy, con el gobierno actual, cobran tanto sentido.
Hoy, ya jubilado, el profe Julio considera que la misión de la Universidad y más específicamente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas es mantener viva la conciencia social que hizo posibles hitos históricos en la historia del derecho y la política en Colombia, como lo son la Reforma Constitucional de 1991 y el Acuerdo de Paz con las FARC, frente a un panorama tan oscuro como al que se enfrenta el país, que sufre de un gobierno bastante mediocre, que ha hecho todos los esfuerzos posibles por sabotear el acuerdo de paz, que deslegitimó la movilización social argumentando que las reformas fiscal, laboral y pensional contra las que se protesta no se iban a hacer para terminar haciéndolas de igual manera, que cuenta con medios de comunicación que no hacen más que desinformar y hacer propaganda política a su favor. “Hay dos grandes tareas, la Universidad en su tarea investigativa debe poner en evidencia la realidad que el país enfrenta y la comunidad académica debe comprometerse con agitar posturas políticas en favor de las mayorías”.
Hoy continuamos con la fortuna de tenerlo impartiendo clases, pero ya no como profesor de tiempo completo, sino como docente de cátedra; caminando por los pasillos, fumando sus cigarrillos y bebiendo café, con la tranquilidad que le da la intensa y extensa relación que tuvo con nuestra Alma Máter “La universidad ha sido muy generosa conmigo y yo con ella: ella dándome todas sus posibilidades y yo involucrando todos mis esfuerzos. Espero que nos podamos extender mutuamente un paz y salvo”.
Pablo Emilio Angarita Cañas
El nombre Pablo Emilio Angarita es sinónimo de compromiso con la investigación y la reflexión académica en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Inició la carrera Estudios de Derecho en 1969, en la Universidad Nacional de Bogotá, pero interrumpió sus estudios en el 73 a raíz de las dinámicas de los movimientos sociales. A finales de los años 80 definió reingresar a estudiar derecho, pero esta vez en la Universidad de Antioquia. Durante estos años, el profesor Pablo Emilio, junto con compañeros y colegas de las cuatro facultades de derecho que había en Medellín para ese momento (La Universidad Autónoma, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Medellín y la Universidad de Antioquia), promovió un movimiento que planteaba un cuestionamiento a la forma de enseñanza del derecho a la que llamaban Bachillerato Jurídico.
Según el profesor, una de las críticas más grandes que, en su momento se hizo desde este grupo de estudiantes a los modelos tradicionalistas de la enseñanza del derecho era que las facultades estaban diseñadas para fortalecer el Statu Quo, sin dar cabida para el vínculo que hoy existe en la academia entre el derecho y la realidad social del contexto, necesidad imperante con las situaciones que durante esa década enfrentaba el país en la década de los 80 como el problema agrario que sigue sin resolverse, el desplazamiento y el engrose poblacional de las urbes, que conllevaron a la reflexión sobre si el tema de la tierra es un problema con cabida para una discusión en el ámbito social o si debe concebirse como un asunto meramente jurídico en defensa de la propiedad privada.
Con cariño recuerda el legado que la figura del profesor Carlos Gaviria Díaz le dejó mientras fue su profesor en los cursos de Introducción al Derecho, sus cátedras sobre Platón y el curso de Filosofía del Derecho, que serían sólo el inicio de una relación académica y personal muy valiosa para su formación en Derechos Humanos. También recuerda encarecidamente al profesor Nodier Agudelo, que dirigió la Revista de Derecho Penal a quien veía como un modelo a seguir por su trabajo investigativo en el campo del derecho.
Hacia el final de la década de los 80, inicios de los 90, el profesor Pablo ingresó a la Facultad como profesor de cátedra y posteriormente se vinculó como docente de tiempo completo. Durante esos años presenció la recolección de uno de los frutos cosechados durante décadas de discusión: el cambio del pensum académico para el programa de derecho hacia uno que pensara los problemas sociales y ubicara los contextos de la sociedad para entender los problemas y limitaciones del derecho, en aras de que este no diera la espalda a la realidad “De ahí surge precisamente esa consigna que hoy guía, afortunadamente, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia que es el compromiso social y el espíritu crítico, elementos que se complementan el uno al otro… Ya como profesor empiezo a ver esos cambios y asumo un curso que configuramos en equipo con otros docentes, un curso que no cursé como estudiante, un curso llamado Derecho, conflictos y violencia”.
Dentro de su recorrido como docente, el profesor Pablo se integró al Grupo de Investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana, del que fue coordinador hasta el año 2019 y al que sigue vinculado como profesor jubilado, en la línea del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín.
El profesor Pablo Emilio Angarita Cañas, Doctor en Derechos Humanos de la Universidad Pablo De Olavide, considera que la enseñanza del derecho debe mantenerse de cara a la realidad de los conflictos sociales, que deben educarse abogados para que busquen la solución pacífica de los conflictos, unos que no den la espalda a una de las terribles tragedias de nuestra sociedad: las millones de personas en Colombia que son excluidas del progreso, la salud, la educación ¡la justicia!... Entre otras conclusiones, el profesor Angarita invita a que se siga por el camino que ha logrado que en el derecho se discutan temas que en su época ni se atisbaban, como la protección de las libertades individuales en términos sexuales, políticos, religiosos, etc. y a que nos mantengamos a la vanguardia para poder realizar oportunamente el análisis social que permita al derecho tener cobertura de las situaciones y problemáticas que eventualmente vayan apareciendo en nuestro camino como sociedad.
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