Foto: cocienciaciudadana.org |
Desde su aparición mediática en el 2016, cuando recién se realizaban los estudios de impacto ambiental del proyecto Soto Norte de la minera Minesa, el asunto ya era polémico y controvertido. Por un lado, se habla de 9 millones de onzas de oro que podrán ser extraídas en los municipios de California y Soto Norte, zona de influencia del Páramo de Santurbán, y por otro se habla de las afectaciones a la fauna de la región y del impacto del proyecto en el recurso hídrico del páramo y el bosque altoandino que provee de agua a Bucaramanga y demás municipios de Santander.
Diversos investigadores y organizaciones ambientales de la región y el país han puesto su atención en este proyecto que, en este momento, espera la licencia que otorga la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la construcción y montaje de la mina. Entre todos los actores que están tratando de incidir en este proceso, destaca uno: el Comité para la defensa del agua y el páramo de Santurbán, un movimiento nacional de la sociedad civil con casi 11 años en su haber.
Según Juan Camilo Sarmiento, abogado del Comité, un análisis del estudio de impacto realizado por Minesa, hecho por científicos y académicos -también vinculados al Comité- evidenció que el megaproyecto sería de alto impacto para la cuenca que abastece al área metropolitana de Bucaramanga. Por esta razón se han emprendido diversas acciones desde distintas disciplinas como lo son la política, el derecho y la comunicación para evitar que proyecto siga atentando contra el ecosistema del páramo.
A esta lucha se ha sumado el Semillero Estudios sobre Minería de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, cuyos integrantes han aportado a la formulación de argumentos y cargos para la creación de la acción popular interpuesta el pasado 2 de septiembre ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, que demanda de Minesa y de las instituciones del Gobierno Nacional, la suspensión del proyecto en el bosque altoandino. Según Diana Carolina Sanchez, Coordinadora del Semillero Estudios sobre Minería “esta acción popular busca la protección de un conjunto de derechos colectivos que se ven amenazados o en peligro con la realización de ese proyecto en el páramo y el bosque altoandino”.
Además de esto, los integrantes del semillero han realizado y regado en redes sociales piezas comunicativas que concientizan acerca de la importancia del páramo y su preservación a la vez que exponen los peligros que lo amenazarían, de ser realizado el proyecto, como la contaminaciòn del Río Suratá y la sequía de las cuencas y las reservas acuíferas.
¿Sabes por qué debemos exigir al Estado la protección los #bosques de niebla? Entérate con esta INFOGRAFIA realizada por el @SEMineriaUdeA pic.twitter.com/DjIXC3lbKK
La demanda presentada por el Comité -al que se le reconoce ser clave en las pasadas luchas frente a las multinacionales Greystar y Eco-oro- busca declarar al páramo de Santurbán, al bosque altoandino y las cuencas hídricos de la región zona de exclusión de megaproyectos mineros, dado su papel de regulación climática, su importancia ambiental para los departamentos de Santander y Norte de Santander, y dado el riesgo de desabastecimiento hídrico que se puede cernir sobre el área metropolitana de Bucaramanga.
El comité también exige en la demanda que sean ejecutados 3 planes: el primero de investigación científica para ensanchar el conocimiento que se tiene del ecosistema y sus especies; el segundo, un Plan de ordenamiento territorial que proyecte de manera concreta un sistema de protección para el páramo Plan de Desarrollo sostenible que incluya de manera activa a los ciudadanos que habitan la zona. Además de lo anterior, también se busca que la alta montaña de Santurbán sea declarada sujeto de derechos, como se ha hecho ya con diferentes ecosistemas de igual relevancia en el país.
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