Sobre las elecciones locales y regionales de este año

A portas de la fecha del sufragio (27 de octubre), que pondría a los gobernadores de los 32 departamentos y diputados para sus respectivas asambleas, los alcaldes de sus 1122 municipios, así como los concejales municipales y ediles de las Juntas Administrativas Locales, se celebró una nueva entrega de Debates de Coyuntura, espacio académico para la discusión sobre temas de actualidad, gestado en el pregrado de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

Al auditorio Horacio Montoya Gil (10-222) llegaron los panelistas de este debate realizado el día 18 de septiembre. La mesa conformada por la coordinadora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Verónica Tabares; los profesores del Instituto de Estudios Políticos (IEP), Juan Carlos Escobar Escobar y Juan Carlos Arenas Gómez; y la politóloga de la Universidad Eafit, Cindy Suaza Lotero, abordó temas que van desde los retos y perspectivas, hasta la violencia política, pasando por otros focos de interés como son la representación de las mujeres y los jóvenes.



Como siempre, el mediador, presentador y provocador del debate fue el profesor de la Facultad, Luis Alfredo Atehortúa, gestor de este espacio y quien dio apertura al evento con una cita del politólogo argentino Guillermo O’Donell: “Durante casi dos décadas, en América Latina, la democracia fue observada esencialmente en su dimensión electoral, la política vista a través de la crisis que expresaban sus partidos, las estructuras clientelistas, la corrupción en los procesos electorales. La problemática del estado motiva también a preguntarse por la modernización burocrática y la disminución de sus interferencias en la economía”.

“¿Qué significan estas elecciones en un momento en que pareciera que se avivan las fuerzas antagónicas a las salidas políticas negociadas? ¿cuántos, dónde y cómo se expresan los partidos políticos tradicionales y las nuevas fuerzas que se disputan los cargos de elección disponibles en las alcaldías, concejos y asambleas? ¿qué pasa con la violencia, las amenazas y los homicidios dirigidos hacia candidatos? ¿Cómo va la participación de las mujeres y minorías en este importante evento de empoderamiento y nuevas ciudadanías?, fueron algunas de las preguntas con las que el profesor Atehortúa provocó el debate de esa tarde.

El primero en tomar la palabra fue el Magíster en Ciencia Política, Juan Carlos Escobar Escobar, quien empezó con la lectura de unas reflexiones que traían preparadas. En dicho texto tocó varias hipótesis aceptadas por la academia sobre las elecciones locales y regionales. Una de ellas dice que las elecciones de orden local y regional acercaron un poco más la política al ciudadano y son, por lo mismo, las más concurridas; otra, afirma que, en lo local, significó cambios que escalaron al plano nacional, como el ingreso exitoso de nuevos actores en la política. Sin embargo, la intención del profesor Escobar era discutir la vigencia de una tercera hipótesis que dice que “la política regional y municipal no son una función de la vida política nacional, aseveración del antropólogo y Doctor en Ciencia Política Francisco Gutiérrez Sanín.

Dicha afirmación significa que estas elecciones obedecierían a unas dinámicas y a unas lógicas que distan de las nacionales. Esta hipótesis, según el profesor Escobar se mantiene cierta en los siguientes aspectos:

El control presupuestal y la contratación pública están atados al manejo de los mandatarios locales. El tema de la contratación pública se agrava teniendo en cuenta que el funcionario de carrera parece estar en peligro de extinción, dando cabida a cada vez más contratos por servicios, dejando potestad al mandatario de turno para contratar y prescindir del personal y el funcionamiento, de acuerdo con su plan político.

Se estima que con el cambio de administración peligra el trabajo del 62% de los empleados estatales. Con una frase lapidaria que sirve para definir una estructura del clientelismo el docente concluyó “los mandatarios locales y departamentales construyen lazos de fidelidad política a través de la incertidumbre laboral”.

Las coaliciones electorales regionales no son un dibujo calcado de las nacionales. Según el docente “en lo local y lo departamental, cualquiera se puede aliar con cualquiera. Lo anterior debido a que, en algunas localidades, la composición de las coaliciones electorales refleja el espectro ideológico de las comunidades. Ejemplo de esto es Aníbal Gaviria, candidato a la gobernación de Antioquia que, presentándose por firmas recoge el aval de partidos como el Partido Verde, el Partido de la U, Partido Liberal, Cambio Radical y buena parte del Partido Conservador. “Cada vez -afirma el profesor Escobar- es más inusual que se lancen, y más inusual aún que ganen, candidatos a cargos uninominales inscritos por un solo partido político”.

