En 2013 se generó la Ley Estatutaria 1618 “por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” y propone una serie de medidas y acciones afirmativas que permiten a las personas con discapacidad, bajo un marco de corresponsabilidad, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. También, en 2019 se creó la Ley 1996 que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas mayores de edad con algún tipo de discapacidad.
Laura Portilla, del Centro de Atención Familiar (CAF), resaltó la importancia de este hecho, pues sienta un precedente frente al cumplimiento de la Ley en materia de inclusión para las personas con algún tipo de discapacidad. Desde el CAF, adscrito al Consultorio Jurídico Guillermo Peña Alzate de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se adelantó este proceso por primera vez, con el objetivo de avanzar hacia la protección de los derechos de las personas con discapacidad, y además, para formar a los estudiantes en materia procesal y de sensibilidad frente a esta población.
La profesora Anyela Rodríguez -quien ha estado al frente de los casos de discapacidad- viene formándose junto con 5 docentes en la lengua de señas colombiana, lo cual ha mejorado el acceso a la justicia de las personas sordas que llegan en busca de orientación jurídica. Si bien es necesario el uso de intérpretes certificados para los procedimientos legales, la asesoría que brindan los profesores a partir de lo aprendido, ayuda a transgredir la barrera de comunicación que se presenta con esta población. Se estima que solo en Medellín, existen 28.000 personas sordas, que de no tener los medios para costear los servicios de interpretación, corren el riesgo de no poder acceder a la justicia.
Para este proceso, los costos de los dos intérpretes utilizados en la audiencia fueron asumidos por algunos miembros del CAF, con el fin de grabar la audiencia y obtener el material educativo que se usará para enseñar a los estudiantes a implementar los protocolos de forma correcta y generar la sensibilidad necesaria para atender este tipo de casos. Por ahora, se seguirá brindando asesoría legal mientras se obtienen los recursos suficientes para contar con el personal certificado que traduzca en los procesos legales de las personas que poseen algún tipo de discapacidad.
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