Esta campaña adelantada por la Procuraduría y que llevo por nombre Voz por la Justicia, se realizó entre el 16 de septiembre de 2019 hasta el 13 de febrero 2020, fecha en la que se realizó el encuentro final en la Universidad de Antioquia (600 asistentes). Se llevaron a cabo 8 mesas y 24 talleres territoriales por la justicia. En Tunja, Cúcuta, Barranquilla, Pereira, Cali, Quibdó, Bogotá y Medellín se trabajó con las mesas por la justicia, con un aproximado de asistentes de 350 personas por mesa, donde la academia siempre tuvo participación.
Por su parte, en San Andrés, Rioacha, Santa Marta, Cartagena, Sincelejo, Montería, Quibdó, Bucaramanga, Valledupar, Villavicencio, Ibagué, Manizales, Armenia, Yopal, Neiva, Popayán, Pasto, Arauca, Mocoa, Leticia, Puerto Inírida, San José del Guaviare, Mitú y Puerto Carreño se hizo lo propio con los talleres territoriales que fueron coordinados por los procuradores regionales, quienes aseguraron la participación de cerca de 100 asistentes por encuentro.
Dichos encuentros arrojaron los insumos para que el Procurador General Fernando Carrillo, recopilara las necesidades de los ciudadanos, las entregara al Presidente de la República el pasado 21 de julio y, posteriormente, iniciara la discusión para la presentación de este proyecto. Sin embargo, y a pesar de la inclusión de la sociedad civil y la academia en la discusión, son conocidos de vieja data, los intentos fallidos por reformar la justicia en Colombia. De todas formas y con varios pronósticos pesimistas de algunos senadores frente a este proceso, se realizó este foro donde el Decano de la Facultad tuvo participación.
Ante el Procurador y otras figuras políticas y académicas como Francia Márquez, Eloy García López, Gustavo Petro y Augusto Trujillo Muñoz, entre otros, el decano señaló varios puntos de coincidencia entre ciudadanos, jueces, abogados, magistrados, alcaldías, académicos, comisarías de familia, personeros y defensores del pueblo, para una reforma efectiva. En primer lugar, y aunque pareciera evidente, resaltó la gran necesidad de los ciudadanos de acceder a una justicia pronta y eficaz, pues los intentos fallidos de reforma se han centrado en discutir sobre la composición de las altas cortes o sobre la administración de la justicia, temas que, si bien tienen importancia, no son del interés del ciudadano de pie.
Lo anterior, sumado a otros factores transversales en la administración de la justicia, como la falta de recursos económicos, tecnológicos y humanos, y la poca articulación entre entidades territoriales, provoca que los ciudadanos perciban una justicia lejana, lenta y con barreras de acceso, lo cual genera un vacío de legitimidad que en muchos territorios llega a ser nefasta por la presencia de actores armados que dirimen los conflictos con sus propias reglas por fuera del marco legal y no bajo la aplicación de la Constitución, añadió.
Por otro lado, también resaltó algunos aspectos claves de este nuevo intento de reforma, como plantear este proyecto desde la creación y aplicación de políticas públicas en materia de justicia más allá de las soluciones de asuntos procesales y creaciones de nuevos juzgados. Estas políticas deberán estar enmarcadas en el fomento de la construcción de ciudadanía, la desconcentración judicial y el fortalecimiento de las entidades territoriales que, si bien no hacen parte de la Rama Judicial, sí imparten justicia en los territorios, llámense comisarías de familia, procuradurías, casas de justicia, defensorías o inspecciones, pues “el Sistema Judicial no puede ser aislado de las dinámicas territoriales y otras estructuras encargadas de impartir justicia”.
Otro aspecto, aseguró Gil Neira, tienen que ver con: el fortalecimiento de los mecanismos de resolución de conflictos; los enfoques de acción de los operadores de justicia, como el territorial, el participativo, el sistemático y sobre todo el ético(corrupción); y la implementación de los núcleos de justicia rural, pues son los 12 millones de colombianos que viven en el campo, quienes poseen las mayores barreras para acceder a la Justicia.
En las intervenciones positivas y a favor de este proyecto por parte de los senadores y académicos, se destacó que es una construcción de abajo hacia arriba que contó con amplia participación ciudadana, lo cual ya es una ventaja. Entre las negativas, se mencionó que estos diagnósticos ya se han realizado y que el proceso puede verse interferido por intereses políticos que nada tienen que ver con lo que se está planteando desde allí. También, se destacó la intervención del académico español Eloy Martínez, quien señaló que la justicia del siglo XXI está obligada a ejecutarse como un servicio público tangible, siendo esta la única manera en que se puede obtener una justicia legítima con democracia.
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