Gracias a una acción de tutela
elaborada conjuntamente con miembros de la comunidad y un equipo de estudiantes
y profesores del Centro de Atención a Víctimas del Consultorio Jurídico, se
empezó a proveer desde la semana pasada agua potable mediante carrotanques en
la Vereda Granizal del Municipio de Bello.
En dicha tutela –interpuesta el
15 de mayo de 2020– se solicitó a la alcaldía de Bello y a EPM la provisión de
agua como medida indispensable para la prevención del contagio de COVID-19. El
fallo fue proferido por el Juzgado 7 Civil Municipal de Medellín, exhortó al
Municipio de Bello y a EPM a garantizar el servicio a la comunidad. Esta gran
noticia significa una mejoría a las condiciones de vida y salud de los más de
26 mil habitantes de la Vereda, de cara a la calamidad sanitaria pública que
tratamos de sortear en el mundo.
Este proceso no riñe con la
acción popular fallada el 20 de febrero por el Consejo de Estado, en la que se
ordenó al Municipio de Bello y a Empresas Públicas de Medellín ejecutar de
manera inmediata y efectiva los estudios detallados que permitan determinar la
factibilidad de ejecutar las obras de instalación de redes convencionales de
acueducto y alcantarillado y de ser viable, realizarlas.
No está de más recordar que la vereda Granizal –y más específicamente los sectores Manantiales de Paz y El Pinar- lleva más de 4 años trabajando mancomunadamente con profesores y practicantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA, en acciones legales tendientes a garantizar el derecho a la salud y la vida digna de este asentamiento que se las ha apañado para resistir sin alcantarillado ni acueducto salubres.
Esta es una solución provisional
de cara la emergencia pública, sin desconocer que este suceso inyecta de
esperanza todas las acciones adelantadas en la vereda, es importante recordar
que aún es responsabilidad del ente municipal y de la empresa proveedora
encontrar una solución estructural a la ausencia de acueducto y alcantarillado
de este asentamiento.
El profesor Jaime Agudelo, coordinador
del Programa de Atención a Víctimas, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la UdeA, asegura que seguirán en esta tarea hasta que la comunidad
cuente con una solución definitiva, que tengan acueducto y alcantarillado
permanente, como una forma de cumplir a cabalidad con el "espíritu crítico
y el compromiso social" que nos identifica como egresados, profesores y
estudiantes de la Facultad.
Ponemos a disposición de quienes
les interese la acción de tutela y los derechos de petición elevados, son para
el uso de todas las comunidades que están en condiciones similares, publicamos
igualmente el fallo, el cual impugnaremos por los derechos que aún están
pendientes de garantizar por parte del Municipio de Bello.
“A Alexandra Fernández, Angie
Paola Rodríguez, Andres Julián Henao, Jonhar David Arévalo y a todos los
estudiantes y profesores que han contribuido y apoyado en esta causa, a la
comunidad... Mil, mil y mil gracias”.
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