Profesor de Derecho Internacional Público y Responsabilidad Internacional de los estados.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Es que, han sido 113 las veces que se ha reunido el Consejo de Seguridad desde que estalló la guerra en Siria; y la discusión no es de corto aliento para un ‘conflicto interno que ha durado más de 7 años. Una situación que ha escalado desde las protestas populares inspiradas por la Primavera Árabe en 2011, y que ha desencadenado, en cifras aproximadas a día de hoy, en 350.000 muertos según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, y más de 400.000 según la última estimación de la ONU. Aún no hay cifras concretas al respecto. Además, se habla de 11 millones de personas que han dejado su hogar, y 5 millones de personas con estatus de refugiados según números del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Como vaticinio a la imposibilidad de una salida jurídica a la situación, los tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad que vieron bloqueadas sus intenciones; el pasado viernes 13 de abril -haciendo alusión al presagio occidental de que algo malo acontecerá en esta fecha-, decidieron lanzar ataques de precisión en Siria, contra objetivos vinculados al supuesto programa de armas químicas de ese país. Una acción abiertamente contraria a la Carta de Naciones Unidas, y a los principios consuetudinarios de prohibición del uso de la fuerza, de no intervención y de soberanía de los estados. Esta agresión, tuvo lugar por el supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad el pasado 7 de abril en la ciudad de Duma, lo cual está igualmente proscrito por el Derecho Internacional. Curiosamente, la intervención por parte de las potencias occidentales fue sustentada en la Constitución Estadounidense –como si se tratara de un instrumento de derecho internacional vinculante- y en el novel principio denominado Responsabilidad de Proteger.
Para echar luces sobre este complejo escenario, se debe entender que este conflicto no sólo reviste las cifras escandalosas en torno a la vulneración del DIH y los DDHH, sino a una multiplicidad de actores que van desde los gobiernos Sunitas y Chiitas de la región, hasta el grupo Estado Islámico y los pueblos auto determinados Kurdos en el noreste, entre otros. Aunado a lo anterior, la ubicación de Siria en las costas del Mediterráneo es estratégica como ruta de enlace entre Europa y las inmensas reservas de gas natural que yacen en el subsuelo de Irán y de las Monarquías Suníes del Golfo.
La lucha por el control de los corredores energéticos en medio oriente se alza entonces, como el principal detonador de este conflicto. De hecho, la persecución por la construcción de gasoductos a través de Siria, fue el factor de desestabilización frente a los dos grandes proyectos políticos regionales. De un lado las monarquías suníes del Golfo aliadas con la también suní Turquía y soportadas por EE.UU, frente a Irán en conjunto con Siria e Irak respaldados a su vez por Rusia. Como se denota de ello, la mayoría de los estados con intereses en la guerra siria son exportadores de gas, que compiten por llevar sus vastas reservas a través del territorio sirio hacia la cada vez más energéticamente-dependiente Europa.
El interés de Occidente en el control de la zona por parte de sus aliados salta a la vista, pues, si Irán logra tener control sobre los gasoductos que atravesarían Siria; Europa sería abiertamente dependiente de Rusia y del gigante Chiita, energéticamente hablando.
Ahora bien, de vuelta al principio de Responsabilidad de Proteger esgrimido por Occidente para intervenir; se debe dejar claro que éste se tiene como una excepción en el derecho internacional, y faculta a la Comunidad Internacional a intervenir en un Estado soberano, siempre que se haga en defensa del DIH y los DDHH, y agote los 5 requisitos a saber:
(i) debe haber causa justa, (ii) debe tenerse la intención correcta, (ii) la intervención debe ser el último recurso disponible, (iv)los medios utilizados deben ser proporcionales y, (v) la intervención debe ser decidida por una autoridad competente. Esta vía de excepción al principio de no intervención es aún muy joven y de difusa aplicación en el contexto internacional, y aguarda una ‘reglamentación por parte de la Corte Internacional de Justicia a través de fallo u opinión consultiva.
La sensación que queda en el aire, y espero que no sea así, es la del uso de la defensa del DIH y los DDHH como chivo expiatorio para incursionar en terceros estados por intereses domésticos. La confrontación de potencias regionales y globales en una suerte de ‘guerra del gasoducto que enfrentan intereses más allá de las diferencias antiquísimas entre Sunitas y Chiitas.
En definitiva, las incursiones del viernes 13 pasado, más allá de escalar el conflicto en oriente próximo a niveles que no se veían desde la Guerra Fría, dejan como gran perdedor de la jornada a la población civil siria, atrapada en un ajedrez de intereses energéticos y económicos foráneos.
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