El profesor Luquegi Gil Neira, Decano de nuestra Facultad, participó como asambleísta en la sesión virtual Nº 108 de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional de Ecuador.
En esta reunión, académicos y juristas provenientes de diversas instituciones del país vecino, expusieron -junto al Decano- sus observaciones y aportes al informe para primer debate de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, que modificaría algunos aspectos del Sistema de Defensoría Pública Ecuatoriano: por ejemplo, al servicio de asesoría y representación legal que brinda el estado a las personas de bajos recursos, se sumaría como complemento la labor de los Consultorios Jurídicos de las Universidades -aunque allí entidades sin ánimo de lucro puedan brindar ese servicio-.
Lo anterior ha suscitado dudas sobre quién debe ejercer control y regulación sobre el ejercicio de los Consultorios Jurídicos. Se debate si dicha labor debe quedar en manos de la Defensoría Pública como órgano, o si, al seguir implicando el factor académico y de desarrollo profesional, esta debe ser responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional -dicotomía que tiene implicaciones en la autonomía universitaria-. La invitación hecha a la Facultad, en representación del Decano, obedece a su necesidad de conocer el caso colombiano, al que ven como un posible modelo o antecedente.
El profesor Luquegi usó el tiempo de su intervención para hablar del papel y la historia de los consultorios jurídicos en Colombia, entendidos estos como instituciones que promueven la educación jurídica experimental, permitiendo a los estudiantes desarrollar destrezas necesarias para ser profesionales de derecho competentes.Así mismo, los consultorios jurídicos han servido no sólo en términos del desarrollo académico, también ha contribuido a la materialización de derecho al acceso a la justicia de los sectores vulnerados del país, a quienes muchas veces la defensoría pública no alcanza a cobijar.
Entre otras cosas, el Decano se refirió a los inicios del concepto, y los rastreó hasta la década de 1960, cuando las discusiones en torno a la manera en cómo se enseñaba y aprendía derecho gestaron una visión bautizada Derecho y desarrollo, promovida por la Asociación para la Reforma de la Enseñanza del Derecho (ARED. Dicha visión hizo posible la creación de norma frente a conceptos como el de Consultorio Jurídico -Decreto Ley 196 de 1971, Decreto 765 de 1977, y Ley 583 de 2000- que definieron que en Colombia todas las instituciones de educación superior que imparten la carrera de derecho deben tener uno. Además, todos los estudiantes del programa deben, obligatoriamente, cursar el consultorio jurídico como asignatura en sus últimos 2 años.
También explicó la estructura de los consultorios y que aquí, quien autoriza el funcionamiento de las universidades y los programas es el MEN, a través del registro calificado, que es requisito para la aprobación de funcionamiento del consultorio que está a cargo del Tribunal Superior del respectivo Distrito Judicial, para el cual se regula el espacio locativo, el nivel de formación y experiencia del director y los asesores del consultorio, y los asuntos de la jurisdicción en los que los estudiantes pueden hacer representación judicial. De igual forma, se refirió a la aparición de los Centros de Conciliación, entre los servicios brindados por los consultorios.
Por último, el Decano enumeró algunos de los logros que el Consultorio Jurídico “Guillermo Peña Alzate” de la Facultad alcanzó en 2019. Entre ellos, la atención de 3441 personas, la tramitación de 3387 casos, el funcionamiento de 6 consultorios rurales y los programas especiales como son el PPI y el CAV. En palabras del Decano “Es muy valioso para la Facultad y para su Consultorio Jurídico sean vistos como un referente latinoaméricano de servicio a las comunidades de menores recursos, y que forma abogados con muy altos niveles de calidad. Esta invitación demuestra el nivel de reconocimiento que tiene la Universidad, y en particular, el tiene la Facultad y el Consultorio Jurídico”.
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