Uno por uno, los 8 grupos de estudiantes expusieron los logros y actividades realizadas durante el desarrollo de esta etapa de su formación, de igual forma, se habló de las dificultades que identificaron, relacionadas principalmente con el salto a la virtualidad que dieron los procesos de todo tipo. A continuación un pequeño recuento de lo dicho en los informes de cada respectiva modalidad:
Curso incompleto en práctica institucional
Así se denominó al periodo intersemestral que sirvió para culminar las prácticas institucionales incompletas de algunos estudiantes del módulo de derecho laboral que, por el aislamiento obligatorio de hace unos meses, tuvieron que interrumpir sus procesos. Algunos de ellos pudieron retomar sus prácticas iniciales en el Juzgado Laboral del Municipio de Turbo, mientras que otros, ante la imposibilidad de continuar trabajando desde casa para el Ministerio de Trabajo -debido a la estricta reserva sumarial-, tuvieron que conformar un nuevo grupo y trabajar en la modalidad de consultorio jurídico.
Uno de los practicantes de este grupo, Antonio Abad Moreno, expuso una por una las actividades realizadas durante estas prácticas especiales. Mediante variedad de actividades y una serie de asesorías, los estudiantes y sus profesores analizaron y discutieron acerca de algunos factores importantes del Decreto 806 de 2020, el Decreto 1174 Piso de Protección Social, y de otros aspectos más generales sobre el Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Este grupo trabajaba semanalmente en el análisis de casos y la socialización de informes de los mismos. Los casos llevados por consultorio fueron 13 casos de Derecho de Familia, 1 de Civil y 2 de Laboral.
Una situación similar sortearon algunos de los estudiantes de la práctica institucional pública, cuando se vieron imposibilitados para continuar sus labores con los Juzgado Administrativo Orales del Circuito de Turbo y la Alcaldía de Carepa, estos, gracias a la gestión de los coordinadores pudieron hacer parte de los procesos del Programa de Protección Internacional, allí ellos documentarse y estudiar la jurisprudencia aplicable a los asuntos de migración y de refugio. Los estudiantes lograron avanzar en un total de 10 derechos de petición, 4 tutelas y 4 solicitudes de refugio.
Práctica Área de Derecho Penal
Clínica jurídica
El profesor Juan David Posada destacó el compromiso y la disposición de sus estudiantes con este proceso de clínica jurídica que tiene tantos tropiezos y dificultades -como el escaso tiempo en el que se plantea hacer investigación- a los que se suman también las limitaciones que trajo la pandemia.
Entre los objetivos de la práctica, además de generar habilidades para el trabajo en equipo y adquirir conocimiento en la materia de Derecho Penal, estaba también el de aplicar lo aprendido para propiciar la defensa de grupos vulnerables, contribuyendo en la solución de problemáticas de orden social y jurídico. Jaminton David Vives, estudiante de la práctica, nos explicó la metodología del trabajo investigativo que llevaron a cabo él y sus compañeros, denominado “Privación de la libertad en el Urabá antioqueño y manejo del COVID-19”, un trabajo realizado en la Cárcel de Mediana Seguridad de Villa Inés, en Apartadó y otras instituciones penitenciarias de la región. .
Formación jurídica básica
La profesor Leidy Alejandra Ortega recordó que esta modalidad de práctica sirve para que los estudiantes desarrollen sus conocimientos jurídicos prestando un servicio de capacitación a la comunidad partiendo de sus propias necesidades y características, por lo que es necesaria versar sobre ese conocimiento teniendo siempre en cuenta hacia quien lo redirigiremos, abordarlos de manera sencilla y comprensible.
El estudiante Carlos Mario Vergara explicó los objetivos y la metodología de la práctica. Los temas estudiados de los encuentros (asuntos pedagógicos y conceptos, principios, orígenes y elementos del Derecho Penal, parte especial del código, y Sistema Penal Acusatorio). Las problemáticas identificadas en la región permiten identificar las necesidades de formación, y entre ellas están: violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo a menor de 14 años, homicidio y delincuencia común, además lograron identificar desde sus respectivos municipios el desconocimiento de la responsabilidad penal de los adolescentes, desconocimiento explícito del derecho penal y de su aplicación en población migrante, etc.
