Después de un proceso de autoevaluación del pregrado de derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad, que duró aproximadamente cuatro años, este programa recibió la renovación de la acreditación de alta calidad por seis años más, que otorga el Ministerio de Educación.
La acreditación es un paso posterior a la autoevaluación, y consiste en una certificación pública de la calidad del Programa que realiza el Ministerio de Educación con base en los informes de autoevaluación, de los pares que visitaron al Programa y del Consejo Nacional de Acreditación.
Este proceso, que comenzó en el 2014 con el inicio de la autoevaluación de los pregrados de Derecho y Ciencia Política de esta Facultad, es una apuesta macro en el que la autoevaluación se convirtió en una narrativa que permitió registrar el estado de las transformaciones del Programa de derecho, es decir, una memoria reflexiva para reconfigurar las experiencias pedagógicas, y por ende, en una estrategia para el aprendizaje y el cambio.
Por eso, con el fin de reivindicar su carácter académico, el proceso de autoevaluación estuvo mediado por dos enfoques uno técnico y uno político. El primero correspondiente a la construcción de los datos, a la sistematización de la información en armonía con los indicadores de calidad del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Acreditación –CNA-, y el segundo, referido a una lectura política con la que se pretendió armonizar dichos estándares con la dinámica histórica de la Facultad y del Programa, con las voces de los estamentos, y las particularidades del devenir cotidiano de la Universidad. Se trató de un proceso predominantemente participativo, que implementó permanentemente estrategias creativas para motivar la vinculación y el compromiso de los estamentos con el proceso, especialmente de los estudiantes.
Finalmente en el 2016 se hizo entrega del informe, y en junio del 2017 se contó con la presencia de los pares designados por el CNA. Ahora, se recibe la reacreditación del programa derecho por seis años.
Esta es la muestra de que que nuestros procesos académicos han estado sometidos a dispositivos de revisión que permiten plantear el cumplimiento de los objetivos en alto grado, atendiendo a las valoraciones que hizo la comunidad académica de ellos (profesores, estudiantes, egresados, directivos), pues de conformidad con estos, con los resultados obtenidos en las encuestas y grupos focales de los que dio cuenta el informe, se encontró que se trata de un currículo que favorece la integralidad, flexibilidad, interdisciplinariedad, que amplía el ámbito de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, que articula el sistema de evaluación y que posibilita que la extensión o proyección social siga siendo el baluarte del Programa. Lo anterior no significa que no deban realizarse ajustes o que no tengan que fortalecerse aspectos que suponen importantes retos a la Facultad.
Es por esto, que recibir la acreditación de alta calidad, no supone el fin del proceso, pues desde la perspectiva que se planteó, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas decidió apostarle a la creación de una cultura de la autoevaluación más allá de la acreditación, lo que significa que debe estar inserta en las prácticas cotidianas del Programa, señala Diana Carolina Sánchez, coordinadora del proceso de autoevaluación.
Lo que sí es claro, es que “este reconocimiento permite que la sociedad conozca que lo que hacemos se corresponde con los estándares trazados por las políticas nacionales en materia de educación superior, pero más allá de eso, en términos de lo que significa la autoevaluación y autorregulación del Programa, permite que nosotros mismos comprobemos nuestra situación de aprendizaje, analicemos, interpretemos y proyectemos nuestras actividades y prácticas formativas, hacia las transformaciones que sean necesarias”, continua la profesora Diana Carolina.
Este proceso ha sido “la oportunidad, primero, para que la Facultad se autoevalue y revise donde hay fortalezas, debilidades, oportunidades, y que cosas debe mantener y que cosas debe mejorar o cambiar. En segundo lugar es la oportunidad de sometemos a un escrutinio donde otros pares académicos conocedores de programas de derecho del país evalúan la calidad y consideran que efectivamente nuestro pregrado es de calidad. Por esto, lo que significa la reacreditación es que tanto internamente como externamente se nos reconoce como un programa que ofrece calidad en su formación”, resalta el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
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