De una u otra forma la discusión sobre las VBG quedó puesta sobre la mesa lo que desencadenó, a partir del 5 de agosto en Asambleas de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Asambleas multiestamentarias de mujeres y disidencias sexuales y un Círculo de la Palabra convocado por los directivos de la Facultad. Estos escenarios, que han servido para propiciar entornos para hacer denuncias, también han estado cargados de puntos de vista, cuestionamientos y argumentaciones sobre del debido proceso y la presunción de inocencia en los casos de violencias basadas en género, así como socializaciones de los temas de género, convirtiéndolos en espacios de concertación no solo de las mismas estudiantes sino de los diferentes estamentos que componen la Facultad.
Es así como en las asambleas de mujeres y disidencias sexuales fueron expuestos más casos que desde allí se enuncian como casos de violencia de género, y que, apoyadas posteriormente por la Asamblea de Facultad desencadenaron en una anormalidad académica hasta tanto no se cumplan una serie de peticiones a las directivas de la Facultad, quienes desde el círculo de la palabra reconocieron que este es un problema estructural al que debemos hacer frente desde todos los estamentos de la Facultad.
En declaraciones de dos estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas hay varios puntos en los que ha venido fallado la institucionalidad para atender y erradicar estos casos. Respecto a la minimización de los casos una de ellas comenta que “como estudiante siento que el tema se ha minimizado y se ha trivializado porque uno escucha -muchas veces incluso desde directivos de otras facultades en Asambleas a las que he tenido la oportunidad de ir- que muchas personas sugieren que, si bien hay una tipificación, hay casos que son menos graves y que no deberían ser denunciados o que en realidad en la Universidad de Antioquia no hay tanto acoso porque lo que hay son micromachismos o comentarios fuera de lugar en las clases. Incluso personas que han salido a dar declaraciones a la opinión pública han dicho que la Universidad tiene un protocolo eficiente, siguen socializando la ruta, cuando muchas veces se ha manifestado que esa ruta revictimiza”.
Es por ello que, si bien se reconoce que se han hecho avances como lo es la Ruta Violeta, esta “no funciona, por lo que es necesario que efectivamente haya acompañamiento psicológico y jurídico para las denunciantes. Queremos que de esta coyuntura pueda salir como resultado la reestructuración de la ruta violeta que tiene en este momento la Universidad de Antioquia, es decir, que la nueva ruta sea producto de una construcción colectiva donde las estudiantes podamos opinar, podamos hablar de lo que vivimos en las aulas de clase y podamos definir qué es lo que nos violenta. Una ruta que efectivamente funcione, que brinde el acompañamiento jurídico psicológico, que tanto estamos pidiendo y que, en la Universidad de Antioquia, a nivel general, pueda haber un Comité de género encargado no solo de hacer veeduría a las rutas, sino encargado de hacer veeduría de todos los aspectos que tengan que ver con género en la Universidad de Antioquia.
Y es que según las estudiantes son varios los cuestionamientos que se le hacen a la Universidad una vez son puestos en curso los casos y que probablemente evitan que las mujeres de la Universidad se acerquen a denunciar. Una de ellas señala que “hay una situación que se ha hablado con mucha abundancia en los espacios de la Facultad y es la garantía del debido proceso, pero para los profesores que están siendo denunciados y para muchos no ha sido evidente que inclusive una falta o una violación a ese debido proceso es la desigualdad de defensa técnica jurídica en el marco del proceso”.
Una desigualdad en la que según ella “los profesores, por sus condiciones económicas y patrimoniales, y también por la necesidad de una representación en el proceso, con seguridad acudirán a un abogado contractual especialista en asuntos disciplinarios y proceso disciplinario, mientras que para las estudiantes es material y económicamente imposible gestionar con recursos propios un contrato particular con una abogada especialista en género y además de eso, especialista en temas disciplinarios”.
Si bien la Universidad ha instaurado el Centro de Atención en Género que actualmente se encuentra aportando elementos de valor en la discusión y que ha venido atendiendo casos de VBG, las estudiantes señalan que este acompañamiento presenta limitaciones en primer lugar porque los representantes en el marco del proceso serían estudiantes, practicantes, inscritos o matriculados en ese consultorio de atención en género.