Según la profesora Paula Andrea Ruíz ya se han preparado debidamente los temas de las capacitaciones a partir de las necesidades y problemáticas identificadas. Además ya se han hecho acercamientos y primeras capacitaciones con distintas instituciones educativas del Urabá como: la IE Currulao, en Turbo; la IE Luis Carlos Galán, en Carepa; la IE Los Andes, en Chigorodó, la emisora Banana Stereo, el Departamento de Policía de Urabá y con madres cabeza de hogar en Turbo.
Consultorio jurídico
El docente Carlos Andrés Córdoba, introdujo la exposición de los estudiantes a los que estuvo acompañado durante el desarrollo de sus prácticas. Dicha exposición estuvo a cargo de los estudiantes Leydis del Carmen Romero y Edgar Enoc Vorilla y en ella tocaron varios aspectos de su proceso. Para ellos, la pandemia dificultó las labores del consultorio puesto que este, al estar ubicado anteriormente en la alcaldía, era mucho más fácil para los usuarios encontrarlo. Esa situación ocasionó que se generaran nuevos canales de atención durante el aislamiento. Sin embargo, la recepción de casos y la relación con los usuarios necesariamente disminuyó para todas las áreas.
El hecho de que llegara un sólo caso al consultorio jurídico penal y que su seguimiento fuera dificultoso hizo que las dinámicas de los encuentros del consultorio cambiaran, obligando al maestro a reinventarse y a trabajar sobre casos reales tomados de contextos ajenos al consultorio. Gracias a esto, los estudiantes lograron consolidar los conocimientos adquiridos en las clases de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
Institucional
Explicó el profesor Carlos Mazo que se logró hacer lo mejor en medio de las dificultades tenidas para el normal desarrollo de la práctica Institucional en Derecho Penal. Algunos alumnos pudieron trabajar desde la Secretaría de Gobierno y la Personería Municipal de Apartadó, otros lograron adherirse a los procesos de algunos conocidos abogados penalistas de la región. José Delgado, estudiante del grupo del profesor Carlos, hizo presentación de los objetivos del curso, del desarrollo del mismo, de los aprendizajes adquiridos y de las dificultades experimentadas, así mismo detalló las actividades que sus compañeros
Práctica Área de Derecho Público
Clínica Jurídica
El grupo de clínica jurídica presentó algunas investigaciones para participar de la obra colectiva “Conflicto armado, medio ambiente y territorio. Reflexiones sobre el enfoque territorial y ambiental en la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Sus propuestas “Consejo Comunitario Puerto Girón: dos décadas hacia una titulación colectiva”, el análisis de una eterna lucha jurídica por la adjudicación del terreno de un asentamiento afro; “Efectividad de los decretos 2981 de 2013 y 296 de 2016 como vía para la formalización de los recicladores de oficio en Carepa”, un análisis legislativo tendiente a mejorar las condiciones laborales de los recicladores del municipio; y “Efectos del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado en el resguardo indígena ‘La Coquera’”, un trabajo centrado en los derechos bioculturales de esta comunidad a propósito de la sentencia T622 de 2016: Río Atrato como sujeto jurídico” fueron circunscritas al eje temático número 5 “impacto del conflicto sobre territorios y pueblos étnicos”, y esta última pasó a la segunda fase, ubicándose entre las 34 investigaciones seleccionadas entre las 161 propuestas iniciales.
Formación Jurídica
Las sesiones académicas y asesorías de esta modalidad estuvieron encaminadas en un primer momento hacia la comprensión del concepto de formación jurídica. Para esto, entre otras actividades, se socializó la experiencia significativa de educación popular llevada a cabo por el profesor Jaime Agudelo con la vereda Granizal en Bello. De igual forma, se trabajó de la mano con el Programa de Protección Internacional en la simulación de una audiencia sobre migración mixta en el Urabá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como en la capacitación sobre sus mecanismos para la supervisión de DDHH, y en peticiones individuales ante la Corte IDH.
Hecho lo anterior se empezaron a planear las actividades formativas y a contactar con las Instituciones Educativas que pueden tener interés en la formación jurídica básica para sus estudiantes: Colegio Diosesano Laura Montoya de Chigorodó, Institución Educativa José de los Santos Zuñiga, la Secretaría de Movilidad de Apartadó, Corporación Siempre Joven en Apartadó, Radio Litoral en Turbo, y la población migrante a través de ACNUR Apartadó.
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