La Facultad estuvo presente en la socialización del Proyecto de Ley que busca una nueva reforma a la justicia

Voz por la Justicia fue el proyecto que durante cinco meses ocupó a diferentes estamentos de la sociedad civil para construir una propuesta de reforma a la justicia que se acerque a la ciudadanía.

El Decano de la Facultad, Luquegi Gil Neira fue el encargado de presentar ante la ciudadanía, los resultados de la mesa regional de Antioquia, en un encuentro virtual que contó con la presencia del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo y los representantes de las demás regiones, quienes socializaron los resultados de la consulta ciudadana Voz por la Justicia, la cual se transformará en un proyecto de ley ante el Congreso de la República (puede ver el video en este link). 

Sindicatos, jueces, magistrados de tribunales, organizaciones no gubernamentales, universidades, estudiantes, ciudadanía en general y empresas privadas, entre otros, fueron parte del proceso liderado por la Procuraduría General de la Nación, quien durante 5 meses recorrió el país para escuchar la ciudadanía mediante 8 mesas y 24 talleres territoriales por la justicia. La Universidad de Antioquia fue la sede del último encuentro realizado en el Coliseo Universitario en febrero del presente año, donde asistieron más de 700 personas.

Las voces ciudadanas que participaron en el encuentro del cual fue anfitriona la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, manifestaron que la prioridad debe ser el acceso. El Procurador delegado para Asuntos Civiles y Laborales, Gilberto Blanco Zúñiga, indicó que la gente no está tan interesada en cuáles son los requisitos, ni los periodos de los jueces, ni su órgano de gobierno. Su necesidad es que le resuelvan sus problemas cotidianos con eficacia y eficiencia.

Los datos de la consulta en Medellín arrojaron que el 97 % de las personas piensan que los procesos judiciales son demorados y que esto se debe a la falta de jueces y funcionarios en la rama judicial para atender la cantidad de trabajo, sumados a la mala capacitación del personal y la falta de la tecnología. En el panorama nacional, el Procurador General, señaló que los tres temas que más preocupan al ciudadano son la delincuencia común, la impunidad y el conflicto armado, siendo la corrupción, los servicios de justicia de baja calidad y la desconfianza en el sistema los tres obstáculos principales para acceder a la justicia.

Foto: evento de socialización en la
Universidad de Antioquia. Medellín, 2019.

En su intervención en la socialización, el Decano de la Facultad resaltó que, en Colombia, la idea de reformar la justicia es una constante desde hace más de 30 años, reformas, que se han caracterizado por ser de carácter instrumentales y procesales. Por ello señala que esta propuesta es diferente por apostarle a la creación de políticas públicas en materia de justicia en país, que permitan eliminar las barreras de acceso.

Además, señala que también se busca fortalecer los sistemas territoriales y locales de justicia, como las personerías, las comisarias, entre otros, para que se articulen en la estructura de mediación y solución de conflictos, se agilicen los procesos y se descongestionen los estrados judiciales.

Por último, el Decano, quien no solo fue representante de la mesa de Antioquia, sino también de la visión de la academia, celebró la inclusión de las universidades, pero también realizó una reflexión de autocrítica frente a la formación ética de los abogados y jueces, pues es en las Facultades donde se forman profesional y humanamente.

Cabe resaltar, que el proyecto que busca reformar la justicia a partir de la consulta ciudadana, ya fue socializado ante el Presidente Iván Duque y los magistrados de las altas cortes, y será presentado ante el Congreso de la República, sin embargo, el periodo del actual Procurador Fernando Carrillo, quien lideró la consulta, solo rige hasta noviembre del presente año. Por ello, el camino de esta reforma que en teoría busca acercar la justicia a los ciudadanos, no tiene un camino fácil pues dependerá de la voluntad política del nuevo Procurador o Procuradora y posteriormente del Congreso de la República.