“Es el drama de nuestra historia –la de todos– hilada con sangre, metida en nuestras raíces.
Para contarla no se necesitan los instrumentos teóricos, ni metodológicos ni lógicos. Más bien,
es urgente oírla con oído limpio, sin prejuicios, sin filtros, sin calificativos”.
Alfredo Molano Bravo
Con este epígrafe que reivindica el valor de las historias de vida en la construcción de memoria sobre el conflicto armado y la resiliencia, la investigadora Leidy Jhoana Dávila Cano sienta las bases para la lectura de los relatos de cuatro colombianos que han sobrellevado y desafiado diversas formas de violencia pero que en la actualidad construyen y son gestores del cambio social en la vereda Granizal del municipio de Bello, Antioquia. Dichos relatos hacen parte de la investigación de trabajo de grado de Leidy para la Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA y se titula Presencias, ausencias y condiciones de posibilidad del Derecho para el cambio social. Historias de vida en la vereda Granizal del municipio de Bello desarrollada en la línea de investigación Derechos Humanos y Conflictos, adscrita al grupo de investigación Derecho y Sociedad.
En este trabajo se revisó la presencia, ausencia y condiciones de posibilidad que tiene el derecho para el cambio social, a partir de cuatro historias de vida de habitantes de la vereda Granizal del municipio de Bello, Antioquia. “El cual estuvo dirigido, no solo a enriquecer el anticuario jurídico de la academia, sino también a exaltar y motivar las voces de los oprimidos que tienen que valerse de su esperanza por la vida, para adap tarse a las ineficacias de un Derecho Estatal reproductor de contradicciones, desigualdades e injusticias para la mayor parte del pueblo colombiano”, dice Leidy, quien estableció con los líderes sociales de esta vereda, una conexión vivencial desde su trabajo en el Consultorio Jurídico “Guillermo Peña Alzate” en el Centro de Atención a Víctimas en el acompañamiento de la clínica jurídica para la garantía de su derecho fundamental al
agua potable.
Esta y otras experiencias previas al planteamiento de su investigación, llevaron a Leidy a asumir la importancia que tiene el Derecho para el cambio social, con la búsqueda del conocimiento más allá de las aulas, con la esperanza del que ella llama “un sueño infantil” de cambiar el mundo. Por eso uno de sus enfoques fundamentales fue el de las condiciones de posibilidad del Derecho para el cambio social.
De esta manera la investigadora establece la pertinencia de “abordar el ejercicio investigativo en Derecho desde una perspectiva más humana y horizontal, donde sea posible el trabajo y reconocimiento de saberes, al lado de las comunidades vulnerables, como son las afectadas por el conflicto armado interno colombiano”.
Los habitantes de esta vereda, contextualiza Leidy en su informe de investigación, “son en su mayoría víctimas del conflicto armado, que han vivido múltiples problemáticas como comunidad, entre las que se destacan: la falta de vías de acceso, viviendas dignas, servicios públicos domiciliarios, puestos de salud, equipamientos culturales, ofertas educativas y laborales, entre muchas otras”.
Son estos, entonces, los resúmenes de los relatos de vida de cuatro personas habitantes de la vereda Granizal de Bello que comparten el dolor de contextos atravesados por el conflicto armado colombiano, pero sobre todo les es común el compromiso con el cambio social y la construcción de nuevas perspectivas vitales:
Antonio Roberto Murillo Murillo, quien trabajó en las bananeras de Urabá hasta que la edad y la violencia le permitieron. Sin empleo y en una ciudad ajena, decidió seguirle el paso a su esposa hacia “La invasión” de la vereda Granizal. Luego de 8 años reconstruyendo sus vidas en la vereda, la potestad punitiva del Estado lo enfermó y por momentos le arrebata la fuerza con la que siempre ha luchado en la vida.
Blanca Irma Zapata, que en su condición de madre cabeza de familia, ha tenido que trabajar desde la adolescencia para dar el sustento a su núcleo familiar, enfrentando toda clase de
violencias territoriales, laborales y sociales que no han logrado derrotarla y continúa construyendo sus sueños de mejorar las condiciones de vida con la comunidad que la acogió en la vereda Granizal.
Blanca Ruth Múnera Manco, a quien la violencia en Urabá le arrebató dos esposos, los paramilitares le reclutaron uno de sus seis hijos siendo menor de edad y murió en combate, y a sus 57 años sigue itinerante entre el Urabá y la capital antioqueña porque “los problemas nunca faltan”.
Lizardo Correa, ex sindicalista y militante de la Unión Patriótica, que llegó a Medellín en el año 1996, desplazado por el recrudecimiento de la violencia en Urabá, que generó el exterminio de su fuerza política y que casi acaba con su vida.
Las ideas generales sobre las presencias, ausencias y condiciones de posibilidad del Derecho, suscitadas a raíz de estas historias de vida, “nos permiten entrever una cultura jurídica marcada por la ineficacia del Derecho Estatal para cumplir sus cometidos, el cual al estar ausente o con presencias violentas y tardías va posibilitando que emerjan multiplicidad de órdenes normativos paralelos, en medio de las necesidades apremiantes de las comunidades excluidas y los enfrentamientos de los diferentes actores del conflicto armado que agudizan la polarización de diversos sectores de la sociedad colombiana”, resalta Leidy como uno de los resultados de esta investigación.
Además, como es visible en los resúmenes de estos relatos de vida, dichas narrativas pertenecen a una expresión clara de las realidades sociales de millones de colombianos que “se encuentran en los márgenes de la racionalidad del Derecho como lenguaje propio del Estado Nación moderno”. Lo cual además evidencia, según la investigadora “una conciencia jurídica creativa, llena de sueños de cambios en las realidades sociales de millones de colombianos, de cara a un Estado que se
presenta publicitariamente como incluyente y garante de Derechos, pero que oculta intencionalidades políticas y económicas soterradas en normas jurídicas”.
Por esto, el llamado de la investigadora es a que el Derecho no se desentienda de las realidades sociales del país y que, en consonancia con ello, el Estado colombiano deba realizar múltiples cambios en lo político, lo económico y lo jurídico, si quiere contrarrestar la prevalencia de otros órdenes normativos en diferentes territorios.
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