Las dinámicas ilegales y del conflicto armado siguen estando presentes como ejes de impacto o articulación de las dinámicas electorales regionales. La criminalidad ligada al tráfico de narcóticos, al despojo de tierras y la minería ilegal tienen un protagonismo diferenciado y caracterizado en diferentes puntos del país, y su incidencia en los procesos regionales y locales de estos territorios es notoria y preocupante.

Existen problemáticas de interés focalizado por las características y necesidades propias de los departamentos y los municipios. Así pues, nos encontramos con debates especializados en torno a temas como Hidroituango en Antioquia, la construcción del metro de Bogotá, la calidad de la partícula de aire en los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

A pesar de que los cuatro numerales anteriores a pesar de que los cuatro puntos anteriores defienden la existencia de una lógica regional direcciona las elecciones de orden local. Para él, estas elecciones que se aproximan están ancladas a las dinámicas de un “ciclo electoral” que empezó con el plebiscito de 2016 y se reforzó en las elecciones presidenciales de 2018. El profesor dio dos razones:

Los problemas y los repertorios del debate en el país están teniendo un impacto diferenciado en las regiones. Por ejemplo, las reflexiones frente a la paz y las acciones de guerra han afectado en mayor medida en el proceso electoral de zonas como Cauca, Chocó, Nariño y Antioquia.

Desde los años de 1970 y 1974, cuando coincidieron las elecciones nacionales y locales en la misma fecha, no se apreciaba tanto interés por parte de políticos de talla nacional en los asuntos de las esferas local y regional “Uribe y Petro se toman cada 2x3 fotos con sus candidatos y a Fajardo se le vio -tarde- intentando configurar equipos políticos en varios municipios”. En estas elecciones particularmente, la estructura electoral contiene otras características que se conjugan y en ocasiones desplazan a los clivajes tradicionales, el profesor Escobar se refiere a “la transacción vertical y descendente de la imagen de liderazgo que está presente en algunos expresidentes y presidenciables.

El profesor Juan Carlos Escobar concluyó diciendo que los ecos plebiscitarios de 2016 y 2018 han atravesado estas elecciones regionales que empiezan a distar un poco de sus propias lógicas y dinámicas.

A continuación, el profesor Juan Carlos Arenas Gómez se refirió específicamente al tema de las candidaturas y la contienda. Él recopiló un conjunto de datos estadísticos que le permitieron realizar unas observaciones sobre el panorama electoral hacia el final de su intervención.

Según la base de datos oficial de las candidaturas, hay actualmente un total de 117.822 candidatos para los 20.418 cargos disponibles. En promedio hay 6 candidatos por cargo, aunque la mayor concentración de candidatos se encuentra en los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales; bastante menos concurridas las alcaldías y gobernaciones, pero son los puestos para Ediles de las Juntas Administrativas Locales los que presentan la menos tasa de aspirantes por cargo. Hay en promedio 5.5 candidatos aspirando a cada una de las gobernaciones, 4.7 aspirantes a cada alcaldía, 8.6 para cada puesto de Diputado Departamental, 7.9 para cada puesto de Concejal Municipal y 2 para cada cargo en las JAL.


En contraposición a lo dicho por el ponente que lo antecedió, el profesor Arenas asegura que, si bien puede parecer que la credibilidad de los partidos se está desdibujando, sigue teniendo un papel fundamental a la hora de avalar candidatos. Para la presente contienda un 93.1 % de los candidatos a los distintos cargos es respaldado por un partido, 4.8% se presentó por coalición y tan solo el 2.1% lo hizo a través de firmas (Datos al momento de la inscripción de la candidatura). Si nos acercamos un poco al caso puntual de Antioquia, hay 8 candidatos a Gobernador, 2 por firmas, 2 por coalición y 4 por partido; 601 candidatos a las diferentes alcaldías, 141 por firmas, 48 por coalición y 428 por partido.


