La reunión, convocada por el Procurador, busca generar un diálogo con las Facultades de Derecho de todo el país acerca de las reformas que requiere en este momento la justicia en Colombia. “El tema está atravesado por lo que se ha denominado el escándalo de corrupción de las altas cortes y precisamente las reflexiones han llevado a pensar en qué tipo de reforma requiere la justicia colombiana para evitar que situaciones como las que se han presentado de público conocimiento en el cual se ha indicado que al parecer altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia cobraban sobornos por decisiones judiciales, y que en esta red estaban articulados otras personas, altos cargos de la justicia como de la Fiscal General”, explica el decano de la Facultad de Derecho Luquegi Gil Neira.
En ese sentido, las preguntas que transversalizaron la discusión estuvieron orientadas a cuáles son el tipo de reformas que requieren en este momento la justicia en Colombia y qué papel tendrían que jugar las facultades de derecho en la formación de los futuros abogados frente a lo que la sociedad percibe también como una crisis ética en la rama judicial.
Además de esto, también se discutió el mecanismo para la elección y designación de los magistrados. “Se considera que hay una dificultad en términos del proceso, si se debe utilizar o no el mecanismo de cooptación para elegir a los magistrados de la Corte Constitucional o cuál es el sistema ideal para elegir a los magistrados de las altas cortes para blindar estos procesos de elección y que efectivamente quienes lleguen cumplan con sus deberes éticos”, continúa el decano.
En este sentido, se debatió acerca de, en caso de pasar por una reforma constitucional, si el mecanismo sería el referendo o no. En términos generales, frente a la propuesta que hace la Procuraduría del referendo, una mayoría de los decanos coinciden en llamar la atención en dos puntos que serían difíciles para un eventual referendo. “El primero es el hecho de que la tesis de la corte sobre la sustitución de la constitución podría ser una limitación en la discusión de la ley que convoque al referendo, y lo segundo que se considera que es un elemento que puede alterar el referendo es que Colombia va a comenzar a vivir un procesoelectoral el año entrante para elección de Congreso y Presidente que podría alterar la discusión de fondo sobre las reformas que requiere la rama judicial”.
Finalmente, concluye el decano, “hay un consenso en términos de que muchas pueden ser las normas que se plantean pero cuando se trata de crisis ética en la sociedad es necesario que las intervenciones sean de ese carácter en términos culturales, conceptuales, en términos éticos para toda la sociedad y no exclusivamente para un sector”.
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