Luego de un recorrido guiado por el Edificio San Ignacio, la sede histórica del Alma Mater, un grupo de invitados conformado por concejales y representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), fue recibido en el aula múltiple del Paraninfo de la Universidad de Antioquia por docentes e investigadores miembros del Observatorio de Seguridad Humana adscrito al Grupo de Investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana. El primero en dar la bienvenida a los invitados fue el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Luquegi Gil Neira quién, en nombre de la Facultad y del Rector de la Universidad, deseo que las experiencias recogidas por el Observatorio en materia de seguridad humana fueran de provecho para el papel que desempeñan en sus respectivas municipalidades.Seguido de las palabras del Decano, el Doctor Julián Andrés Muñoz Tejada, profesor de la Facultad presentó al Grupo de Investigación y más precisamente al observatorio y desglosó el concepto de seguridad humana, definiéndolo y abriendo un abanico de variables, introduciendo al auditorio al contexto de seguridad humana en la ciudad y a la metodología comunitaria con la que el observatorio trabaja algunas de sus investigaciones.
A continuación, el Doctor Pablo Emilio Angarita impartió una cátedra en la que desarrolló un tema que suele eclipsar completamente el concepto de seguridad: el homicidio y el contexto sobre política de seguridad. Para nadie es un secreto que el fenómeno de la violencia ha estado presente en esta ciudad a lo largo de las décadas, y que el aumento o disminución de los índices de violencia (como es el homicidio) es aprovechado por actores políticos para meritar o desmeritar las labores de uno u otro en esta acción que tiene tanto peso en los planes de acción de los políticos, a propósito de las elecciones que se avecinan. A pesar de lo anterior, la violencia se transforma y la disminución de los homicidios no necesariamente se traduce en una mayor percepción de seguridad.
Gracias al trabajo mancomunado de los actores comunitarios y los investigadores académicos del observatorio se ha permitido esclarecer ¿qué es lo que ocurre en las respectivas comunidades? ¿qué hay frente a eso que ocurre en materia de políticas públicas? y, por último ¿qué hace la comunidad frente a la problemática y frente a la ausencia de presencia estatal?
Para construir un contexto de la seguridad en la ciudad el profesor Pablo se refirió a las cifras de homicidios registrados en Medellín a través de los años. En lo que va del siglo, los años más violentos fueron los del primer quinquenio y a partir del 2010 empezó una reducción significativa en los índices de homicidios que se agudizó con la implementación de los acuerdos de paz en 2014 y encontró final con el alza de asesinatos en los últimos dos años. En una línea de tiempo más amplia se puede ver cómo estas cifras palidecen ante las registradas en 1992 y 1993 cuando Medellín, con la impresionante cantidad de 6354 homicidios al año, era considerada la ciudad más violenta del mundo.
Pero ¿cómo consiguió la ciudad, en tan sólo 20 años, reducir radicalmente la cantidad de homicidios que la asolaba? La respuesta de la institucionalidad está relacionada con el urbanismo social, que es un factor que no hay que ignorar. Sin embargo, un factor de mayor peso tiene que ver con un acuerdo entre combos, celebrado en esas fechas por iniciativa del jefe paramilitar de la época Diego Murillo Bejarano, Alias Don Berna; a este acuerdo se le llamó Pacto del Fusil.
La disminución de los homicidios, para tristeza de todos, se vio traducida en el aumento de la desaparición forzada y del desplazamiento intraurbano. En Colombia se calcula que hay un total de 73492 desaparecidos de los cuales 8153 están registrados en la ciudad de Medellín, de estos casos de desaparición algunos han aparecido vivos, otros han aparecido muertos, pero casi un 50% de los desaparecidos siguen sin aparecer. Para concluir, el profesor Angarita explica que como no se puede entender la seguridad humana únicamente contemplando el fenómeno de la violencia, no se puede entender la violencia ni reducir la totalidad de sus manifestaciones exclusivamente al homicidio.
La siguiente ponencia estuvo a cargo de las investigadoras comunitarias Isela Quintero y Beatriz Hernández, quienes trabajaron el tema de seguridad desde la perspectiva de las víctimas del conflicto armado y desde la perspectiva de género aterrizada a la situación de la mujer, respectivamente. Isela empezó su intervención con una reflexión acerca de la ciudad que tenemos y la que vendemos internacionalmente; hoy por hoy Colombia cuenta con casi 9’000.000 de víctimas de las cuales 650.000 están radicadas en Medellín, en los barrios periurbanos que los guarecieron vencidos los 3 meses en los que el estado les brinda “apoyo”.
Isela, miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Pinares de Oriente y víctima del conflicto es enfática en su preocupación por las políticas del gobierno de turno que poco o nada se preocupa por las víctimas y la no repetición de los hechos violentos. La política de la seguridad que los mandatarios regionales han utilizado para vender sus campañas parece más una carrera de popularidad que relega la terminación del conflicto y las garantías de derechos para las víctimas a un segundo y quizá tercer plano.“Nosotros como organizaciones, como comunidades, hemos implementado diferentes iniciativas ¿cuáles han sido? Construir haciendas comunitarias como ciudad propia. Nosotras como víctimas del conflicto armado tenemos agendas en las que proponemos el reconocimiento de las víctimas que habitamos los bordes y laderas de la ciudad de Medellín, a través de programas de intervención social y el mejoramiento integral de barrios”.