El Magíster en Ciencia Política quiso dividir el asunto del apoyo político a candidatos por género, así encontró que, en el caso de la Asamblea y el Concejo, la representación de la mujer se encuentra apenas en el umbral legal de participación contemplado (37%). Son las JAL a las que más apuntan las mujeres en Antioquia, con un 44% de la participación femenina en la contienda, mientras que en la alcaldía y gobernación no supera el 14%. Podemos concluir que la participación femenina es inversamente proporcional al poder administrativo que ostenta el cargo.

Por último, el profesor Arenas invitó a preguntarnos por el papel de representación de las mujeres y los jóvenes. Si para los partidos son relleno, la cuota necesaria para acceder a un estímulo, o una propuesta política con auténtico respaldo y esperanzas de alcanzar e incidir en la conformación de los cuerpos colegiados.


Conectando con la conclusión final del profesor Juan Carlos Arenas, la politóloga Cindy Suaza se refirió al tema de la participación política de la mujer en cargos de representación, un tema que ha venido analizando desde 2003. Para Cindy Suaza el papel de la mujer en los partidos ha sido tradicionalmente el de mantener los fortines políticos de los partidos en los territorios -aseveración que respalda el 44% de participación femenina en las JAL-.

En 2011 en sancionada la Ley 1475, ley que dice que las listas electorales de las organizaciones políticas deben estar conformadas en un 30% por uno de los géneros. En 2003 la mujer tuvo un 16% de participación, en 2007 un 15%, en 2011 un 32 % y en 2015 un 33%, estas cifras reflejan un aumento significativo en la participación femenina de las mujeres al concejo de Medellín.

La aparición del movimiento político Estamos Listas, de alguna manera cambió los valores de esta contienda frente a otras. Si excluimos este movimiento de las listas, la participación de las mujeres no presenta ningún aumento frente a la obtenida en los años 2011 y 2015. Según Cindy, del 33% de participación femenina que registran los partidos, un 20% son candidaturas de relleno, mujeres que no tienen la pretensión de llegar al cargo ¿cuáles son los obstáculos que encuentran las mujeres que aspiran a la vida política a través de estas organizaciones políticas?

Para la investigadora, la mayor dificultad a la que se enfrentan las mujeres son las estructuras tradicionalmente clientelistas y las relaciones de subordinación presentes en los partidos, pues estas obviando la calidad de las candidatas y la trayectoria política que estas puedan tener, como fue el caso de Liliana Rendón, a quien, a pesar de tener la experiencia y de haber estado por 4 periodos en el senado, le fue retirado el aval de su partido. Para Cindy Suaza, el Movimiento de Independientes estamos listas significa la oportunidad de las mujeres de hacerse de representación política fuera de las barreras que las demás organizaciones políticas tradicionales les han puesto.

Según Verónica Tabares, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha identificado 3 retos en relación con la violencia política. El primero fue esbozado someramente por el profesor Escobar, los grupos que se disputan las economías legales e ilegales en los territorios inciden en las campañas de dos formas: violencia o financiamiento. El segundo reto tiene que ver con la percepción de inseguridad que algunos candidatos tienen al ser relacionados con diversos grupos armados ilegales en los municipios, razón por la que son señalados y estigmatizados en la población. El tercero se trata de la altísima desconfianza que despiertan en los ciudadanos las instituciones gubernamentales y su labor.

Las vísperas de elecciones suelen traer consigo el ambiente propicio para la violencia política -que cabe aclarar no es únicamente electoral- y esta violencia política a su vez deriva en el avivamiento de las violencias sociales y comunales. Desde el 27 de octubre de 2018 hasta la fecho se han registrado 27 hechos de violencia política en del departamento. De estos 12 han sido asesinatos, una cifra alarmante pues es la forma de violencia más frecuente, seguida de las amenazas y los atentados.

A través de un cruce de variables que contemplan la presencia de grupos armados y antecedentes de fraude electoral, la MOE desarrolló un mapa de riesgos electorales en que se identifica el nivel de exposición a violencias y fraudes que tienen algunos municipios de Antioquia. Ituango, Granada, Angostura y Toledo, son municipios que se encuentran en la franja de riesgo extremo de violencias y fraude; otros municipios como Necoclí, Tarazá, Remedios y Zaragoza se encuentran en riesgo alto, mientras que algunos municipios del Área Metropolitana como Medellín, Bello y Caldas se encuentran en la franja de riesgo medio.