Cadena perpetua en Colombia ¿justa condena o populismo punitivo?

Foto de Matthew Henry

El proyecto que busca que se castigue con cadena perpetua a asesinos y abusadores de menores ha sido aprobado en siete de los ocho debates en la Comisión Primera del Senado. Sin embargo, recientemente el presidente de la Comisión Primera, Santiago Valencia, decidió que este tema debe ser estudiado por la Comisión de Ética del Senado, luego de que Roy Barreras apelara frente al rechazo de la recusación presentada por el abogado Esteban Alexander Salazar. 

A tan sólo 1 debate de ser materializado, el proyecto empieza a aunar un gran número de detractores no sólo en el Congreso, sino también en distintas organizaciones e instituciones académicas. El primero de junio, un grupo de 19 juristas expertos participaron de una audiencia pública en la que señalaron la inconstitucionalidad de la cadena perpetua en Colombia, argumentando -entre muchas otras cosas-, que va en contra de la dignidad humana, derecho a la libertad, impedimento de resocialización, además de conllevar fallas y contradicciones en la política criminal y en el sistema penitenciario.

Si bien los abogados y docentes fueron taxativos en su rechazo a los delitos sexuales contra menores, apuntaron que es importante que sean condenados con toda la dureza de las leyes actuales que contemplan penas entre los 40 y 60 años, puesto que la cadena perpetua sería inviable debido a los cuantiosos gastos que se suman a las fallas en el sistema de justicia, la impunidad e iría en otra de los tratados internacionales que Colombia ha suscrito en materia de protección a los derechos humanos.

Algunos de los expertos invitados a esta sesión virtual coincidieron también en que no sirve de nada la aplicación de penas más largas para prevenir determinado delito, basados en el antecedente de crímenes como el homicidio, el secuestro y el narcotráfico. Es imperante la aplicación de una verdadera estrategia de prevención a nivel familiar, que es donde se concentran el 80% de los abusos a niños. 

Entre estos juristas se encontraba la profesora Diana Arias de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ella usó su intervención para manifestar que la prisión permanente no solo priva de la libertad al reo, sin que es una pena corporal que cercena las capacidades psíquicas del reo como si se tratase de una mutilación. Que la pena sea revisable es insuficiente para establecer su fin socializador. 

En el siguiente video, el experto en Derecho Penal de la Facultad, Luis Mauricio Urquijo expone los antagonismos constitucionales que implica este debate, así como asegura que desde la criminología está comprobado que lo que más disuade a los sujetos de cometer determinado delito no es la gravedad de la condena si no la efectividad de su aplicación. 

Esta no ha sido la primera - y probablemente no será la última - ocasión en la que se ha debatido la cadena perpetua para abusadores de menores. Por años, la fallecida senadora Gilma Jiménez, fue promotora de esta iniciativa que obedece a las demandas de justicia -y en ocasiones venganza- de víctimas y la opinión pública. De momento le resta un de debate y la revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional para determinar si la cadena se aprueba o no.