Beatriz Hernández ha venido trabajando el tema de la seguridad de las mujeres en el Valle de Aburrá, entre otras cosas identificando las violencias de las que son víctimas y la percepción de seguridad que ellas mismas tienen. A través del proyecto Voces e Iniciativas comunitarias para la construcción de espacios seguros en América Latina y el Caribe, del Observatorio de Seguridad Humana, se logró concluir que no hay ningún lugar en el Valle de Aburrá dónde las mujeres puedan sentirse seguras, ni siquiera en el hogar (en lo que va del año se han registrado 52 feminicidios de los cuales 20 han sido cometidos al interior del hogar).
Entre otros hallazgos obtenidos en materia de seguridad para las mujeres está que el rango de mayor vulnerabilidad está entre los 20 y 30 años, que las mujeres temen denunciar por la posible cercanía que existe entre los actores que las amenazan y la policía, por ejemplo. También que en casos de extrema sevicia y abandono en quebradas o cañadas suelen ser bandas criminales que actuaron por alguna retaliación, que las armas más utilizadas para perpetrar feminicidios son corto punzante, que los únicos espacios seguros para las mujeres son los que ellas mismas por asociación han construido, que a hombres denunciados por tentativa de feminicidio se les ha dado casa por cárcel obligando a las víctimas a convivir con el victimario que acaban de denunciar, que el proceso de denuncia es engorroso, demorado y poco efectivo.
Las últimas exposiciones fueron realizadas por dos investigadoras académicas del Observatorio de Seguridad Humana: Natalia Maya quien se refirió a todo lo que concierne a la extorsión en la ciudad y Natalia Cardona quién nos reveló algunas conclusiones alcanzadas por el proyecto de investigación Voces e iniciativas comunitarias para la construcción de espacios seguros en América Latina y el Caribe.
Entre las conclusiones a las que llegó el Observatorio, gracias a la investigación sobre la extorsión en cuatro comunas de la ciudad (2 Santa Cruz, 5 Castilla, 15 Guayabal y 16 Belén), está que el fenómeno responde a situaciones estructurales, en las que la poca presencia o gobernabilidad que tiene el estado en determinados territorios, es suplida por parte de grupos armados ilegales que ejercen control en los territorios, tal es el caso de la protección violenta, la prestación de servicios sanitarios, y otras acciones que buscan despertar simpatía en las comunidades que extorsionan.
Sin duda, uno de los puntos más preocupante es la normalización del fenómeno de la extorsión entre los miembros de una comunidad que ven el pago de una cuota extorsiva casi como un impuesto que debe pagar por el buen servicio de orden que ofrecen los “muchachos de la esquina”, para parquear tu carro en la calle, para poder vender tus productos, para que te brinden protección de robos o daños, a través de alrededor de 8 modalidades identificadas a lo largo de la investigación tales como la monopolización de productos de la canasta familiar como arepas, huevos, lácteos, detergentes, etc. y la propaganda panfletaria en la que se habla de la situación crítica de seguridad y se solicita una colaboración para el mejoramiento de la misma en el sector.
Los grupos que cobran las “colaboraciones” piden una cuota por la vigilancia, por la circulación de buses de transporte público, por el ingreso de productos al barrio, por el ingreso de nuevas familias y residentes al barrio, por la provisión de servicios públicos amén de la ausencia estatal, por la resolución de violencia intrafamiliar, la construcción y remodelación de viviendas. Uno de los hallazgos con los que concluyó la intervención de Natalia fue el sometimiento que algunos barrios presentan ante el fenómeno de la extorsión, esto quizás relacionado con el constreñimiento que produce la convivencia con el extorsionista en el territorio y la violencia apenas tácita en el cobro.
Voces e iniciativas comunitarias para la construcción de espacios seguros para mujeres y jóvenes en América Latina y el Caribe, es un estudio que se extienden por 6 países y que desde 2009 intenta ofrecer “una mirada a la seguridad desde las voces y percepciones de quienes deben, a diario, enfrentarse a diversos hechos y situaciones que amenazan su bienestar y la efectividad de sus derechos. Son, pues, quienes habitan los territorios los llamados a contarnos cómo entienden un espacio seguro”.
Así pues, esta investigación hace uso de una metodología participativa en la que se pretende articular los conocimientos que circulan en la sociedad y ese otro, mucho más especializado, que se produce en la academia, dando lugar al diálogo de saberes. En un artículo publicado por el Observatorio, el profesor Julián se refiere a la relevancia de este trabajo y a la socialización de sus hallazgos “nos muestra que la seguridad o inseguridad de un espacio no es un dato ontológico. Tener un espacio seguro es ante todo, un asunto referido a la construcción de vínculos: entre quienes lo habitan, de quienes lo habitan con las instituciones e incluso del individuo consigo mismo”.
Atendiendo a lo anterior, la investigadora Natalia Cardona, apuntó en su intervención de esa jornada que entre los principales factores que dificultan la consolidación de espacios seguros está el amalgamiento entre actores legales e ilegales.
El Director del área de planificación y desarrollo productivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, Juan Salinas Fernández, afirma que a él y a sus compañeros, representantes de otros municipios les interesa mucho la mirada que pueda tener la academia en todo el tema de Seguridad Humana y Ordenamiento Territorial. “Ya hemos estado antes en la Alcaldía, en el Área Metropolitana, una visión complementaria es la de la academia, el trabajo que está haciendo el Observatorio de Seguridad Humana aquí en la ciudad, desde los propios territorios… muy interesante ese aspecto”, afirmó el trabajador social de la provincia de Maipo en Chile.
“Los ediles y los técnicos que aquí han venido, se van a ir a chile, a sus respectivas comunidades con nuevo conocimiento. Se espera que saquen algunas lecciones que puedan ser replicadas en sus territorios, obviamente, adaptándolas a las características propias de cada municipio o comuna”.
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