Podríamos identificar que antes del paro nacional actual, la última gran movilización social se generó en octubre del año anterior, allí el protagonismo recaía en la reunión de las colectividades indígenas colombianas bajo la figura denominada “Minga indígena”. Las demandas que manifestaba el colectivo giraban en torno a cuatro aspectos: Defensa de la vida —por la persecución y asesinatos de los líderes sociales—, derecho al territorio —protección y respeto hacia sus territorios—, democracia —mayor participación—, y paz —cumplimiento de acuerdos firmados en la Habana—.
Para entonces, el gobierno nacional encabezado por el presidente Iván Duque también había cuestionado el accionar del colectivo, incluso el Defensor del pueblo Carlos Camargo sostuvo que dichas manifestaciones representaban un riego para la salubridad no solo de los indígenas, sino también para el resto de colombianos; seis meses después, el descontento generalizado —con el proyecto de reforma tributaria como detonante— se volvió a tomar las calles y el cuestionamiento por parte del ejecutivo a la movilización se volvió a efectuar.
Este escenario nos permite plantearnos varias preguntas alrededor de la teoría democrática, pues ¿Qué sucede frente a las demandas sociales en épocas pandémicas?, ¿Cómo deben de actuar los regímenes democráticos frente a las reivindicaciones sociales en situaciones de inestabilidad social?, ¿acaso en una contingencia como la que vivimos la representación en escenarios democráticos no se debería de configurar como uno de los instrumentos más valiosos para tramitar las demandas sociales? Estas preguntas en un contexto como el colombiano se tornan un poco más densas.
En nuestro escenario, pareciese que para los diversos actores del gobierno nacional como para los empresarios —Consejo Gremial Nacional— una contingencia sanitaria como la que experimentamos involucrara consigo la paralización de reivindicaciones y demandas por parte de los diferentes actores sociales. Si bien su posición puede justificarse en la preservación de la salubridad ciudadana, es claro al analizar las acciones del gobierno nacional que estas se han direccionado a atender la seguridad financiera empresarial, por lo que las políticas sociales para afrontar la crisis social —no solo la sanitaria— han sido limitadas e insuficientes tanto en las zonas urbanas como rurales. Ante este tipo de accionar, es válido entonces que los colectivos sociales se cuestionen y se pregunten ¿Cómo y para quién se está gobernando? más en un contexto democrático y de crisis donde la incertidumbre es efervescente y la necesidad de respuestas se hace más que perentoria.
Si partimos de la definición que Norberto Bobbio ofrece de régimen democrático, podremos entenderlo como “un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de interesados”, esta visión procedimental adaptada al caso colombiano denota principalmente dos fenómenos: la existencia de poliarquías —centros de poder— y corporativismos —el gobierno en torno a intereses particulares— que obstruyen y alteran la comprensión de las necesidades sociales; esto continuamente también permite entender el por qué muchas de las demandas sociales no se atienden o se priorizan, configurando el mecanismo de la movilización social se como una de las alternativas más viables para que la ciudadanía puede hacer escalar sus demandas en la esfera pública y en la agenda gubernamental.
Es de rescatar entonces el protagonismo de la sociedad civil como garante de sus propias libertades y derechos en escenarios prestos a la estigmatización y a medidas autoritarias. Si bien son muchos los sectores sociales que se han sumado al paro nacional, se hace vital señalar la importancia de los jóvenes como aquellos actores que introducen la energía necesaria para que la movilización se mantenga, aquellos a quienes en tiempo anteriores se les asignaba un lugar pasivo y apolítico sin reconocer su politización en lugares no institucionales o tradicionales —como la música, la danza y el arte en general— hoy se desplazan a las calles exigiendo justicia social y reclamando paralelamente algo de esperanza para el país; con referentes no lejanos —como Chile—, con la tecnología presta a sus manos para cubrir las manifestaciones y registrar las violencias desmedidas realizadas por la fuerza publica y otros medios, los jóvenes se encuentran salvaguardando, construyendo y revitalizando por medio de la protesta y otras manifestaciones sociales la dinamicidad misma que requiere la democracia.
La posibilidad de participación democrática debe garantizarse siempre —sea de forma directa o indirecta—, las libertades que sustenta el estado de derecho deben mantenerse incluso en épocas turbulentas, pues son garantías para el desarrollo de la vida democrática, para la irrupción de una sociedad civil que con síntomas de déficits de representación, no encuentra más que en la movilización la posibilidad de visibilizarse y, en consecuencia, de poder tramitar demandas que consideran pertinentes.
Nota
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