La incertidumbre jurídica de una histórica conquista indígena

Los koguis, arhuacos, kankuamos y wiwas habitan tres resguardos
 que hacen parte de los 18 000 kilómetros que comprende
 la Línea Negra. Esta cobija además a 25 municipios y tres parques nacionales,
 y le compete a tres corporaciones regionales.
Foto: cortesía David Estrada Larrañeta.

Por: Alejandro Puerta Calle Periodista- Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

En agosto de 2018 un decreto presidencial redefinió la protección de la Línea Negra, una suerte de frontera que conecta y protege los espacios sagrados y naturales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La norma está confrontada hoy por una acción de nulidad y los intereses en proyectos de desarrollo para la región.

Para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, su territorio es más que un parque natural y mucho más que un terreno de incalculable valor para la minería. Según los koguis, arhuacos, kankuamos y wiwas, incluso el tan importante título de Patrimonio Natural de la Humanidad que otorgó la Unesco en 1979 es una designación que no logra abarcar su gran significancia como ecosistema y, especialmente, como territorio sagrado.

Su cosmovisión comprende que esa tierra que habitan y protegen es el «corazón del mundo», en el que cada elemento, objeto y organismo —la cima más alta o el tranquilo arroyo— forma parte indispensable de un sistema vivo interconectado. Esa interconexión ha sido materializada en la llamada Línea Negra —Sheshiza—, un «hilo invisible» que teje sobre el territorio una frontera para conservar la unidad espiritual y física entre los 348 espacios sagrados que la componen.

Los cuatro pueblos indígenas que se guarecen en las faldas de la sierra son descendientes de los taironas y, tradicionalmente, han defendido y conservado este territorio. Por eso, cada uno de los pueblos que lo comparten es considerado un pilar que soporta el equilibrio natural entre el humano y la naturaleza. Como guardianes de tal equilibrio, los pueblos ancestrales han emprendido múltiples procesos legales para evitar que el desarrollo de proyectos de infraestructura, viales, portuarios, turísticos o de explotación minera, que no sean consultados con ellos, afecten la riqueza ecológica, cultural y espiritual del territorio.

El 6 de agosto del 2018, la vieja lucha de las comunidades de la sierra recibió un espaldarazo histórico. El presidente Juan Manuel Santos —un día antes de dejar su mandato— plantó su firma en la última de las 67 páginas del Decreto 1500, con el que se redefinió el territorio ancestral expresado en el sistema de los 348 espacios sagrados de la Línea Negra. «En 25 años no hemos dado un paso tan significativo como el decreto, que simboliza el diálogo de los pueblos con las instituciones del Estado, dando orientación al manejo del territorio», dijo Gélver Zapata Izquierdo en una rueda de prensa virtual el pasado 15 de julio.

La declaración de Zapata Izquierdo, gobernador del Cabildo del pueblo kogui, no es una simple evocación, es el eco de una latente preocupación que hoy tienen los cuatro pueblos indígenas de la sierra: sobre el esperado Decreto 1500 —cuya implementación está hoy en veremos por parte del actual Gobierno— podría declararse la nulidad debido a una acción interpuesta por un particular, cuya demanda se encuentra hoy en la Comisión Primera del Consejo de Estado.

Desde que se conoció el contenido del decreto, varios grupos económicos y empresariales han manifestado sus «peros» sobre el alcance de la norma y lo que implica para el devenir de proyectos de desarrollo en los tres departamentos que cobija. Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales —Asocapitales— ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por «los obstáculos que representa frente a la autonomía territorial y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en las ciudades de Santa Marta, Valledupar y Riohacha».

¿Por qué defender el decreto?

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, a través del Semillero Estudios sobre Minería, se ha vinculado al grupo de organizaciones que vienen acompañando a los cabildos de la sierra en su carrera jurídica para ser visibilizados en este nuevo proceso que involucra su espacio sagrado.

Docentes y estudiantes del semillero hicieron parte de la decena de coadyuvantes, una figura jurídica de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, en este caso de los pueblos indígenas. «Lo que hicimos los miembros del semillero fue aportar argumentos por los que consideramos que el decreto es legal, se ajusta a la Constitución y que concreta y materializa la voluntad de los pueblos indígenas. El escrito busca desvirtuar, desde el punto de vista jurídico, los argumentos del demandante», explicó Diana Carolina Sánchez Zapata, coordinadora del Semillero Estudios sobre Minería y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas .

La acción de nulidad plantea que la Línea Negra se forjó sin una base normativa sólida y sin contar con una cartografía previa; señala también que el decreto careció de una consulta previa, desconoce y limita los usos que tiene el Estado sobre el subsuelo y tampoco tuvo en cuenta lo establecido en las normas de ordenamiento territorial y en el sistema de control ambiental.

La coadyuvancia formulada por el semillero contraargumentó, punto por punto, los motivos del demandante. «Explicamos, desde el punto de vista jurídico, por qué el decreto no procede de una falsa motivación como apunta el demandante; y explicamos en qué consiste la Ley de Origen de los cuatro pueblos y el documento madre, que son puntos que la demanda busca desestimar con relación al decreto», agregó Sánchez Zapata.

La abogada y magíster en Derecho dijo que, además, expusieron las competencias de las autoridades indígenas desde su propia cosmovisión y el reconocimiento del ordenamiento jurídico. Se trata de un documento extenso, cuyo propósito es defender la legalidad del decreto explicando su proceso de elaboración y sustentando por qué la tradición ancestral no debe verse afectada por la propiedad privada, que en Colombia tiene una función social y ecológica que la limitan.

Para Gélver Zapata, la nulidad del decreto no solo significaría la vulneración del territorio en términos ambientales, sino también la desaparición de la cultura de los cuatro pueblos de la sierra, y con ella el sistema de conocimientos mediante el cual los indígenas han mantenido la armonía con su entorno.

Por su parte, Ricardo Camilo Niño Izquierdo —indígena arhuaco, ecólogo, magíster en Desarrollo Rural y secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas— recalcó que Colombia se encuentra en un estado de inconstitucionalidad en materia de garantía de los derechos territoriales para sus pueblos indígenas. «Existe una deuda sistemática en el cumplimiento de la ley y en garantizar la seguridad jurídica de los territorios que han reclamado históricamente los pueblos indígenas. El Decreto 1500 de 2018 tiene una importancia fundamental, pues es la única norma que está reconociendo los derechos que tenemos sobre un territorio».

Ahora, los cuatro pueblos de la sierra —y las organizaciones que han estado al tanto de este proceso— esperan que el Consejo de Estado dé una respuesta favorable a la solicitud de participación hecha por los cabildos. El Semillero Estudios sobre Minería, por su parte, presentó junto a dicha solicitud un amicus curiae —figura de participación de terceros en un litigio— argumentando a favor de los indígenas.

«Estamos muy agradecidos con la Universidad y con todas las demás instituciones que han hecho parte de esta campaña. Su apoyo y acompañamiento nos da ánimo para continuar», dijo Jaime Enrique Arias, gobernador del Cabildo indígena kankuamo, quien hizo un llamado de atención a la humanidad entera para sumarse a defender la sierra de los poderes que la depredan y vincularse con la perpetuación de los latidos del «corazón del mundo».