Avanza la defensa de los derechos del Atrato

 Río Atrato. Cortesía
Instituto de Investigaciones Ambientales
 del Pacífico —IIAP—.

 Por: Jennifer Restrepo de la Pava- Periodista

La Universidad de Antioquia avanza en su apuesta por contribuir en la protección del Chocó. Recientemente acompañó nueve investigaciones en temas socioambientales y, además, pone en marcha una comisión temporal para brindarle asesoría y acompañamiento a los Guardianes del Río Atrato.

La declaración del río Atrato como sujeto de derechos por parte de la Corte Constitucional, en 2016, abrió las puertas a alternativas en Colombia para la conservación de los ecosistemas fluviales y, por ende, la protección de los derechos bioculturales de las comunidades.

«La Corte estableció que la Universidad de Antioquia debe participar en la conformación de un panel de expertos. Por ello, en el mes de junio firmé la Resolución Rectoral 47027, que crea esa comisión para apoyar los estudios y las decisiones para la recuperación del río, además para hacer un seguimiento a los derechos que se deben preservar y restablecer en beneficio de las comunidades», explicó el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes.

Arboleda señaló que esta comisión está integrada por vicerrectores, decanos y profesores de diversas áreas. Además, como parte de esa ruta de acompañamiento también se realizó el convenio con la Universidad Tecnológica del Chocó —UTCH—, un acuerdo mediante el cual la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia acompañó la creación e implementación de la maestría en Ciencias Ambientales, cuya primera cohorte, en mayo pasado, terminó de graduar a sus nueve estudiantes.

El rio Atrato hace parte del Chocó biogeográfico, considerada la zona con más biodiversidad del planeta. Vigía de Curvaradó. Foto: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico —IIAP—.

Los trabajos de investigación realizados por estos, además de identificar las principales problemáticas ambientales en ciertos sectores chocoanos, se constituyeron en un insumo para los tomadores de decisiones y entidades que tienen a su cargo las alternativas a implementar basadas en evidencia científica, para el cumplimiento de la Sentencia T 6-22, con la cual la Corte Constitucional reconoció al ro Atrato, su cuenca y afluentes, «como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas».

De acuerdo con Jairo León Zapata Martínez, director de la Corporación Académica Ambiental, la información de los proyectos de investigación realizados por los recién egresados sobre los efectos y cómo solucionar impactos de la minería en el Chocó, permitió conocer algunos sitios específicos de intervención y dar soluciones que ya se cuantificaron en el Plan de Acción de la «orden quinta» de la sentencia, con miras a la recuperación del río Atrato.

Vigía de Curvaradó. Foto: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico —IIAP—.

Para el cumplimiento de la sentencia es necesaria la articulación de autoridades, entidades públicas, privadas y las comunidades. «Estamos en la etapa de planificación de las acciones. Se formuló el plan de acción de la “orden quinta” y se avanza en la etapa final de la formulación del plan de acción de la “orden séptima”. En este proceso se destaca la participación comunitaria para aportar en la construcción colectiva. Algunas acciones previstas en los planes ya están en gestión y aparecerán pronto los proyectos en ejecución. Lo que más nos desvela es la necesidad de articulación para que los cooperantes y responsables no actúen por fuera de estos marcos de acción», señaló William Klinger Brahan, director general del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico —IIAP—.

El funcionario agregó que entre las acciones que se requieren en la cuenca del Atrato con mayor urgencia, está la «garantía de seguridad territorial que desmantele la ilegalidad que hoy se expresa en términos de la presencia activa de actores armados ilegales que conducen al asesinato de líderes sociales y rompen cualquier posibilidad de convivencia pacífica, sembrando angustia en el territorio y paralizando muchas actividades».

William Klinger enfatizó en la importancia de acuerdos para el acceso al territorio y sus recursos, que garanticen la tranquilidad de la población asentada históricamente en la cuenca. Además de la aplicación simultánea de alternativas productivas diversas y sostenibles como la agricultura orgánica, el turismo, la pesca marina y continental, la reconversión ganadera, la deforestación evitada, el pago por servicios ambientales y la restauración de ecosistemas con monitoreo comunitario.