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| Por: Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, profesor Facultad Derecho y Ciencias Políticas UdeA |
El profesor Gabriel Ignacio Gómez, expone la importancia de esta comisión para el esclarecimiento de la verdad, señala las posibles motivaciones de algunos sectores políticos para atacarla, y hace un llamado a toda la sociedad para alzar la voz y defenderla.
«... desde que se firmó el Acuerdo de Paz, surgió una oposición feroz a los mecanismos de justicia transicional allí previstos y que, desde entonces, ha desplegado múltiples acciones de difamación y bloqueo político...»
Antes de intentar responder la pregunta formulada en el titulo quisiera explicar brevemente qué es la Comisión de la Verdad, cuáles son sus funciones y que ha hecho hasta el momento. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV), como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), fue el resultado de una negociación de paz que buscaba cerrar el ciclo de violencia política en Colombia. Se trata de un ente público autónomo de rango constitucional, según lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en el decreto ley 588 del mismo año.
Sus integrantes fueron seleccionados luego de un riguroso proceso realizado por un Comité de Escogencia integrado por prestigiosos académicos y defensores de derechos humanos. La CEV está compuesta por 11 comisionados, hombres y mujeres de diversas trayectorias que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, al estudio sobre la violencia y a la búsqueda de la paz, y que representan a múltiples sectores sociales, políticos, étnicos y culturales de la sociedad. Además, está presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, un intelectual serio y comprometido que cuenta una larga trayectoria de trabajo con las comunidades y las víctimas del conflicto armado.
La CEV tuvo un tiempo de preparación de seis meses y su periodo de tres años se inició en noviembre de 2018. De acuerdo con su mandato, la CEV debe contribuir en el esclarecimiento de las prácticas que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, los contextos en que estos hechos se dieron, los impactos que generaron en la sociedad y las responsabilidades colectivas de los diferentes actores sociales. Así mismo, debe promover el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y la convivencia en los territorios, entre otras funciones.
Según el informe de rendición de cuentas del primer año (2019), la CEV logró crear un equipo y diseñar una metodología de trabajo que le ha permitido hacer presencia en buena parte del territorio nacional con 28 casas de la verdad. Así mismo, ha promovido múltiples encuentros por la verdad y encuentros territoriales que son difundidos por canales nacionales, regionales y redes sociales. En un solo año, logró realizar más de seis mil entrevistas y escuchar a cerca de once mil personas, en su mayor parte, víctimas del conflicto en múltiples regiones del país.
Esta no es una tarea fácil. La experiencia internacional ha mostrado que a las Comisiones de la Verdad les corresponde mostrar, como un espejo, las facetas más perversas de la violencia con el fin de elaborar los traumas del pasado, transformar el presente y construir un futuro en que la barbarie no se repita. El caso colombiano no es una excepción. Este reto es aún mayor si tenemos en cuenta la duración del conflicto, el impacto de los traumas causados y la continuidad de las mentalidades bélicas que aún persisten.
Si queremos transformar una historia de violencia política y estructural, debemos conocerla tanto como sea posible. Lamentablemente, desde que se firmó el Acuerdo de Paz, surgió una oposición feroz a los mecanismos de justicia transicional allí previstos y que, desde entonces, ha desplegado múltiples acciones de difamación y bloqueo político.
Por tal razón, los ataques irresponsables que se han proferido recientemente, según los cuales los integrantes de la CEV “tienen nexos” con grupos armados, o tienen “sesgos ideológicos”, o “no están cumpliendo sus funciones”, son un síntoma de la persistencia del conflicto armado en la mentalidad de muchas personas y resultan mucho más dicientes sobre la subjetividad de quienes emiten tales afirmaciones, que de la misma CEV.
Pero a su vez, tales juicios generan diversos interrogantes. Por cuestiones de espacio me detengo en los siguientes: ¿Cómo interpretar estos ataques? y ¿cuál es el temor que puede generar la Comisión de la Verdad?
Con respecto a la primera pregunta, en principio, considero que hay tres posibles interpretaciones. La primera tiene que ver con cierto nivel de desconocimiento sobre las actividades de la CEV. Esto es explicable en el caso de ciudadanos que no han seguido la marcha de la Comisión, pero en este caso, por tratarse de personajes públicos, y uno de ellos, exministro del gobierno que promovió el proceso de paz, el problema va más allá del mero desconocimiento.
Por ello, me inclino a pensar que hay otras motivaciones de mayor peso. La segunda interpretación tiene que ver con que, de acuerdo con el sistema de creencias, intereses y afinidades políticas (sesgo ideológico) de quienes hacen los ataques, estos conciben la búsqueda de la verdad como una amenaza y a los integrantes de la CEV como enemigos.
Finalmente, una tercera interpretación aparece en el escenario político: en dos años habrá elecciones presidenciales y, tal como ocurrió en las pasadas elecciones, la exacerbación de las pasiones políticas parece dar réditos electorales. Estas dos últimas motivaciones nos llevan responder la segunda pregunta.
Cuando se tiene en cuenta que la CEV abrió nueve líneas de investigación que incluye las acciones de todos los actores del conflicto armado, y que, además, ha permitido una amplia participación de diversos grupos de víctimas y comunidades afectadas, no resultan razonables los ataques anteriormente mencionados. Más bien, la oposición sistemática a las instituciones de justicia transicional, tal como lo han manifestado otros analistas, obedece precisamente al temor de algunos sectores políticos y económicos a que se conozcan las verdades ocultas e incómodas sobre el conflicto armado en el país.
Finalmente, la CEV ha trabajado sin descanso en propiciar espacios de encuentro, escucha y diálogo, incluso, sorteando las dificultades que presenta la actual pandemia, y sus acciones la han convertido en un patrimonio ético de la sociedad que debe ser protegido. Por tal razón, todos los sectores sociales de orientación democrática, incluyendo a la academia, debemos, hoy más que nunca, defender a la Comisión de la Verdad. El silencio no es una opción.
Nota
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