El 26 de septiembre de 2016 se constituyó como un día histórico para Colombia. Luego de más de cuarenta años de conflicto armado con las Farc, se dio la firma del Acuerdo de Paz para la terminación al conflicto en medio de una intensa disputa política y polarización que a la fecha continúan siendo unos de los temas más relevantes en la agenda política nacional.
Sin embargo, la firma de estos acuerdos es solo el inicio del arduo camino que tiene la nación para alcanzar la tan anhelada paz, y si bien, estos acuerdos son considerados como un paso firme hacia ella, la implementación y el panorama nacional alertan sobre diversos peligros para
el proceso.
Sin aún empezar a implementarse en su totalidad, ya se evidencian sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contra de quienes están interesados en hacer valer lo pactado en La Habana, tanto así que a la fecha han sido asesinados 702 líderes sociales desde la
firma del acuerdo.
El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville señaló que están alarmados por el chocante número de activistas asesinados, acosados o amenazados en Colombia, y el hecho de que esta terrible tendencia parece empeorar. Colville agregó con preocupación, que algunos de ellos parecen haber sido tomados como blanco por su demanda para
que se cumplan ciertos aspectos del Acuerdo de Paz de Colombia, en particular la restitución de tierras, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y los programas de sustitución de cultivos de hoja de coca.
Una clara prueba para evidenciar la situación de lideresas y líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y de excombatientes de las FARC-EP es el informe de Derechos humanos: Todos los nombres, todos los rostros a cargo de La Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo – INDEPAZ quienes presentaron la última actualización al
informe el pasado 30 de abril de 2019.
Sobre el panorama actual de homicidios aseguran que entre estos dos grupos que requieren especial protección del Estado ha habido 837 personas asesinadas entre enero de 2016 y mayo de 2019. De esta cifra, 702 serían líderes sociales y 135, excombatientes de las Farc. Además, según las organizaciones, desde la llegada de Iván Duque a la presidencia tienen registro de 236 líderes asesinados, un repunte en las cifras en los diez meses que lleva en el cargo.
Para el Programa Somos Defensores, entre los factores determinantes para el incremento de todos los indicadores en esta materia está, por un lado, la no implementación efectiva de lo pactado en La Habana, sobre todo en materia de seguridad, y por otro, la reconfiguración del mapa de actores
armados ilegales en los territorios que antes estuvieron dominados por las Farc.
Indepaz y Marcha Patriótica publicaron el informe "Todos los nombres, todos los rostros", una radiografía de estos crímenes en el país. Allí, además de diagnosticar el problema, proponen soluciones al gobierno.
Según el informe, los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos tienen un factor geográfico. Entre el 1° de enero y el 22 de mayo del 2019 se han presentado 88 asesinatos en 55 municipios, mientras que en el 2018 hubo 282 asesinatos en 138 de municipios. Para Indepaz, en el 2017 y en el 2016 los departamentos donde más se registraron estos crímenes fueron Cauca, Nariño y Antioquia.
Otro factor determinante, para las organizaciones, es la identidad de las víctimas. De los 702 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, la mayoría pertenecían a minorías y comunidades rurales. Desde la firma del Acuerdo, 499 víctimas de homicidios han sido
líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y comunales. Los crímenes también tendrían una relación con la construcción de género. De los 702 asesinatos registrados, 604 víctimas fueron hombres y 98 mujeres.
Entre los activistas que son blanco de violencia y defienden las más diversas causas, se encuentran líderes de la comunidad afrocolombiana, de los indígenas, de los campesinos, de los LGBTI y por los derechos de las mujeres. También han caído colombianos que se han alzado en defensa del medio ambiente y contra la explotación irresponsable de recursos naturales, así como periodistas y políticos por sus denuncias. Es así que los líderes comunitarios parecen los más perseguidos y representan siete de cada 10 asesinados.
El movimiento Marcha Patriótica, que también participa como autor del informe, asegura que 200 de sus integrantes han sido asesinados desde su creación. De estos, 77 casos han ocurrido desde la firma del Acuerdo. Según el movimiento, en 20 de los 32 departamentos de Colombia se han presentado homicidios en contra de sus integrantes.
Un mapa que hoy incluye entre sus actores a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Puntilleros, los Pachenca, los Caparrapos, el Frente Oliver Sinisterra, Los Pachely, el Eln y el Epl, entre muchos otros. La diversificación de los grupos armados ilegales dificulta, además, la identificación de los responsables de las agresiones a líderes.
Entre los presuntos autores de los homicidios, el informe resalta a ex miembros de grupos paramilitares, grupos armados ilegales como el ELN y el EPL, así como miembros de la Fuerza Pública o grupos armados residuales.
Para amenazar a sus víctimas, estos actores recurren a diversas tácticas entre panfletos, llamadas y mensajes por chat o redes sociales, que son difundidas tanto en áreas urbanas como en el campo.
La causa presunta que más incide en estos asesinatos es el conflicto de tierras. Según el informe, gran parte de los asesinados defendían el territorio y los recursos naturales, pues representan el 71.08 % de los homicidios. Por otro lado, las muertes que estarían relacionadas con cultivos de coca, ya sea pactos de sustitución o erradicación forzada, suman 77 desde la firma del Acuerdo. Esta se descompone así: dos en 2016, 20 en 2017, 44 en 2018 y 5 en 2019.
Todo ello hace más fácil la presencia de grupos armados ilegales, así como de criminales, por lo que la ONU pidió que las autoridades aborden esa situación de exclusión.
El movimiento Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denuncian un aumento sistemático en la violencia hacia líderes sociales y excombatientes de las Farc. Según el informe Todos los nombres, todos los rostros: “aún faltan desarrollos normativos y acciones efectivas para enfrentar la violencia sistemática en contra de comunidades, organizaciones y liderazgos”.
La Universidad de Antioquía no ha estado exenta de esta problemática. Seis estudiantes de la institución fueron amenazados. La secretaria de Gobierno departamental, Victoria Eugenia Ramírez, se refirió a este tema y a otras problemáticas que, según ella, afectan a la institución, como la prostitución y el microtráfico. La funcionaria dijo que dentro del campus universitario se estarían usando algunas aulas para presentar espectáculos de striptease
y prostitución.
“Hoy las universidades públicas están muy sensibles en problemas de orden público en su interior, especialmente la U. de A. (...) Tenemos brotes de microtráfico, ventas ambulantes de personas externas de la institución, se ha presentado la utilización de aulas para striptease con
mujeres y ciertos grados de prostitución”, expresó Ramírez.
Ante el panorama que no solo atañe al país, sino que ahora llega a la Universidad, el Claustro de Profesores de la Universidad de Antioquía realizaron un comunicado rechazando las acusaciones en contra del Alma Máter y haciendo un llamado a la reflexión social.
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