Algunas de estas razones fueron enumeradas por la abogada Diana Patricia Giraldo durante su intervención en la Cátedra Abierta en Seguridad Social llevada a cabo el 28 de febrero en la Facultad Nacional de Salud Pública. Uno de los apuntes más relevantes hechos por la docente es que más del 60% de la población ocupada se empleó en la informalidad, lo que significa la imposibilidad de una pensión de vejez para la mayoría de los colombianos.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, para diciembre del año pasado, la población ocupada -personas que en la semana de referencia hayan trabajado 1 hora remunerada, trabajadores familiares que hayan trabajado 1 hora no remunerada y personas que no trabajaron pero se encontraban empleadas- en Colombia era de 22’287.000 personas, mientras que la población desocupada -aquellos que se encuentran en la búsqueda de empleo, los que se encuentra haciendo diligencias y los disponibles para trabajar- eran aproximadamente 2’600.000. La población inactiva, es decir, las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia no participan en la producción de bienes y servicios o no están interesadas en tener actividad remunerada.
De la población ocupada en Colombia, el 41,4% (9’224.000) son mujeres y el 58,6% restante (13’063.000) son hombres, cifras que evidencian que el género sigue siendo un factor que incide en el empleo formal e informal; el 35.6% son personas que terminaron la educación media, 29.7% la educación básica primaria y secundaria, 14,2% no completó ningún nivel escolar y el 20.5% restante se reparte entre los profesionales, los técnicos y los tecnólogos.
Otros datos relevantes de la situación ocupacional en Colombia son, por ejemplo, que sólo el 38,4% de la población ocupada lleva estándolo más 5 años, que la rama de actividad económica que más ocupa a la población es el comercio, hoteles y restaurantes, con un 27% de los colombianos ocupados, y que las posiciones ocupacionales más destacadas son por mucho el empleado particular (8’880.000) y el trabajador por cuenta propia (9’450.000).
Luego de ver estas cifras que la profesora Diana Patricia recogió para su presentación, uno podría concluir que el desempleo -ocasionado por la debilidad estructural de la economía colombiana y de las instituciones- empuja a los colombianos a engrosar las estadísticas del empleo informal, para garantizar su supervivencia. El empleo informal tiene consecuencias como la perpetuación de la pobreza y la exclusión social y la imposibilidad de acceder a los beneficios del Sistema General de Seguridad Social Integral.
La profesora Ana Lucía Castro Areiza opina que la propuesta hecha en su momento por la, ahora Ministra del Interior, Alicia Arango, la contratación por días y por horas, no sólo no es novedosa –puesto que en Colombia ya se ocupa laboralmente a personas con esta modalidad de horarios- restará derechos obtenidos por los trabajadores y acarreará problemas en materia de pensión pues permitiría una contribución extremadamente fragmentada al sistema pensional, asunto que perjudica especialmente a los jóvenes (18-28 años).
Reformar de esta manera el trabajo requiere que las consideraciones atinentes a temas como las afiliaciones de ARL sean tenidas en cuenta por los Ministerios de Salud y del Trabajo, sin embargo el tema pensional no está a cargo de ninguna cartera. Esta propuesta es polémica entre otras cosas, por la fundamentalidad del derecho a la salud que puede estar siendo vulnerado por algunos elementos de esta propuesta. De igual forma, la docente considera que esta reforma esta direccionada hacia el beneficio de los empleadores y hacia el detrimento de la seguridad económica de un buen porcentaje de los colombianos.
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