Esto supone varios problemas porque “el proceso disciplinario es un proceso sumamente técnico y reglado, es decir, requiere de un conocimiento especializado tal que probablemente un estudiante practicante no ha desarrollado la destreza para la defensa técnica en un proceso de estos. Además, hay muchos compañeros que están allí matriculados, no porque tengan una sensibilidad especial en los temas de género, sino porque eran última tanda y les toco recibir ese último cupo en el centro de atención en género y a lo mejor no tengan tampoco las herramientas teóricas en el marco de lo que significa defender los intereses de una mujer víctima de violencias basadas en el Género y, por último, la representación no está en cabeza del docente asesor de esta práctica, por más de que él le brinda herramientas a los estudiantes practicantes, la representación sigue estando en cabeza del estudiante practicante, mientras que el docente, quien se está investigando en el marco disciplinario, va a gozar de un abogado contractual especialista en el tema disciplinario y allí se advierte un desequilibrio, una desigualdad importante en la defensa técnica de las estudiantes quienes denuncian las violencias y del profesor, quién está siendo investigado”.
Toca la imagen para ir al geanilly
Como vienen enunciado varias líderes estudiantiles y como ha sido aceptado por las directivas de la Universidad, este es un tema que nos atraviesa estructuralmente y que igualmente está presente y manifestándose en la sociedad, lo que evidencia que no es un tema solo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas sino de toda la Universidad de Antioquia, tanto así que la medida de asamblea permanente de los y las estudiantes ha sido declarada en toda la Universidad y apoyada por la asamblea de profesores.
Tras esta decisión el 2 de septiembre la rectoría emitió un comunicado en el que ya informaba sobre avances institucionales ante esta situación. Entre ellos se destaca que el martes 30 de agosto el CSU aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo para tipificar como falta disciplinaria las violencias basadas en género y sexuales. “Esta acción coincide con la reforma a la estructura disciplinaria que, aprobada desde abril, concibe una sola unidad adscrita a la rectoría para dar trámite a los procedimientos disciplinarios. Hemos dispuesto incrementar y cualificar el grupo de profesionales en derecho que orientan, acompañan y dan el trámite a las denuncias. Y, de otra parte, decidimos incorporar, en la Dirección de Bienestar Universitario, un equipo adicional de profesionales en psicología para reforzar la atención y acompañamiento psicosocial de las víctimas. El fortalecimiento del recurso humano en estos dos ámbitos comprende profesionales especializados en perspectiva de género” se lee en el comunicado: Escuchar, generar confianza y actuar con oportunidad, el llamado universitario frente a las VBG en la UdeA. Luego la Universidad de Antioquia informó cómo van las acciones para la prevención y atención de las violencias basadas en género, las cuales incluyen, además de la vinculación de psicólogos y abogados con enfoque de género, la reconfiguración de normas y procesos institucionales y la conversación con estudiantes, empleados y órganos de gobierno universitario, para avanzar en la prevención, detección, atención y erradicación de las violencias basadas en género y violencias sexuales —VBG y VS—. El texto señala que “La creación de la Mesa Multiestamentaria responde a varios de los compromisos adquiridos por el rector, John Jairo Arboleda, tras su participación en la Asamblea General de Estudiantes que se desarrolló el pasado 6 de septiembre, en la que, por cerca de cuatro horas, tanto el rector como los directores de Bienestar Universitario y Jurídica, dieron respuesta a inquietudes y escucharon las propuestas de las y los asistentes. En el Teatro Universitario, con cerca de mil estudiantes que participaron en la asamblea, los directivos ofrecieron detalles y explicaciones sobre las acciones que ha venido adelantando y anunciando la institución frente a lo que la comunidad estudiantil ha denunciado como una «emergencia por violencias basadas en el género y violencias sexuales en la Universidad»”.
Específicamente la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas cuenta con una Comisión dinamizadora que surgió en el Círculo de la Palabra para darle orden y respuesta a las exigencias de la Asamblea Multiestamentaria de Mujeres y Disidencias Sexuales de la Facultad, y a las propuestas que surgieron en el Círculo de la Palabra, con el fin de operativizarlas, establecer su viabilidad y nombrar los responsables de darles cumplimiento en los tiempos establecidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario