En esta ocasión, como en todas las anteriores, los integrantes del semillero coordinado por la docente Angela Benavides trabajaron bajo una metodología que consiste en, de manera grupal, analizar el caso puntual, reconstruir los hechos, elaborar una línea de tiempo, identificar los problemas jurídicos, plantear la tesis de cada problema para posteriormente distribuirse -por grupos o individualmente- la construcción de cada argumento. Llegada la fecha pactada se entregan los avances, durante las siguientes decisiones se exponen y se escribe, para que al final de Coordinador de Escritos ante Altas Cortes unifique la información y haga correción de estilo.
El caso Gustavo Petro Urrego vs. El Estado colombiano data de la sanción disciplinaria que la Procuraduría General de la Nación le impuso en diciembre de 2013, destituyendolo del cargo de Alcalde de Bogotá e inhabilitadolo por 15 años para ejercer cargos públicos. Si lo recuerdan, la decisión de la Procuraduría suscitó desacuerdos, debates e incluso manifestaciones en diferentes puntos del país. Se realizaron diversos procedimientos a nivel interno del país para revisar y contrariar las decisiones tomadas por la institución que entonces dirigía Alejandro Ordoñez Maldonado, sin embargo, el caso escaló hasta instancias internacionales como lo es la Comisión Interamericana.
Durante el año pasado e inicios de este año el Semillero estuvo trabajando en el caso en cuestión, y en marzo, una vez terminado el documento, fue enviado a la Corte IDH. El texto presentado concluye que el Estado colombiano es responsable por la vulneración de los derechos políticas y garantías jurídicas del actual Senador de la República Gustavo Petro Urrego, puesto que dicha privación de derechos políticos se hizo a través de un proceso disciplinario y no uno penal, contrario a lo establecido en la normativa.
Dicha argumentación fue construida a partir del modelo de razonamiento clásico llamada “silogismo” que se resume en una sencilla fórmula que aplica el fundamento jurídico abstracto (en este caso tratados y otras fuentes del derecho internacional, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos y la Jurisprudencia proferida por la Corte IDH) sobre el fundamento fáctico que no es otra cosa que los hechos del caso en concreto.
Además de las garantías judiciales y de los derechos políticos vulnerados, los integrantes de SELIDH identificaron otros problemas judiciales como integridad personal y discriminación, pese a que la corte no se pronunciara sobre estos últimos. En este tipo de escritos, el semillero suele incluir un apartado llamado ‘cuestiones previas’ en el que plantean su postura del caso, en este, puntualmente, se habló de la existencia de una persecución sistemática a líderes de izquierda como un asunto de contexto, realizando a su vez un ejercicio de derecho comparado para identificar cómo se manejan este tipo de procesos disciplinarios en la región. Según Alejandro Gómez, Coordinador de escritor ante Altas Cortes aseguró que “Independientemente de nuestra posición política, nuestro escrito no tiene naturaleza política, su naturaleza es netamente jurídica bajo estándares interamericanos”.
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