Preocupa el desequilibrio de poderes durante la pandemia

Ilustración: Julián Marulanda Giraldo

Por: Leonardo Álvarez Arango- Periodista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Enfrentar la pandemia en Colombia ha comprendido una oleada de decretos y disposiciones. En ello, el Poder Ejecutivo ha tomado la batuta, dejando al orden jurídico ordinario en un suspenso que genera preocupación y cuestionamientos entre los académicos.
Mientras buena parte de los colombianos están confinados por el temor a la pandemia —y buena parte de ellos cargan también con el temor a morir de hambre—, se ha hecho notoria la preocupación entre académicos y líderes de opinión por la forma en la cual el Estado ha venido garantizando los derechos de los ciudadanos.

Desde el momento que llegó la covid-19 a Colombia, el Ejecutivo tomó el poder. Lo evidencia la numerosa producción normativa: se declaró, por ejemplo, el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el país; se dictaron gran variedad de medidas de orden público, tanto nacionales como territoriales; y se expidieron, en gran volumen, decretos con fuerza de ley por el presidente Iván Duque.
Dichos decretos regularon prácticamente todos los sectores y ámbitos de la vida social, al punto que el orden jurídico ordinario ha quedado en un preocupante suspenso. Así lo aseguró Hernán Darío Vergara Mesa, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, quien también señaló que «se percibe un fuerte impacto en derechos básicos de las personas, como los de libertad de circulación, trabajo, salud, educación, libre desarrollo de la personalidad, entre otras situaciones afectadas».
Lo anterior permite cuestionar el poder que el Ejecutivo ejerce en esta pandemia y la instrumentalización del miedo como herramienta política que valida las decisiones del presidente. «Al ejecutivo se le autoriza a restringir o suspender derechos —dijo el docente—, relajar controles indispensables para el ejercicio transparente de la función pública y la administración de los recursos públicos… reducir a su mínima expresión muchas garantías que hasta hace poco considerábamos incuestionables en nuestro Estado de derecho».
Las dudas que aquejan a los académicos están orientadas al enorme poder que se le reconoce al presidente y a las demás autoridades cuando deben afrontar situaciones de crisis como la actual.
Por su parte, Julián Andrés Muñoz Tejada, docente de la misma facultad y coordinador del Grupo de Investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana, cuestionó el lenguaje —guerrerista por tradición— que se usa para manejar esta pandemia: «Es como si se estuviera tendiendo sobre nuestro futuro inmediato una nueva trampa "securitaria" conforme a la cual, de manera complaciente, renunciaremos a nuestra libertad para que el Estado nos provea seguridad frente a esta nueva amenaza».

Respecto a la dicotomía que se presenta entre la libertad individual y el interés común, la profesora constitucionalista María Cristina Gómez, comentó que, evidentemente, las sociedades están sujetas al derecho a la vida y son capaces de pasar por encima del derecho a la libertad en situaciones como las actuales, lo cual puede convertirse en «caldo de cultivo» para el autoritarismo.
Sin embargo, Gómez señaló que el miedo actual puede ser bueno desde la perspectiva del constitucionalismo liberal, si se combina con el interés social. «Cuando se piensa que lo que sentimos como miedo lo puede sentir otro igual a nosotros, lo que se quiere conjurar es la exclusión, la esclavitud y la violación de nuestros derechos. El miedo puede ser conveniente para evitar el mal».
Por ahora, habrá que esperar cuál es la dirección de los controles y de los derechos una vez los jueces examinen en detalle cada una de las medidas adoptadas. Así lo espera el profesor Vergara, quien señaló que «ese es el último bastión para entender si, en las situaciones de crisis en las que el miedo es el motor de la vida social, puede seguir siendo realista pensar en la vigencia de un modelo constitucional, como el que proclama la Carta de 1991».
Por su parte, la profesora Gómez resaltó que más allá de la tensión entre autoritarismo y constitucionalismo es necesario buscar posibles canales de comunicación, describir y atender las necesidades de los ciudadanos en este tiempo, como el derecho al acceso de mínimos vitales, la transparencia en el manejo de la información, el acceso a internet y el gozo de los avances científicos desde el interés social y no desde el interés del mercado.