Migrantes transcontinentales, drama que agudiza en Urabá

Grupo de migrantes haitianos,
 cubanos, bengalíes, indios y congoleños
 cruzando, en febrero de
2020, el paso entre Capurganá y
Puerto Obaldía, en el tapón del Darién.
Foto: cortesía Eduardo Andrés Contreras.

 Por: Leonardo Álvarez Arango - Periodista de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

El Darién —entre Colombia y Panamá— no solo es una zona de invaluable biodiversidad. Hoy es también una peligrosa ruta por la que, solo en el 2019, pasaron cerca 24 000 migrantes transcontinentales. El Programa de Protección Internacional de la Universidad de Antioquia alerta sobre el entramado de vejámenes y riesgos que implica el tránsito por allí.

En la frontera entre Colombia y Panamá existe una de las rutas migratorias irregulares más peligrosas del planeta. Se trata de un sendero inhóspito y selvático que une a los dos países, mejor conocido como el tapón del Darién. Según Naciones Unidas, solo en 2019, cerca de 24 000 migrantes de 39 nacionalidades se expusieron por allí a altas temperaturas, humedad, caudalosos ríos, fauna salvaje y la violencia de grupos delincuenciales.

Las persecuciones políticas, las crisis económicas, los límites a la libre expresión y los desastres naturales son causas por las que estos migrantes transcontinentales que provienen de países como Cuba, Haití, Camerún, India, Bangladesh, Congo, Nepal, Pakistán y Ghana, entre otros, se ven obligados a hacer estos recorridos monumentales exponiéndose a la violación de sus derechos humanos, paradójicamente, en búsqueda de una mejor vida.

Este cruce, que tarda entre siete y diez días según el clima y en el cual muchos no sobreviven, se convierte en la única alternativa para continuar su viaje de forma irregular, principalmente, a EE. UU. y Canadá. Más de una semana sin agua, comida ni refugio en mitad de las 575 000 hectáreas de naturaleza virgen del Darién.

Colombia enfrenta un duro reto para atender esta situación, pues por las fronteras con Ecuador y Brasil se ha convertido en un punto de entrada de migrantes que recorren todo el país hasta la frontera con Panamá, siendo esta última la que reviste más riesgos y se configura en un escenario favorable para las redes de tráfico de migrantes y de trata de personas.

Algunos datos que alertan a los investigadores del Programa de Protección Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas —PPI—, señalan que en la zona existe presencia y control territorial por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —AGC—, pues en la región suelen darse tráfico de drogas, armas y contrabando, lo cual, sumado a la red de tráfico de migrantes que opera en el trayecto entre Ipiales, Turbo y Necoclí, y que suelen ser abandonados en el mar a 100 metros de la costa, pone en riesgo la vida de estas personas.

Existen otros factores de riesgo para los migrantes, como el desconocimiento sobre la posibilidad de solicitar refugio y protección internacional, el tránsito por rutas no autorizadas por la ausencia de conexiones terrestres y marítimas habilitadas, la falta de verificación de documentación, las condiciones climáticas y geográficas de la ruta que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades tropicales, y los riesgos de apátrida en casos de mujeres en embarazo, o de separación familiar para los niños, niñas y adolescentes en el tránsito.

Niños migrantes, aún más preocupante

Los casos de niños y adolescentes también generan alertas. Recientemente un informe de Unicef y el Servicio Nacional de Migración de Panamá señaló que el número de niños y niñas migrando a través del tapón del Darién se multiplicó por siete en un año —522 en 2018 a 4000 en 2019—. Entre enero y febrero de 2020 la cuenta subió en 3300 personas más; de ellas, 10 niños menores de 9 años viajando sin su familia, según datos del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá —Senafront—. Las cifras dejan de lado aquellos que no lograron sobrevivir al trayecto.

Esta información ha sido recogida por el PPI, encabezado por la docente Astrid Osorio Álvarez, a través de la alianza con la Agencia de la ONU para los Refugiados —Acnur—, y a partir de tres años de asistencia legal a población refugiada y migrante en Colombia. Durante este tiempo, mediante dicha alianza, el programa ha acompañado casi 5000 casos, de los cuales el 10 % se refieren a solicitudes de condición de refugiado. Unida a la asistencia legal, el programa ha realizado diferentes acciones de litigio estratégico relacionadas con la demanda de inconstitucionalidad del procedimiento de refugio en Colombia, acciones en la sede de la Corte Constitucional para el reconocimiento de la nacionalidad por nacimiento y por riesgo de apatridia de niños y niñas migrantes en Colombia, entre otros. Sin embargo y pese a los esfuerzos, incluso en sede de Altas Cortes, persisten interpretaciones restrictivas y discriminatorias que impiden el pleno ejercicio de derechos.

Por estas razones, apoyados por Acnur, el PPI y el Semillero en Movilidad Humana, Desarrollismo y Nuevas Violencias, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, solicitaron una audiencia al secretario ejecutivo Paulo Abrão y a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de advertir sobre estas problemáticas relacionadas con el debido proceso y el enfoque de género en los procedimientos de refugio; la no aplicación del interés superior del niño y el principio pro persona en la interpretación de normas y toma de medidas para el reconocimiento de nacionalidad por nacimiento o por riesgo de apatridia, así como el aumento de las discrecionalidades de todos los procesos mencionados en el marco de la covid-19.

Migrantes varados por la pandemia

Foto: cortesía Eduardo Andrés Contreras.

Con la extensión de las medidas frente a la emergencia por covid-19, la situación de la frontera colombo-panameña se agudizó, especialmente en el último punto de frontera continental ubicado en Necoclí. Allí hay un represamiento de cerca de 350 personas que conforman un movimiento mixto en tránsito de salida hacia Centro y Norteamérica, debido a los cierres de fronteras municipales e internacionales; cuestión que a la fecha no ha evidenciado casos positivos de covid-19.

La medida del municipio, tomada desde el 30 de marzo, fue constituir una Zona de Aislamiento Preventivo Temporal —ZAPT—. Se trata de un albergue en el coliseo municipal, donde se encuentran 295 personas a la espera de continuar su tránsito. La Alcaldía de Necoclí ha tratado de resolver tal situación con recursos limitados, provenientes de la administración departamental y organizaciones internacionales como Acnur, OIM, CICR. La alta población allí, sin embargo, implica importantes retos de sostenibilidad, atención en salud, salud mental, ocupación del tiempo libre, educación en emergencia, entre otros.

Esta zona no cuenta con una presencia estatal sólida que permita guiar a las administraciones locales que presentan escasos recursos, hechos de corrupción y alta demanda de acceso a derechos. A esto se suma la existencia de otro grupo de personas en movimientos mixtos que se encuentra represado en Pasto —Nariño— y que alcanzaría las 150 personas, situación que genera preocupación en la zona dado el cierre de frontera y su baja capacidad de respuesta, señaló el PPI.