La Profesora Diana Sánchez argumentó a favor del Acuerdo de Escazú ante el Congreso de la República

La profesora Diana Carolina Sánchez, Coordinadora del semillero de investigación Estudios sobre Minería, en el marco de las investigaciones que ha desarrollado siendo docente de Derecho Administrativo en la Facultad, ha trabajado junto a los demás integrantes del semillero, en el análisis de distintos conflictos socioambientales y en el desarrollo de acciones jurídicas tendientes a la garantía de los derechos de las comunidades y los recursos naturales del país, como el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta que sigue expectante ante la demanda que busca la nulidad del único decreto que protege el territorio sagrado de los indígenas, o como el caso del páramo de Santurbán y su bosque Altoandino, amenazados por Minesa y por el proyecto SotoNorte.

Gracias a su labor, la profesora Diana participó de la Audiencia Pública sobre “la importancia en la ratificación del - Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado Acuerdo de Escazú- suscrito por Colombia el 11 de Diciembre de 2019 en la ciudad de Nueva York por el entonces Embajador Guillermo Fernández de Soto, Representante Permanente de Colombia ante Naciones Unidas”.

Durante su intervención, la profesora Diana argumentó a favor de la implementación del acuerdo de Escazú, puesto que conoce de primera mano el déficit de participación ciudadana en Colombia, pese a que existe un marco normativo que la rige y que señala los derechos que constituye una verdadera democracia ambiental. En su discurso, la profesora aseguró que el acuerdo “tiene una enorme potencialidad para llenar los vacíos normativos ya existentes a partir de un completo catálogo procedimental e instrumental con el que incorpora mayores garantías de seguridad jurídica, no solo para los ciudadanos, también para los Estados, la Administración Pública y las empresas”.

En ‘barreras institucionales y disputas por la participación local’, una investigación que estudia el caso de las consultas populares realizadas en los municipios de Pueblo Rico (Antioquia), Cajamarca (Tolima) y Córdoba (Quindío), realizada por Andrea Montoya Giraldo y Johan Mauricio Villegas Murillo, integrantes del Semillero Estudios sobre Minería, se logró determinar que, pese a la existencia y aplicación de instrumentos como la consulta popular, la ejecución de la decisión tomada democráticamente suele presentar dificultades.

Frente a esto, la profesora Diana opina que el problema que hemos tenido con los instrumentos ambientales no es sólo que no son vinculantes, sino que han planteado el tema de una forma muy general. “la ventaja que trae este acuerdo, a diferencia de los demás, es que desarrolla de una forma mucho más precisa cómo -en la práctica- se debe garantizar la participación, la información y la justicia para la protección ambiental (...) detalla la manera en que deben actuar, las empresas, la administración, el estado”.

Esta participación no es sólo evidencia de el compromiso que en la Facultad se tiene con la sociedad y el ambiente, sino también un reconocimiento  los argumentos, conceptos y el estudios técnico jurídicos que se desarrollan en espacios académicos como el Semillero Estudios sobre Minería de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.